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Gijón, la ciudad de las 7.000 solicitudes para 250 pisos: la vivienda pública solo alcanza para una de cada 28 candidaturas

Gijón, la ciudad de las 7.000 solicitudes para 250 pisos: la vivienda pública solo alcanza para una de cada 28 candidaturasSociedad
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La promoción de alquiler asequible de Peritos se acerca a su adjudicación con una demanda que desborda su capacidad. Miles de aspirantes podrían quedarse fuera de un proyecto pensado para facilitar la emancipación de los jóvenes. Las obras acumulan retrasos, los pisos no estarán disponibles hasta finales de año y la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué solución tendrán quienes no consigan una vivienda?

3 de noviembre de 2026. Hay cifras que explican una crisis mejor que cualquier discurso. Gijón acaba de proporcionar una de ellas: casi 7.000 solicitudes para acceder a solamente 250 viviendas de alquiler asequible.

Por cada piso disponible en la antigua Escuela de Peritos hay cerca de 28 candidaturas registradas. Dicho de otra manera: si todas las solicitudes correspondieran a hogares diferentes, cumplieran los requisitos y optaran en igualdad de condiciones a las 250 viviendas, más del 96% se quedaría sin piso.

Esta última cifra es una estimación matemática, no el resultado oficial de la adjudicación. Todavía no se ha publicado un desglose contrastado que permita determinar cuántas solicitudes son válidas, cuántas corresponden a unidades de convivencia distintas o cuántos aspirantes cumplen todas las condiciones exigidas.

Pero la magnitud de la demanda ya resulta extraordinaria.

La gran noticia no es solamente que Gijón vaya a incorporar 250 viviendas asequibles. Es que miles de solicitudes compiten por ellas y la oferta disponible apenas alcanza para cubrir una pequeña parte de esa demanda potencial.

El problema supera los límites de una promoción inmobiliaria. Habla de jóvenes que trabajan y no consiguen independizarse, de parejas que aplazan sus proyectos familiares, de personas que continúan compartiendo vivienda porque no pueden pagar un alquiler completo y de una ciudad en la que encontrar un hogar a un precio asumible se ha convertido en una preocupación creciente.

De 2.500 solicitudes en marzo a casi 7.000 en noviembre

La evolución de la demanda ayuda a comprender la dimensión del fenómeno.

El pasado 27 de marzo, cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, visitaron las obras, se hablaba de aproximadamente 2.500 solicitantes.

A comienzos de julio ya se habían comunicado más de 5.000.

Y este lunes, 2 de noviembre, se conoció que las peticiones rozan las 7.000.

En poco más de siete meses, la cifra publicada ha aumentado en torno a 4.500 solicitudes, casi un 180%.

La comparación refleja el creciente interés por Peritos, aunque deberá verificarse que los recuentos de los distintos momentos utilizan exactamente el mismo criterio.

Lo llamativo es que la oferta no ha cambiado.

En marzo había 250 viviendas. En noviembre siguen siendo 250.

Mientras aumenta el número de personas interesadas, la capacidad de esta promoción permanece inalterada.

La consecuencia es una enorme competencia por cada inmueble, especialmente entre los menores de 35 años, a quienes se dirige prioritariamente la iniciativa.

Un piso asequible por cada 28 solicitudes: la dimensión de la brecha

La comparación permite visualizar el desfase entre oferta y demanda.

Solicitudes comunicadas

≈7.000

Viviendas disponibles

250

Representación proporcional

Si fueran 7.000 candidaturas válidas

 
 

3,6% con plaza

96,4% sin plaza

Simulación ilustrativa con 7.000 solicitudes: 250 adjudicaciones y 6.750 candidaturas sin vivienda. No representa el resultado definitivo ni acredita 7.000 hogares diferentes.

En ese escenario hipotético, 6.750 candidaturas quedarían fuera de la promoción.

Ahora bien, hay un matiz periodístico fundamental: no se puede afirmar que Gijón tenga exactamente 6.750 familias esperando esta promoción sin comprobar la validez y composición del registro.

También hay que distinguir entre las personas que se han interesado por las viviendas, quienes han presentado una solicitud formal completa y las unidades de convivencia que finalmente reunirán los requisitos de acceso.

Es una información que la administración y la entidad gestora deberían aclarar antes de la adjudicación.

Porque conocer el número de solicitudes es importante, pero conocer cuántos hogares necesitan realmente una vivienda y cumplen las condiciones para recibirla es todavía más relevante.

Los alquileres de Peritos: cuánto costará realmente vivir allí

Una de las razones del enorme interés que ha despertado la promoción es el precio.

El proyecto establece un alquiler máximo de 8,50 euros por metro cuadrado, una cifra que permite calcular aproximadamente cuánto costarían los diferentes tipos de viviendas.

La promoción incluye pisos de tres tamaños principales:

  • 144 viviendas de unos 46,38 metros cuadrados: alquiler máximo de referencia de 394,23 euros mensuales.

  • 100 viviendas de unos 57,07 metros cuadrados: alquiler máximo de referencia de 485,10 euros mensuales.

  • 6 viviendas de unos 75,54 metros cuadrados: alquiler máximo de referencia de 642,09 euros mensuales.

Son importes calculados a partir del límite anunciado por metro cuadrado. No equivalen necesariamente al recibo definitivo de cada vivienda, ya que deberán comprobarse las superficies computables y las condiciones contractuales, incluidos los posibles gastos adicionales.

Para una persona joven que perciba un salario de 1.200 euros netos, un alquiler de 394 euros supondría aproximadamente un tercio de sus ingresos mensuales, antes de pagar suministros, alimentación, transporte y demás necesidades.

Y ahí reside una de las paradojas de esta promoción.

Los pisos se consideran asequibles porque tienen precios limitados respecto al mercado, pero incluso esas rentas pueden representar un esfuerzo importante para quienes cobran salarios bajos.

El alquiler asequible no es necesariamente un alquiler social. Y tampoco significa que todas las personas que necesitan vivienda puedan pagarlo.

De estar listos en verano a esperar hasta Navidad

El calendario constituye otro de los puntos controvertidos.

En marzo de 2026, durante una visita institucional a las obras, el Gobierno asturiano anunció que las viviendas estarían disponibles a lo largo del verano.

Sin embargo, llegó septiembre sin que los pisos estuvieran adjudicados y el plazo fue desplazándose.

El 1 de octubre, Ovidio Zapico aseguró que la construcción estaba muy avanzada y que los trabajos afrontaban su fase final.

La previsión actual sitúa la adjudicación hacia finales de 2026, varios meses después del calendario inicialmente anunciado.

La evolución física de la obra confirma que el complejo se encuentra en una fase avanzada, pero todavía no completamente terminado.

El pasado 23 de octubre se retiró una de las tres grúas utilizadas durante la construcción. La operación obligó a cortar temporalmente un tramo de la calle Manuel Llaneza, en su encuentro con la avenida de la Constitución.

Permanecen otras dos grúas en la parcela y continúan los remates del conjunto residencial.

Además, sigue pendiente la ejecución de la plaza peatonal prevista en el proyecto.

La retirada de maquinaria y el avance de las obras no significan por sí mismos que las viviendas puedan ocuparse inmediatamente.

Antes de la entrada de los inquilinos deberán completarse los trámites de puesta en servicio, la selección de arrendatarios y la formalización de los contratos.

Y para quienes llevan meses pendientes de una respuesta, la diferencia entre una vivienda terminada y una vivienda efectivamente disponible es decisiva.

¿Quién tiene derecho a uno de estos pisos?

El Principado aprobó en agosto un marco jurídico específico para la gestión y adjudicación de las viviendas de Peritos y de otra promoción semejante en Lugones.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 19 de agosto, establece una cuestión importante: estas viviendas son alojamientos dotacionales de alquiler asequible, no viviendas de protección oficial en sentido jurídico estricto.

Se construyen sobre suelo público autonómico y deben destinarse al arrendamiento como residencia habitual y permanente.

La promoción está orientada especialmente a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, pero la selección efectiva tiene que respetar las condiciones recogidas en los pliegos, la financiación pública y el procedimiento de adjudicación.

La normativa exige publicidad suficiente, igualdad de trato, criterios objetivos, comprobación de requisitos y documentación de las decisiones.

No basta con haberse apuntado: los aspirantes tendrán que acreditar que cumplen las condiciones exigidas.

También es importante evitar otra confusión: no se puede asegurar que los 250 pisos se distribuyan mediante un sorteo puro entre las casi 7.000 solicitudes.

La documentación oficial consultada exige un procedimiento objetivo y transparente, pero no permite confirmar que todas las candidaturas registradas vayan a entrar en un único sorteo con las mismas posibilidades.

Por tanto, deberán aclararse públicamente los requisitos económicos y personales definitivos, las prioridades aplicables, el procedimiento de selección y el sistema previsto para resolver posibles empates.

Una particularidad que pocos conocen: los pisos no los adjudica directamente el Principado

La fórmula elegida para construir y explotar Peritos presenta características singulares.

El suelo pertenece al Principado de Asturias, pero la actuación se desarrolla mediante un derecho de superficie concedido durante 75 años a la empresa Real Estate Adi, S. L.

La promoción se financia parcialmente con recursos públicos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La entidad titular del derecho de superficie es la encargada de formalizar los contratos de alquiler con los adjudicatarios.

El Principado supervisa y controla el cumplimiento de las condiciones, pero no figura como arrendador de los pisos.

La administración debe visar previamente los contratos para comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso y las limitaciones de renta.

Además, las viviendas no pueden venderse individualmente y, al finalizar el derecho de superficie, las edificaciones revertirán al patrimonio autonómico conforme a las condiciones establecidas.

Este modelo permite incorporar viviendas asequibles mediante colaboración público-privada.

La contrapartida es que la transparencia en la selección de los inquilinos y el control del precio de los alquileres adquieren una importancia fundamental.

Con miles de aspirantes compitiendo por 250 pisos, el procedimiento tiene que resultar especialmente claro y verificable.

El otro gran interrogante: ¿qué pasará con quienes se queden fuera?

Esta es la pregunta socialmente más importante de todo el proyecto.

Las 250 viviendas representan una ampliación concreta de la oferta de alquiler asequible en Gijón.

Pero si la demanda finalmente acreditada se aproxima a las cifras difundidas, la inmensa mayoría de los candidatos no podrá acceder a esta promoción.

¿Qué alternativa se les ofrecerá?

No existe constancia de que presentar una solicitud para Peritos garantice automáticamente la incorporación a otra promoción pública o la concesión de una ayuda al alquiler.

Tampoco puede darse por hecho que los aspirantes no seleccionados pasen a una lista única de espera válida para cualquier vivienda disponible en Asturias.

Son cuestiones que deberán concretarse con la entidad gestora y con la Consejería de Vivienda.

Mientras tanto, existen otras vías institucionales que conviene conocer.

Las alternativas reales: ayudas municipales, Bono Alquiler Joven y vivienda pública

Primera alternativa: las ayudas municipales al alquiler de Gijón.

El Ayuntamiento, a través de su Empresa Municipal de la Vivienda, EMVISA, dispone de programas de apoyo al pago del alquiler destinados a personas y unidades de convivencia que cumplen determinadas condiciones económicas y sociales.

Entre los colectivos contemplados se encuentran jóvenes, familias con menores, personas con discapacidad y hogares en situación de vulnerabilidad.

Estas ayudas pueden aliviar parte del coste mensual de una vivienda alquilada en el mercado, pero están sujetas a requisitos y no garantizan que el solicitante encuentre un piso disponible.

Segunda alternativa: el Bono Alquiler Joven del Principado.

Este programa contempla ayudas de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para jóvenes que cumplan las condiciones de la convocatoria correspondiente.

En septiembre, el Gobierno asturiano comunicó que había concedido más de tres millones de euros a 778 jóvenes mediante las primeras resoluciones de la convocatoria de 2026.

Es un recurso relevante, aunque su obtención depende de los requisitos exigidos, de la disponibilidad presupuestaria y de la situación administrativa de cada solicitud.

Tercera alternativa: las promociones y adjudicaciones del parque autonómico de vivienda.

La empresa pública Vipasa gestiona viviendas de titularidad autonómica, principalmente destinadas a atender necesidades habitacionales conforme a los distintos programas de acceso.

A comienzos de octubre, el Principado informó de 305 viviendas pendientes de adjudicación en Asturias, de las que 259 correspondían a alquiler social y 46 a alquiler asequible.

Es una cifra autonómica, no una oferta de 305 pisos disponibles en Gijón ni una reserva para quienes queden fuera de Peritos.

Cuarta alternativa: futuras promociones.

El Gobierno asturiano mantiene conversaciones y propuestas para ampliar el suelo destinado a vivienda pública en Gijón.

El consejero Ovidio Zapico ha defendido incluso la posibilidad excepcional de adquirir suelo público municipal para levantar nuevas promociones.

Pero a fecha de hoy no se puede presentar esa intención como una oferta inmediata de viviendas terminadas.

Un proyecto futuro no resuelve el problema de una persona que necesita alquilar ahora.

El problema que Peritos deja al descubierto: construir viviendas no basta si la demanda crece mucho más deprisa

La promoción de la antigua Escuela de Peritos representa una inversión y un incremento real de la oferta de alquiler asequible.

Negar esa realidad sería injusto.

Pero tampoco puede ignorarse lo que revela el número de solicitudes.

Una ciudad en la que miles de candidaturas se concentran en una sola promoción de 250 pisos tiene un problema de acceso a la vivienda que desborda ampliamente esa actuación concreta.

Los jóvenes gijoneses afrontan dificultades que se alimentan entre sí.

Los salarios de entrada al mercado laboral limitan su capacidad de pago. La oferta de alquiler asequible es insuficiente para una parte de la demanda. Los contratos temporales y la incertidumbre económica dificultan asumir compromisos residenciales de larga duración.

Y quienes necesitan vivir cerca de su empleo, de sus estudios o de su familia no siempre pueden trasladarse a otros municipios para encontrar un precio inferior.

El resultado es una situación que tiene consecuencias más allá del mercado inmobiliario.

Cuando una persona no puede independizarse, retrasa decisiones esenciales de su vida. Cuando una pareja no encuentra vivienda, puede aplazar la formación de una familia. Y cuando un trabajador no puede residir cerca de su empleo, también se resiente la movilidad laboral.

La vivienda no es un asunto aislado. Está directamente relacionada con los salarios, el empleo, la natalidad, la movilidad y las oportunidades de futuro de Asturias.

Las cinco preguntas que las administraciones deben responder

La magnitud de la demanda convierte la adjudicación de Peritos en un proceso de especial interés público.

Hay cinco cuestiones concretas cuya respuesta permitiría conocer el verdadero alcance del problema.

¿Cuántas de las casi 7.000 solicitudes son válidas y corresponden a hogares diferentes? Es la cifra decisiva para medir la demanda efectiva y evitar confundir inscripciones con necesidades habitacionales acreditadas.

¿Cuántos aspirantes cumplen todos los requisitos? Deben conocerse las condiciones económicas, personales y de residencia exigidas, así como las causas de exclusión.

¿Cómo se decidirá quién obtiene una vivienda? La administración y la entidad gestora deben explicar el procedimiento y publicar la información necesaria para comprobar su transparencia.

¿Cuándo podrán entrar realmente los adjudicatarios? No es lo mismo resolver la selección en diciembre que entregar las llaves y permitir la ocupación efectiva de los inmuebles.

¿Qué alternativas tendrán quienes no resulten seleccionados? Es necesario aclarar si habrá listas de reserva, posibilidad de acceder a otras promociones o mecanismos de orientación hacia ayudas y recursos existentes.

Las respuestas permitirían transformar una cifra llamativa en una radiografía mucho más precisa de la necesidad de vivienda en Gijón.

El éxito de una promoción y el fracaso de las expectativas de miles de aspirantes

Peritos puede convertirse en una buena noticia para 250 hogares.

Para ellos, conseguir un alquiler limitado puede significar independizarse, estabilizar su economía o iniciar una nueva etapa.

Es un resultado social importante.

Pero la misma promoción también puede convertirse en una experiencia frustrante para miles de solicitantes que no logren acceder.

Ese es el contraste que revela esta historia: una iniciativa pública puede representar un avance real y, al mismo tiempo, resultar claramente insuficiente frente a la demanda que recibe.

La diferencia no es menor.

Porque las políticas de vivienda no se pueden evaluar únicamente por el número de pisos que se inauguran. También importa la relación entre las viviendas disponibles, las necesidades acreditadas, los plazos de entrega y el coste real para sus destinatarios.

Y, sobre todo, importa saber qué ocurre con quienes no consiguen acceder.

Gijón afronta una pregunta mucho mayor que la adjudicación de 250 viviendas

A finales de año, si se cumplen las últimas previsiones, comenzará a resolverse quién podrá vivir en los pisos de Peritos.

Será una noticia importante para las personas seleccionadas.

Pero el balance completo no estará en la fotografía de la entrega de llaves.

Estará también en las solicitudes rechazadas o no atendidas, en las personas que continúen buscando un alquiler que puedan pagar y en la capacidad de las administraciones para ampliar la oferta de vivienda asequible.

Las casi 7.000 solicitudes no equivalen todavía a 7.000 hogares necesitados acreditados. Pero sí constituyen una señal extraordinariamente potente de la demanda que ha despertado una oferta de solo 250 viviendas.

Es necesario comprobar cuántos aspirantes reúnen realmente los requisitos. También exigir que la adjudicación sea transparente y que los plazos se cumplan.

Y después habrá que plantear la pregunta que va mucho más allá de Peritos.

¿Cuántas viviendas asequibles necesita Gijón para que acceder a un hogar deje de parecerse a competir por una oportunidad excepcional?

Porque la verdadera dimensión de la crisis habitacional no se medirá solamente por los 250 contratos que puedan firmarse.

También se medirá por todas las personas que, después de la adjudicación, sigan sin encontrar un lugar donde vivir a un precio que puedan permitirse.

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