España ha ganado unos 2,4 millones de habitantes en apenas cinco años, pero las viviendas, los hospitales y numerosas infraestructuras no parecen haber crecido al mismo ritmo que las necesidades de la población. Asturias tampoco escapa a esta transformación: la población extranjera casi se ha duplicado desde 2021, más de 122.000 pacientes esperan una primera consulta especializada y otros 25.000 aguardan una operación. ¿Estamos preparando el país para quienes ya vivimos aquí y para quienes siguen llegando?
29 de octubre de 2026
Imaginen un país que durante décadas ha construido hospitales, colegios, viviendas, carreteras y redes ferroviarias para atender las necesidades de una población determinada. Un país cuyas administraciones realizan sus previsiones, distribuyen sus presupuestos y organizan sus servicios conforme a unos cálculos demográficos que, de repente, empiezan a quedarse antiguos.
Ahora imaginen que, en apenas cinco años, ese mismo país incorpora unos 2,4 millones de habitantes adicionales.
Son millones de personas que necesitan una vivienda, utilizan transportes, acuden a centros de salud, consumen agua y electricidad, llevan a sus hijos al colegio y participan en la actividad económica.
Pero levantar una promoción de viviendas requiere años. Ampliar una línea ferroviaria también. Formar médicos especialistas exige todavía más tiempo. Y construir hospitales, centros educativos o nuevas infraestructuras implica presupuestos, trámites administrativos, proyectos y obras.
Ahí aparece una de las grandes contradicciones de la España actual: la población puede crecer mucho más deprisa que los servicios necesarios para atenderla.
Y es precisamente esa contradicción la que alimenta una sensación cada vez más reconocible entre muchos ciudadanos: que España se está quedando pequeña para sus propias necesidades.
Los trenes se llenan, encontrar una vivienda asequible se convierte en una carrera de obstáculos y conseguir determinadas consultas médicas puede exigir meses de espera.
No todos estos problemas tienen la misma causa, ni todos han empeorado de manera uniforme. Pero su coincidencia obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿han previsto las administraciones las consecuencias del crecimiento demográfico o están reaccionando cuando los problemas ya se han producido?
En Asturias, donde las circunstancias son diferentes de las grandes áreas metropolitanas, esta cuestión merece especial atención.
Porque el Principado también está cambiando. Y quizá mucho más deprisa de lo que reflejan algunas de nuestras ideas tradicionales sobre una comunidad envejecida, despoblada y condenada a perder habitantes.
España, a las puertas de los 50 millones: un crecimiento histórico
El 1 de julio de 2026, España alcanzó los 49.801.559 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística.
Es la cifra más elevada de su historia.
A comienzos de 2021, la población rondaba los 47,4 millones.
La diferencia supone aproximadamente 2,4 millones de residentes adicionales en apenas cinco años y medio.
Para comprender su magnitud, basta pensar que ese incremento supera la población completa de Castilla-La Mancha.
Es como si España hubiera incorporado, en poco más de un lustro, otra comunidad autónoma de considerable tamaño.
Y no estamos hablando de turistas que vienen unas semanas. Hablamos de residentes que forman hogares, trabajan, consumen y necesitan servicios.
El fenómeno tiene una explicación demográfica fundamental: la inmigración.
A mediados de 2026, España contaba con unos 10,29 millones de residentes nacidos en el extranjero, aproximadamente el 20,7% de su población.
Eso no significa que todos hayan llegado recientemente. Muchos llevan décadas viviendo aquí y una parte tiene nacionalidad española.
Pero los datos confirman que la llegada de población procedente de otros países constituye el principal motor del crecimiento demográfico reciente.
Entre los países de origen más frecuentes de las nuevas llegadas destacan Colombia, Venezuela y Marruecos, aunque los flujos migratorios son mucho más diversos.
El crecimiento no se reparte de forma equilibrada.
Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y determinados territorios turísticos han concentrado importantes aumentos de residentes.
Mientras tanto, numerosas áreas rurales continúan perdiendo habitantes.
Esta desigualdad territorial es decisiva.
España puede tener miles de viviendas vacías en municipios donde apenas existe demanda y, simultáneamente, sufrir una enorme presión residencial en las ciudades donde se encuentran los empleos.
Puede disponer de colegios con aulas desocupadas en un concejo y de otros centros sometidos a una demanda creciente a pocos kilómetros de distancia.
El problema no consiste únicamente en saber cuántos habitantes tiene España.
Consiste en conocer dónde viven y qué necesitan.
Asturias: una transformación demográfica que rompe las previsiones tradicionales
Durante décadas, Asturias ha aparecido asociada a tres grandes problemas demográficos: envejecimiento, baja natalidad y pérdida de población.
Esa realidad no ha desaparecido.
Pero los datos muestran que algo importante está cambiando.
En enero de 2021 residían en el Principado aproximadamente 45.309 personas de nacionalidad extranjera.
En julio de 2026, esa cifra alcanzaba las 84.087.
El incremento se aproxima al 86% en cinco años y medio.
Asturias tiene hoy casi el doble de residentes de nacionalidad extranjera que en 2021.
Es una transformación de enorme importancia para una comunidad cuya población total ronda los 1,02 millones de habitantes.
Conviene aclarar que nacionalidad extranjera y nacimiento en el extranjero no significan lo mismo. Una persona que obtiene la nacionalidad española deja de figurar como extranjera, aunque haya nacido en otro país.
Tampoco debe confundirse ese incremento con el crecimiento neto de la población asturiana.
Durante este periodo, la llegada de nuevos residentes ha compensado parcialmente las pérdidas demográficas asociadas a una natalidad reducida y a un número elevado de fallecimientos.
Por eso, mientras la población extranjera aumentaba considerablemente, el total de habitantes del Principado evolucionaba de forma mucho más moderada.
Pero la transformación de la composición demográfica tiene consecuencias reales.
Los nuevos residentes necesitan viviendas, transporte y atención sanitaria. Sus hijos necesitan plazas escolares. Y muchos participan en el mercado laboral, pagan impuestos, cotizan a la Seguridad Social y trabajan precisamente en sectores que requieren personal.
El balance económico y social no puede reducirse a una simple suma de usuarios de servicios.
Ahora bien, tampoco puede ignorarse que una distribución diferente de la población genera nuevas necesidades de planificación.
Una comunidad que estaba acostumbrada a perder habitantes debe prepararse para situaciones en las que determinados municipios, barrios y áreas urbanas vuelvan a crecer.
Y la pregunta fundamental es si los servicios públicos están adaptándose a tiempo.
La sanidad asturiana: 122.000 personas esperando una consulta y más de 25.000 una operación
Los datos sanitarios ofrecen algunas de las señales más claras de presión sobre los servicios públicos del Principado.
En septiembre de 2026, el Servicio de Salud del Principado de Asturias contabilizaba 122.207 pacientes pendientes de una primera consulta especializada.
Un año antes eran 112.185.
En doce meses, la lista aumentó en 10.022 personas, aproximadamente un 8,9%.
La situación de las operaciones quirúrgicas también muestra un empeoramiento.
En septiembre de 2025 había 22.423 pacientes pendientes de intervención.
Un año después eran 25.029.
El incremento supera el 11%.
Además, la demora media quirúrgica pasó de 94,2 a 103,7 días.
Es decir, más personas esperando y más tiempo de espera.
Determinadas especialidades presentan cifras especialmente preocupantes.
En Dermatología, el número de pacientes pendientes de primera consulta pasó de 11.128 a 15.785, un incremento cercano al 42%.
En Traumatología, la lista alcanzaba los 29.761 pacientes y la demora media se aproximaba a los 147 días.
Estas cifras no significan que todos los servicios hospitalarios estén funcionando peor ni que la actividad médica se haya reducido.
De hecho, el SESPA mantiene un volumen elevado de intervenciones, consultas y procedimientos.
El problema es que esa actividad no está impidiendo que aumenten determinadas listas de espera.
Y aquí surge una cuestión esencial para nuestra investigación.
¿Cuántos pacientes más está atendiendo el sistema sanitario asturiano respecto a 2021?
¿Cuántos médicos y enfermeras adicionales se han incorporado realmente?
¿En qué áreas sanitarias ha aumentado más la población atendida?
¿Y qué parte de las demoras responde al crecimiento demográfico, al envejecimiento, a la disponibilidad de profesionales o a problemas de organización?
Sin responder a estas preguntas, no sería correcto atribuir el aumento de las listas de espera exclusivamente a la inmigración.
Pero tampoco resultaría razonable ignorar que los cambios demográficos obligan a revisar los recursos sanitarios disponibles.
El dato fundamental es que Asturias tiene hoy más de 122.000 personas esperando una primera consulta especializada. Y eso exige explicaciones sobre la capacidad real del sistema.
Vivienda: nuevos hogares, nuevas necesidades y una construcción que requiere años
La vivienda representa probablemente el ejemplo más evidente de la distancia entre crecimiento demográfico y capacidad de respuesta.
En España, el número de hogares ha aumentado en torno a 1,4 millones desde 2021.
Cada hogar necesita una solución residencial.
Sin embargo, construir viviendas nuevas requiere años y exige superar numerosos obstáculos administrativos, urbanísticos y económicos.
El Banco de España ha advertido de los desequilibrios existentes entre la formación de nuevos hogares y la oferta residencial, especialmente en los mercados más demandados.
Entre las dificultades destacan la disponibilidad de suelo, la lentitud de determinados trámites urbanísticos, los costes de construcción y la escasez de profesionales especializados.
En Asturias, el problema tiene características propias.
Existen concejos rurales con viviendas vacías, edificios antiguos y una población que lleva décadas disminuyendo.
Pero también encontramos una importante demanda de alquiler y compra en Oviedo, Gijón, Avilés y otros municipios del área central.
La existencia de viviendas desocupadas en una zona no resuelve automáticamente las necesidades de otra.
Una familia que trabaja en Gijón no siempre puede trasladarse a un pueblo alejado, especialmente si carece de buenas conexiones de transporte.
Y una vivienda vacía tampoco es necesariamente una vivienda disponible: puede necesitar una rehabilitación costosa, carecer de condiciones adecuadas o no encontrarse en el mercado.
El Principado ha anunciado una estrategia para impulsar 1.500 viviendas públicas durante la legislatura.
También ha promovido nuevas actuaciones de rehabilitación, cesiones de suelo y promociones protegidas.
Este mismo jueves, 29 de octubre, el Gobierno asturiano ha anunciado una inversión de 10,1 millones de euros para construir 36 viviendas públicas en Sotrondio, utilizando financiación del Fondo de Transición Justa.
Se trata de una iniciativa relevante para las antiguas cuencas mineras.
Pero conviene distinguir entre viviendas anunciadas, licitadas, en construcción, terminadas y entregadas a sus adjudicatarios.
Una vivienda que todavía está pendiente de proyecto no puede resolver las necesidades actuales de una familia que busca alquiler.
La gran pregunta es cuántos hogares nuevos se están formando realmente en Asturias y cuántas viviendas asequibles se incorporan cada año al mercado donde existe demanda.
Sin disponer de una comparación completa y homogénea entre esas magnitudes, no podemos calcular con rigor un déficit residencial exacto para el conjunto del Principado.
Pero sí podemos exigir que esa información se publique y que sirva para planificar las promociones futuras.
Transporte: casi 60 millones de viajes anuales y una demanda que sigue aumentando
El transporte público asturiano también está experimentando cambios importantes.
Durante 2025, el Consorcio de Transportes de Asturias registró 59.285.855 viajes.
La cifra supone un crecimiento del 8,1% respecto al ejercicio anterior.
Y la tendencia continuó durante 2026.
En los ocho primeros meses del año se contabilizaron aproximadamente 41,75 millones de desplazamientos, casi un 7% más que en el mismo periodo de 2025.
El éxito de la tarjeta CONECTA ha contribuido a facilitar el transporte público y a impulsar su utilización.
Eso constituye una noticia positiva para la movilidad sostenible.
Sin embargo, también obliga a evaluar la capacidad de las líneas más utilizadas.
Durante 2025, el corredor Piedras Blancas-Avilés registró unos 2,54 millones de viajeros.
La conexión Oviedo-Gijón contabilizó aproximadamente 1,67 millones.
Y el trayecto Villa-Pola de Laviana alcanzó alrededor de 1,32 millones.
Son cifras significativas para una comunidad de poco más de un millón de habitantes.
Pero hay que interpretar correctamente los datos.
Un aumento de viajeros no demuestra automáticamente que el sistema esté saturado ni que funcione peor.
Puede significar simplemente que más personas utilizan el transporte público gracias a las mejoras tarifarias y a una oferta más atractiva.
La comprobación decisiva debe realizarse sobre la capacidad.
¿Cuántas plazas se ofrecen por hora en los corredores más concurridos?
¿Qué ocupación tienen los autobuses durante las horas punta?
¿Cuántas expediciones se han añadido para responder al aumento de usuarios?
¿Y cómo evolucionan la puntualidad, las averías y las cancelaciones de los servicios ferroviarios?
Las Cercanías asturianas merecen un examen específico.
Los ciudadanos necesitan conocer si las inversiones y mejoras ferroviarias se traducen en una mayor fiabilidad del servicio cotidiano.
La reciente tragedia ferroviaria de Toledo ha intensificado el debate sobre la seguridad y el funcionamiento de la red nacional, pero no demuestra por sí sola que la saturación demográfica sea responsable de los problemas ferroviarios.
Son cuestiones distintas que deben investigarse con sus propios datos.
La presión de viajeros exige capacidad. La seguridad ferroviaria exige mantenimiento, protocolos, formación y supervisión.
Ambas necesidades deben atenderse.
Dependencia: una Asturias envejecida que tarda casi un año en tramitar las ayudas
Asturias presenta una diferencia fundamental respecto a Madrid y otras comunidades con mayor crecimiento de población joven.
Es una de las regiones más envejecidas de España.
Aproximadamente el 28,55% de sus habitantes tiene 65 años o más, frente a un porcentaje nacional próximo al 21%.
Eso significa que casi tres de cada diez asturianos se encuentran en edades en las que aumentan determinadas necesidades sanitarias y sociales.
El sistema de atención a la dependencia es uno de los servicios más sensibles a esta transformación.
La Consejería de Derechos Sociales reconoció en octubre que el tiempo de tramitación de los expedientes se situaba en 356 días.
Casi un año.
El plazo general establecido legalmente es de 180 días.
La diferencia es enorme.
Detrás de cada expediente puede haber una persona que necesita ayuda para levantarse, asearse, alimentarse o desenvolverse en su vida diaria.
Y también una familia que intenta organizar los cuidados mientras espera una resolución administrativa.
Este problema no puede explicarse únicamente por las llegadas de población extranjera.
Está vinculado principalmente a la estructura demográfica, la demanda asistencial y la capacidad de gestión del sistema.
Pero demuestra algo fundamental: Asturias ya tiene servicios públicos sometidos a una presión que exige respuestas.
Y esas necesidades probablemente evolucionarán a medida que envejezcan las generaciones más numerosas.
La Administración no puede planificar los cuidados de mañana utilizando únicamente las necesidades de ayer.
Educación: colegios con menos niños mientras otros necesitan nuevos recursos
El sistema educativo presenta otra paradoja.
La baja natalidad asturiana ha reducido durante años la población infantil y ha obligado a reorganizar centros y unidades escolares.
En determinadas localidades rurales, mantener una escuela supone un esfuerzo esencial para evitar que las familias jóvenes abandonen el territorio.
Sin embargo, la llegada de nuevos residentes puede aumentar la demanda educativa en otros municipios y barrios.
Eso significa que dos situaciones aparentemente contradictorias pueden coexistir.
Un colegio puede perder alumnos mientras otro necesita ampliar plazas o reforzar sus recursos.
La planificación no debe limitarse al total de estudiantes de Asturias.
Necesita conocer dónde viven las familias, qué edades tienen los menores y qué necesidades educativas existen en cada centro.
La evolución de la inmigración también puede requerir programas de acogida, apoyo lingüístico y orientación para facilitar la integración del alumnado.
Pero esos recursos deben organizarse según necesidades reales y no mediante suposiciones sobre el origen de los estudiantes.
Una comunidad que cambia demográficamente necesita que su red educativa cambie con ella.
Madrid, el espejo de lo que puede ocurrir cuando la demanda crece demasiado deprisa
Aunque el foco de esta investigación está en Asturias, Madrid ofrece una referencia importante.
Metro de Madrid registró más de 736 millones de viajes durante 2025, la cifra más elevada de su historia.
Cercanías también superó los 204 millones de desplazamientos.
La presión sobre las infraestructuras de una gran región metropolitana es evidente por su volumen de utilización.
Ahora bien, los récords de viajeros no demuestran por sí mismos un deterioro de la calidad.
Para llegar a esa conclusión es necesario comparar ocupación, frecuencias, tiempos de viaje, puntualidad e incidencias.
Lo que sí muestran es la importancia de anticipar el crecimiento de la demanda.
Y Asturias puede aprender de esa experiencia sin reproducir necesariamente sus problemas.
El Principado no está experimentando una expansión demográfica de la misma intensidad que Madrid.
Sus dificultades son diferentes: mayor envejecimiento, población territorialmente dispersa, municipios rurales en declive y una demanda urbana concentrada en determinados corredores.
Por tanto, el riesgo no consiste en que Asturias vaya a convertirse en Madrid.
El riesgo es que sus administraciones planifiquen los servicios para una estructura de población que ya está cambiando.
La inmigración: nuevos usuarios de servicios, pero también trabajadores que los sostienen
El crecimiento de la inmigración es una realidad estadística.
En Asturias, el número de residentes de nacionalidad extranjera ha aumentado intensamente desde 2021.
Eso implica nuevas necesidades de vivienda, movilidad, escolarización y atención sanitaria.
Pero sería incompleto analizar únicamente esa parte de la ecuación.
La población inmigrante también trabaja, consume, paga impuestos y contribuye al sistema de Seguridad Social.
Muchos trabajadores extranjeros desarrollan su actividad en sectores fundamentales para la economía asturiana.
Entre ellos se encuentran la hostelería, la construcción, el comercio, el transporte, la atención a personas mayores y otras actividades que necesitan personal.
En una región tan envejecida, la incorporación de población activa tiene especial importancia.
También pueden llegar profesionales cualificados cuya formación y experiencia contribuyan a cubrir necesidades laborales.
Por eso, la discusión no debe centrarse en presentar a quienes llegan como responsables automáticos de las deficiencias de los servicios públicos.
La responsabilidad de anticipar las necesidades colectivas corresponde a las instituciones encargadas de planificar, financiar y gestionar esos servicios.
Y el debate debe incluir tanto la demanda adicional como la aportación económica y laboral de los nuevos residentes.
Existe, además, otra precisión estadística importante.
Los casi 50 millones de habitantes contabilizados oficialmente en España no representan exclusivamente a ciudadanos con permiso de residencia.
Las estadísticas de población del INE utilizan registros administrativos y pueden incorporar a personas que carecen de autorización de residencia, pero figuran en esos registros.
Por tanto, no sería correcto sumar automáticamente las estimaciones de inmigración irregular a los 49,8 millones oficiales.
Eso podría provocar duplicidades y producir una cifra artificialmente elevada.
La planificación debe basarse en estimaciones rigurosas de la población que realmente reside en cada territorio.
¿De verdad España tiene servicios para 40 millones y viviendas para 35?
La frase resulta provocadora porque resume una sensación que muchos ciudadanos pueden reconocer.
España crece, pero encontrar una vivienda parece cada vez más difícil en numerosos municipios.
La actividad sanitaria es elevada, pero las listas de espera continúan afectando a cientos de miles de personas.
El transporte público registra grandes volúmenes de usuarios y necesita adaptarse a nuevas pautas de movilidad.
Sin embargo, los 40 millones para servicios y los 35 millones para vivienda no proceden de un cálculo técnico de capacidad nacional.
Son una metáfora de los desajustes existentes.
No hay una cifra única que permita establecer para cuántos millones de habitantes están preparados simultáneamente los hospitales, los colegios, los trenes y el parque residencial.
Cada sistema tiene su capacidad, sus particularidades y sus problemas.
Un hospital puede disponer de recursos suficientes en una especialidad y presentar demoras importantes en otra.
Una línea ferroviaria puede funcionar correctamente fuera de las horas punta y registrar aglomeraciones en determinados horarios.
Y una comunidad puede tener viviendas vacías mientras numerosas familias no encuentran dónde vivir a precios asumibles.
Por eso, la investigación debe ir más allá del eslogan.
La verdadera pregunta no es si España tiene exactamente servicios para 40 millones, sino si las administraciones han ampliado la capacidad de sus infraestructuras al ritmo que exige la población actual.
Y los problemas documentados en ámbitos concretos justifican exigir respuestas.
¿Qué responsabilidad tienen el Gobierno central y el Principado?
España es un Estado descentralizado.
El Gobierno central tiene responsabilidades directas sobre determinadas infraestructuras ferroviarias, la política migratoria y numerosos ámbitos de regulación económica.
Las comunidades autónomas gestionan servicios esenciales como sanidad, educación y atención social.
Los ayuntamientos intervienen en urbanismo, servicios municipales y planificación territorial.
En materia de vivienda y transporte existen competencias compartidas.
Por eso, señalar genéricamente a una sola administración como responsable de todos los problemas simplificaría una realidad mucho más compleja.
Pero esa complejidad tampoco puede utilizarse para diluir responsabilidades.
Cada institución debe responder por las decisiones que le corresponden.
Si una ciudad aumenta su población, alguien debe planificar las necesidades de vivienda y servicios.
Si una lista de espera sanitaria crece, la administración competente debe explicar por qué y qué medidas está adoptando.
Si aumenta la utilización del transporte público, corresponde evaluar si la capacidad resulta suficiente.
Y si una región envejece, sus responsables deben anticipar la demanda futura de cuidados.
La planificación demográfica no puede limitarse a publicar estadísticas.
Tiene que traducirse en inversiones, plantillas, infraestructuras y resultados medibles.
Las siete preguntas que el Gobierno de Asturias debería responder
La evolución demográfica del Principado plantea interrogantes concretos que merecen una respuesta pública.
Primera. ¿Cuántas personas más están utilizando cada área sanitaria desde 2021 y cómo han evolucionado las plantillas de médicos, enfermeras y especialistas en relación con esa demanda?
Segunda. ¿Cuántos nuevos hogares se han constituido en Oviedo, Gijón, Avilés y el resto de los concejos, y cuántas viviendas asequibles se han incorporado efectivamente al mercado?
Tercera. ¿Qué corredores de transporte presentan mayores niveles de ocupación y cómo han cambiado sus frecuencias y capacidad desde 2021?
Cuarta. ¿Qué centros escolares están recibiendo más alumnado y qué recursos adicionales se han destinado a ellos?
Quinta. ¿Qué previsiones maneja el Principado sobre el incremento de personas mayores que necesitarán atención a la dependencia durante los próximos años?
Sexta. ¿Cómo se está incorporando la nueva realidad demográfica a los presupuestos, las inversiones y la planificación de infraestructuras?
Séptima. ¿Existe un diagnóstico global que permita detectar con antelación dónde están creciendo las necesidades más deprisa que los servicios disponibles?
Son preguntas que pueden responderse con datos oficiales.
Y sus respuestas permitirían comprobar si Asturias está anticipándose a sus retos o reaccionando cuando las dificultades ya afectan a miles de ciudadanos.
El verdadero problema: crecer sin planificar
El crecimiento demográfico no tiene por qué ser un problema.
Puede ampliar el mercado laboral, sostener actividades económicas, facilitar el relevo generacional y contribuir a mantener servicios que perderían viabilidad en municipios con poca población.
En Asturias, donde el envejecimiento y la baja natalidad llevan décadas condicionando el futuro, la llegada de nuevos habitantes puede representar una oportunidad importante.
Pero para aprovecharla es necesario planificar.
No basta con que aumente el número de trabajadores si no existen viviendas asequibles cerca de sus empleos.
No basta con mejorar las tarifas del transporte si determinadas líneas necesitan más capacidad.
No basta con incorporar médicos si la organización asistencial y el envejecimiento de la población generan una demanda todavía mayor.
Y no basta con anunciar nuevas promociones residenciales si tardan años en convertirse en hogares disponibles.
El problema no es que España tenga más habitantes.
Es que sus infraestructuras y servicios necesitan adaptarse a una realidad demográfica que evoluciona rápidamente y de forma desigual.
La diferencia entre una transformación demográfica bien gestionada y otra que genera tensiones no depende exclusivamente de cuántas personas llegan.
Depende también de cómo se anticipan sus necesidades, de qué inversiones se realizan y de la capacidad de las administraciones para coordinarse.
Asturias no puede seguir planificando exclusivamente para la población que tenía hace veinte años
La Asturias actual no es la misma que la de comienzos de siglo.
Continúa teniendo una población muy envejecida y numerosos municipios afectados por la despoblación.
Pero también recibe nuevos residentes, registra cambios en la composición de sus hogares y experimenta nuevas necesidades de movilidad, vivienda y atención sanitaria.
Los datos demuestran que existen retos importantes.
Más de 122.000 personas esperan una primera consulta especializada.
Más de 25.000 aguardan una intervención quirúrgica.
Los expedientes de dependencia tardan de media casi un año en resolverse.
Y el transporte público registra una utilización creciente que obliga a revisar constantemente su capacidad.
Estos indicadores no prueban que todos los problemas sean consecuencia del aumento de población.
Pero sí muestran que Asturias necesita evaluar de forma permanente si sus servicios están respondiendo adecuadamente a las necesidades de sus habitantes.
España se acerca a los 50 millones.
Asturias se mantiene por encima del millón y comienza a modificar algunas de las tendencias demográficas que parecían consolidadas.
Las administraciones tienen ante sí una responsabilidad que no admite improvisaciones: garantizar que el crecimiento y los cambios de población se acompañen de viviendas, atención sanitaria, transporte, educación y servicios sociales suficientes.
Porque la gran cuestión no es cuántos millones de personas caben en España. La cuestión es cuántas pueden vivir dignamente con las viviendas, los hospitales, los trenes y los servicios que realmente tenemos.
Y esa respuesta no debería depender de que los ciudadanos esperen meses para ver a un especialista, encuentren dificultades para alquilar una vivienda o tengan que resignarse a que las infraestructuras lleguen siempre después de las necesidades.
España puede crecer hasta los 50 millones. Pero si queremos que ese crecimiento se convierta en progreso, nuestros servicios públicos y nuestras viviendas tendrán que crecer con ella. Asturias debe prepararse ahora para no descubrir demasiado tarde que su futuro ha llegado antes que sus infraestructuras.
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