Un gran operativo de la Policía Nacional y Municipal ha puesto fin a la acampada por el derecho a la vivienda que ocupaba el corazón de Madrid desde el 26 de septiembre. Los manifestantes denuncian golpes, heridos y uso de gas pimienta; la Delegación del Gobierno asegura que la intervención se desarrolló sin incidentes graves. La actuación llega ocho días antes de la huelga general del 11 de noviembre y reabre el debate sobre el derecho a la protesta y la situación de las personas sin hogar.
Madrid, martes 3 de noviembre de 2026. La Puerta del Sol ha amanecido sin la acampada que durante más de cinco semanas había convertido el kilómetro cero de España en uno de los principales escenarios de protesta por el derecho a la vivienda.
Unos 400 agentes, 334 personas desalojadas y dos detenidos. Ese es el balance inicial de una operación policial que comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando buena parte de los ocupantes dormía en las tiendas instaladas en la plaza.
El dispositivo ha contado con 220 policías nacionales y 180 agentes municipales, además de efectivos de bomberos, servicios sociales y equipos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid.
La intervención presenta dos relatos enfrentados.
Por un lado, la Delegación del Gobierno sostiene que se ha desarrollado de forma progresiva, sin incidentes importantes, y que era necesaria para recuperar el uso ordinario del espacio público.
Por otro, los integrantes del Movimiento 26S denuncian una actuación policial violenta, con golpes, utilización de gas pimienta y varias personas heridas. Estas acusaciones han sido difundidas por los organizadores, pero el alcance de las lesiones y las circunstancias concretas de los presuntos abusos no han quedado acreditados de manera independiente en la información disponible.
Lo que sí está confirmado es que la acampada ha sido desmantelada y que las tiendas y estructuras instaladas durante semanas han comenzado a desaparecer de la plaza.
La protesta había nacido después del desahucio de una mujer de 87 años que falleció días después. Ahora termina con una intervención policial y con el problema de la vivienda que la originó todavía sin resolver.
UNA OPERACIÓN A LAS TRES DE LA MAÑANA, CUANDO LA MAYORÍA DORMÍA
La intervención comenzó alrededor de las 3.00 horas de este martes, 3 de noviembre. Algunas informaciones sitúan la llegada de los primeros efectivos poco antes de esa hora y las primeras actuaciones visibles sobre las cuatro de la madrugada.
Los agentes accedieron a la acampada para proceder a su desalojo y permitir posteriormente la retirada de las estructuras que ocupaban la plaza.
La operación contó con unidades de intervención policial, efectivos municipales y equipos de apoyo. Las imágenes difundidas durante la madrugada muestran a agentes escoltando a distintos ocupantes hacia el exterior de la acampada.
En total fueron desalojadas 334 personas y se practicaron dos detenciones por presuntos delitos relacionados con la desobediencia y la resistencia a la autoridad. Algunas informaciones policiales iniciales describieron una de las detenciones como un presunto atentado contra agentes, por lo que la calificación definitiva deberá comprobarse en las actuaciones correspondientes.
Después del dispositivo, los servicios municipales iniciaron la retirada de lonas, tiendas, mobiliario y otros elementos acumulados durante más de un mes.
Las pertenencias recuperables se trasladarán a depósitos municipales para que sus propietarios puedan reclamarlas.
Durante la mañana, los accesos peatonales a buena parte de la plaza permanecían restringidos mientras trabajaban los operarios de limpieza.
La Puerta del Sol, escenario de una de las protestas sociales más visibles del otoño, volvía progresivamente a su configuración habitual.
¿POR QUÉ SE HA DESALOJADO PRECISAMENTE AHORA?
La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida actualmente por Pilar Trinidad, defiende que la actuación fue el último recurso de un proceso iniciado días atrás.
Según su explicación, la protesta había experimentado una transformación significativa.
La acampada comenzó como una movilización colectiva por el derecho a la vivienda, pero las principales organizaciones participantes habían anunciado durante el fin de semana la disolución de sus comisiones y el traslado de la actividad reivindicativa a los barrios.
Además, la Delegación sostiene que una parte importante de las personas que continuaban pernoctando en Sol eran personas sin hogar o pertenecientes a colectivos vulnerables.
A esa circunstancia añade la existencia de presuntos hechos delictivos e incidentes en el interior o en las inmediaciones de la acampada, comunicados por la Jefatura Superior de Policía.
El Gobierno argumenta que la permanencia del campamento había dejado de responder principalmente a la finalidad reivindicativa que justificó su instalación y que existían riesgos para personas y bienes.
La Delegación asegura que antes de intervenir se remitieron dos requerimientos a los acampados para que abandonasen voluntariamente el espacio.
El primero fue cursado durante la etapa del anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el segundo bajo la dirección de Pilar Trinidad.
Según la institución, la intervención se realizó después de intentar una solución gradual y con el propósito de garantizar los derechos fundamentales y recuperar el uso ordinario de la plaza.
Esta es la justificación oficial del desalojo, no una conclusión judicial sobre la legalidad de todas las actuaciones realizadas.
LOS ACAMPADOS DENUNCIAN GOLPES, HERIDOS Y GAS PIMIENTA
La versión ofrecida por el Movimiento 26S es radicalmente diferente.
Desde sus redes sociales, los participantes han denunciado una intervención policial violenta durante la madrugada.
Sus responsables aseguran que varios manifestantes resultaron heridos por golpes y por el presunto uso de gas pimienta.
También denuncian que algunos de los ocupantes no pudieron recoger sus pertenencias antes de abandonar la plaza.
Las acusaciones son graves, pero requieren una comprobación independiente.
Hasta el momento no se ha difundido un balance sanitario oficial que confirme el número de personas heridas, la naturaleza de sus lesiones o su relación con las actuaciones denunciadas.
Tampoco se dispone de una confirmación independiente sobre el uso de gas pimienta en el operativo.
La Delegación del Gobierno insiste en que la intervención se desarrolló sin violencia y sin incidentes graves, aparte de las detenciones.
Las imágenes difundidas públicamente permiten constatar la presencia de antidisturbios y el traslado de ocupantes fuera del campamento, pero no bastan por sí solas para determinar todas las circunstancias de las denuncias.
La existencia de dos relatos contradictorios exige esclarecer lo sucedido con testimonios, grabaciones completas y, en su caso, partes médicos y actuaciones judiciales.
EL ORIGEN DE LA PROTESTA: EL DESAHUCIO DE MARICARMEN, UNA MUJER DE 87 AÑOS
La historia de la acampada comenzó el 26 de septiembre, después de un episodio que provocó una profunda conmoción social.
Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, había sido desahuciada de la vivienda en la que llevaba aproximadamente siete décadas residiendo como inquilina.
La mujer falleció días después en el Hospital Gregorio Marañón.
Su caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad residencial de quienes pierden su hogar, especialmente cuando se trata de personas mayores con una larga vinculación a su vivienda.
Conviene distinguir los hechos: el desahucio y el fallecimiento posterior están documentados, pero no puede establecerse una relación médica causal entre ambos acontecimientos sin pruebas clínicas que la acrediten.
La reacción social dio origen a la Acampada 26S.
Durante las semanas siguientes, la Puerta del Sol se llenó de tiendas de campaña, pancartas, espacios de reunión y estructuras improvisadas.
La protesta reclamaba soluciones al encarecimiento de la vivienda, a los desahucios y a las dificultades para acceder a un alquiler asumible.
Su presencia en una de las plazas más emblemáticas de España convirtió la crisis habitacional en una cuestión visible para miles de ciudadanos y turistas.
La acampada nació de un caso concreto, pero sus reivindicaciones se extendieron a un problema mucho más amplio: la dificultad de acceder y permanecer en una vivienda.
DE UNA PROTESTA MULTITUDINARIA A UN CAMPAMENTO CON PERSONAS SIN HOGAR
Durante sus primeras semanas, la acampada reunió a colectivos sociales, activistas por el derecho a la vivienda y ciudadanos que se sumaron a las reivindicaciones.
Sin embargo, la situación fue cambiando.
En los últimos días, varias de las comisiones organizadoras anunciaron que daban por concluida la estructura centralizada de la protesta.
Su intención era trasladar la actividad a los barrios y preparar las siguientes movilizaciones.
Según las informaciones publicadas, cerca de 600 personas habían abandonado voluntariamente el campamento desde el viernes anterior al desalojo.
Al mismo tiempo, un grupo de aproximadamente medio centenar de personas sin hogar decidió constituirse en asociación y mantener su presencia en la plaza.
Las organizaciones que habían dirigido la movilización aclararon que las decisiones posteriores de este colectivo responderían a su propia voluntad.
Esta separación resulta importante para entender el desenlace.
La acampada había dejado de funcionar como una única organización. Algunas personas querían trasladar la protesta a otros espacios, mientras otras deseaban seguir ocupando Sol.
El operativo policial terminó afectando también a personas que no disponían de una alternativa habitacional estable.
La cuestión pendiente es conocer qué atención social recibió cada una de ellas y cuántas aceptaron o necesitaron recursos de alojamiento.
La participación de servicios sociales en el dispositivo está confirmada, pero no se ha facilitado un balance completo de realojamientos efectivos.
UNA INTERVENCIÓN A OCHO DÍAS DE LA HUELGA GENERAL
El calendario añade otra dimensión al desalojo.
La intervención se ha producido exactamente ocho días antes de la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre.
Parte de las organizaciones que participaron en la acampada habían anunciado su intención de concentrar esfuerzos en esa movilización, que incluye reivindicaciones vinculadas al salario, la vivienda y el coste de la vida.
Los últimos ocupantes habían expresado su intención de permanecer en la plaza hasta esa fecha.
La Policía ha puesto fin a esa presencia física antes de que llegase la jornada de huelga.
No hay elementos suficientes para afirmar que el objetivo del operativo fuera impedir la movilización del 11-N. La Delegación del Gobierno lo justifica por la evolución del asentamiento y por motivos de seguridad y orden público.
Pero la coincidencia temporal es políticamente relevante.
El movimiento pierde su campamento más visible en el centro de Madrid justo cuando parte de sus participantes se preparaba para una nueva jornada de protesta.
La evolución de las movilizaciones durante los próximos días permitirá comprobar si el desalojo supone el final de esta iniciativa o simplemente su transformación en otras formas de organización.
COMERCIANTES Y VECINOS: LA OTRA CARA DE CINCO SEMANAS DE OCUPACIÓN
La permanencia de la acampada también había provocado conflictos en el entorno comercial y urbano de Sol.
Representantes del comercio denunciaron durante semanas perjuicios económicos derivados de la ocupación prolongada de la plaza.
Las estimaciones difundidas por organizaciones comerciales llegaron a situar las pérdidas en unos 30 millones de euros.
Esa cantidad es una estimación empresarial, no un balance económico oficialmente auditado, y no permite por sí sola atribuir todo el descenso de actividad a la protesta.
Los comerciantes reclamaban recuperar la normalidad de uno de los espacios con mayor actividad peatonal y turística de Madrid.
Frente a estas quejas, los participantes defendían que mantener la protesta en un lugar de máxima visibilidad era precisamente una forma de llamar la atención sobre la gravedad del problema de la vivienda.
La convivencia entre ambos intereses se había convertido en uno de los principales puntos de fricción.
La retirada del campamento permitirá recuperar el uso habitual de la plaza, pero no elimina las diferencias sobre los límites y condiciones de las protestas prolongadas en el espacio público.
¿DÓNDE ESTÁN AHORA LAS 334 PERSONAS DESALOJADAS?
Esta es una de las preguntas más importantes que deja la intervención.
La cifra policial identifica a las personas que permanecían en la acampada cuando se realizó el desalojo, pero no aclara qué ocurrió después con cada una de ellas.
Algunos participantes disponían de domicilios propios y habían acudido a Sol por motivos reivindicativos.
Otros se encontraban en situación de sinhogarismo o vulnerabilidad residencial.
Desalojar un campamento y resolver la situación habitacional de sus ocupantes son dos cosas completamente distintas.
El Ayuntamiento movilizó recursos de servicios sociales, pero todavía es necesario conocer cuántas personas fueron atendidas, cuántas recibieron una propuesta de alojamiento, cuántas la aceptaron y qué sucedió con quienes permanecían en la calle.
También deberá aclararse el procedimiento para recuperar las pertenencias trasladadas a los depósitos municipales.
La respuesta a estas preguntas permitirá valorar no solo el desarrollo policial del dispositivo, sino también sus consecuencias sociales.
LA PUERTA DEL SOL VUELVE A QUEDAR DESPEJADA, PERO EL CONFLICTO CONTINÚA
Las imágenes de esta mañana muestran una plaza sometida a una operación de limpieza y retirada de materiales.
Camiones, maquinaria y operarios municipales han sustituido a las tiendas de campaña, las lonas y los espacios de reunión que durante semanas formaron parte del paisaje del centro de Madrid.
La acampada del 26-S ha terminado.
Pero las cuestiones que la originaron siguen abiertas.
Los desahucios, las dificultades de acceso al alquiler, la escasez de vivienda asequible y la situación de las personas sin hogar continúan formando parte del debate social y político.
La Delegación del Gobierno defiende la actuación como una medida necesaria y proporcionada para recuperar la normalidad.
Los participantes denuncian que la operación ha vulnerado sus derechos y reclaman explicaciones sobre el uso de la fuerza.
Ambas cuestiones deberán examinarse por separado: la justificación jurídica del desalojo y la legalidad de los medios empleados para ejecutarlo.
Mientras tanto, la desaparición de la acampada no ofrece una respuesta inmediata a las necesidades de vivienda que impulsaron la protesta.
DE MADRID A ASTURIAS: UNA CRISIS QUE NO SE LIMITA A LA CAPITAL
Aunque el desalojo se ha producido en Madrid, la cuestión de fondo también afecta a Asturias.
En Gijón, las casi 7.000 solicitudes comunicadas para una promoción de apenas 250 viviendas asequibles ilustran la enorme demanda que despierta el acceso a alquileres con precios limitados.
No significa que todas esas solicitudes sean válidas ni que correspondan a hogares distintos, pero sí refleja la presión existente sobre una oferta limitada.
En Oviedo, Gijón y Avilés, el acceso a una vivienda asequible preocupa especialmente a jóvenes, trabajadores con ingresos modestos y familias que buscan estabilidad residencial.
Por eso, el conflicto de Sol no es únicamente una noticia sobre una intervención policial en Madrid.
También forma parte de una discusión que afecta a toda España: cómo garantizar el acceso a la vivienda y cómo responder a las protestas que surgen cuando una parte de la población considera que las soluciones son insuficientes.
UNA PLAZA VACÍA Y UNA PREGUNTA QUE PERMANECE
El Gobierno ha recuperado el control ordinario de la Puerta del Sol.
Los agentes han concluido la operación de desalojo, dos personas han sido detenidas y centenares de ocupantes han abandonado el campamento.
La protesta organizada en ese espacio ha llegado a su fin.
Sin embargo, la intervención deja abiertos varios asuntos de enorme importancia: las denuncias de violencia policial, la atención prestada a las personas más vulnerables, las garantías del derecho de reunión y la continuidad del movimiento por la vivienda.
La Policía ha retirado las tiendas de campaña. Lo que todavía no ha desaparecido es el problema que llevó a cientos de personas a instalarlas.
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