Gijón solo consigue alquilar cuatro pisos en nueve meses, pero reserva otros 400.000 euros para el mismo plan

Nueve meses después de su puesta en marcha, «Gijón Confía Alquilando» solo ha logrado formalizar cuatro contratos, con rentas de entre 500 y 600 euros. El Ayuntamiento mantendrá la partida presupuestaria pese a los escasos resultados y anuncia nuevos cambios para atraer propietarios. El programa nació con el respaldo de 23 inmobiliarias y un ambicioso objetivo: sacar al mercado viviendas vacías en una ciudad donde el alquiler ya alcanza los 11,70 euros por metro cuadrado.

El balance deja preguntas incómodas: ¿cuántos propietarios han solicitado incorporarse?, ¿cuántos han sido rechazados?, ¿qué parte de los 400.000 euros se ha gastado realmente? Emvisa prepara además un programa de 213.000 euros para jóvenes y personas con problemas de accesibilidad, mientras su presupuesto total para 2027 superará los ocho millones.

Asturias Mundial | Gijón, jueves 22 de octubre de 2026

Cuatro viviendas. Nueve meses. Un presupuesto de 400.000 euros que volverá a figurar en las cuentas municipales de 2027.

Son las cifras que resumen el difícil arranque de «Gijón Confía Alquilando», uno de los programas con los que el Ayuntamiento pretendía hacer frente a la escasez de viviendas a precios asequibles.

La iniciativa, presentada en junio de 2025 y puesta en funcionamiento en febrero de 2026, nació con una fórmula aparentemente sencilla: convencer a los propietarios de pisos vacíos para que los incorporasen al mercado del alquiler ofreciéndoles seguros, garantías frente a impagos, ayudas para pequeñas reformas y gestión a través de agencias inmobiliarias.

A cambio, los dueños aceptarían rentas limitadas y unas condiciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda habitual.

Sin embargo, a las puertas de noviembre, el resultado se reduce a cuatro contratos formalizados.

El ritmo equivale a menos de medio contrato al mes. Dicho de otra manera, aproximadamente una vivienda incorporada cada dos meses y cuarto.

El dato adquiere especial relevancia porque el propio Gobierno municipal reconoce la necesidad de introducir modificaciones para simplificar el procedimiento y conseguir una mayor participación.

Pese a ello, la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa) mantendrá en 2027 la misma dotación de 400.000 euros prevista para 2026.

Conviene hacer una precisión fundamental: esos 400.000 euros constituyen una partida presupuestaria, no una cantidad que se haya demostrado gastada en los cuatro contratos. El coste efectivo del programa sigue pendiente de conocer porque no se ha difundido una liquidación detallada de sus gastos.

El problema que refleja el balance, por tanto, no es necesariamente un despilfarro acreditado, sino una distancia considerable entre los recursos disponibles, las expectativas iniciales y los resultados obtenidos.

Y todo sucede mientras encontrar un alquiler estable a un precio asumible continúa siendo una de las mayores dificultades para numerosas familias gijonesas.

Los cuatro pisos del programa: dónde están, cuánto cuestan y qué ofrecen

El balance de Emvisa permite identificar las características de las cuatro viviendas incorporadas.

Los inmuebles se distribuyen entre Jove, El Natahoyo, La Calzada y una cuarta ubicación que no ha sido precisada en la última información difundida.

Sus precios muestran que el programa sí puede proporcionar alquileres competitivos. La dificultad está en conseguir suficientes propietarios dispuestos a participar.

Estas son las cuatro viviendas:

Los importes corresponden a las rentas anunciadas, sin que pueda asegurarse que todos los gastos adicionales estén incluidos.

Los datos permiten extraer conclusiones relevantes.

La primera es que las cuatro viviendas suman 286 metros cuadrados de superficie residencial.

La segunda es que sus propietarios percibirían conjuntamente 2.189 euros mensuales de renta, equivalentes a 26.268 euros anuales si los contratos permanecen vigentes durante los doce meses.

La tercera es que el alquiler medio de estas cuatro viviendas es de 547,25 euros al mes, sensiblemente inferior al que arrojaría una comparación genérica con los precios de oferta de Gijón.

El precio por metro cuadrado presenta importantes diferencias:

• Jove: aproximadamente 9,98 euros por metro cuadrado.

• El Natahoyo: 6,67 euros.

• La Calzada: 5,59 euros.

• Cuarta vivienda: 10,87 euros.

La vivienda de La Calzada destaca especialmente. Con cuatro dormitorios y 93 metros cuadrados, su alquiler anunciado de 520 euros equivale a una renta muy reducida respecto a las referencias habituales del mercado.

Sin embargo, hay que evitar sacar conclusiones generales a partir de una muestra de solo cuatro inmuebles.

No se conocen de forma homogénea su estado de conservación, ubicación exacta, gastos adicionales, equipamientos o características completas.

Lo que sí puede afirmarse es que el programa ha conseguido incorporar viviendas con precios ajustados, pero en una cantidad demasiado limitada para producir un efecto apreciable sobre el conjunto del mercado residencial.

Una ciudad con alquileres a 11,70 euros por metro cuadrado

La escasa repercusión del programa contrasta con la evolución de los precios del alquiler.

Según el informe de Idealista correspondiente a septiembre de 2026, el alquiler ofertado en Gijón alcanzó los 11,70 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 6,9 %.

La cifra sitúa a la ciudad entre los mercados de alquiler más caros de Asturias, aunque con importantes diferencias internas.

En el centro gijonés, el precio medio ofertado alcanza los 12,60 euros por metro cuadrado.

En El Llano se sitúa en 10,90 euros.

La zona este registra 11,60 euros, mientras la zona oeste llega a 11,10 euros.

En la zona sur, la referencia desciende hasta los 10,20 euros por metro cuadrado.

Las diferencias son aún más significativas al observar la evolución anual.

En el oeste de Gijón, los alquileres ofertados han aumentado un 12,4 % en doce meses, mientras que en El Llano la subida alcanza el 9,2 %.

Estas cifras describen los precios de los anuncios publicados en el portal inmobiliario, no las rentas efectivamente pagadas en todos los contratos vigentes.

Aun con esa limitación, permiten comprender la presión a la que se enfrentan quienes buscan vivienda.

Un piso de 70 metros cuadrados, tomando como referencia el precio medio de oferta de Gijón, tendría una renta orientativa de 819 euros mensuales.

Uno de 80 metros cuadrados alcanzaría aproximadamente los 936 euros.

Frente a esos importes, el límite de 650 euros establecido en «Gijón Confía Alquilando» resulta atractivo para los potenciales inquilinos.

Pero esa misma limitación puede dificultar la incorporación de propietarios que consideran que podrían obtener rentas superiores en el mercado libre.

Ahí aparece una de las grandes contradicciones del programa: para garantizar alquileres asequibles necesita que los propietarios acepten ingresos inferiores a los que podrían conseguir en determinadas zonas de la ciudad.

La Administración intenta compensar esa renuncia con garantías y ventajas económicas.

El problema es que, hasta ahora, la fórmula apenas ha convencido a cuatro arrendadores.

De una gran promesa en junio de 2025 a cuatro contratos en octubre de 2026

La historia del programa permite entender mejor su evolución.

El 14 de junio de 2025, Asturias Mundial ya informó de la presentación municipal de «Gijón Confía Alquilando».

La iniciativa se anunciaba como una nueva herramienta para movilizar viviendas vacías, reducir la incertidumbre de los propietarios y fomentar el alquiler asequible.

El proyecto debía pasar por el Consejo de Administración de Emvisa y representaba, según el concejal de Vivienda, Guzmán Pendás, un cambio de rumbo en las políticas municipales.

El edil explicó entonces que el programa nacía del diálogo con partidos políticos, asociaciones de propietarios e inquilinos, agencias inmobiliarias, federaciones vecinales y entidades sociales.

Las condiciones definitivas evolucionaron durante su desarrollo.

En aquella primera presentación se hablaba de préstamos sin intereses de hasta 2.000 euros para pequeñas reformas, mientras que la información del programa actualmente contempla hasta 4.000 euros.

También cambió el procedimiento de adjudicación inicialmente comunicado, que dio paso a un sistema de sorteo automatizado entre solicitantes que cumpliesen los requisitos.

La iniciativa comenzó finalmente a funcionar en febrero de 2026, sustituyendo al anterior servicio Xixón Alquila como principal herramienta de intermediación para captar vivienda vacía.

El arranque parecía contar con una base importante de colaboración empresarial.

Veintitrés agencias inmobiliarias se habían incorporado al programa cuando comenzó a operar.

El Ayuntamiento agradeció expresamente su participación y defendió que esa colaboración permitiría generar confianza entre propietarios e inquilinos.

Pero los primeros resultados fueron decepcionantes.

En abril, después de unos dos meses de funcionamiento, solamente se había conseguido captar una vivienda.

Pendás llegó a reconocer públicamente que el resultado era «decepcionante», aunque expresó su confianza en que el programa terminaría remontando.

En junio apareció una dificultad adicional: no bastaba con conseguir pisos. También había problemas para encontrar solicitantes que superasen todos los filtros establecidos.

En agosto, el balance ascendía a tres viviendas incorporadas.

Ahora, en octubre, la cifra alcanza las cuatro.

La evolución muestra que el programa no ha permanecido completamente paralizado, pero tampoco ha experimentado el crecimiento que se esperaba tras sus primeras campañas de promoción.

El caso de los seis solicitantes rechazados: cuando hay vivienda, pero nadie supera los filtros

Uno de los episodios más reveladores se produjo el pasado junio.

El Ayuntamiento tuvo que volver a anunciar un piso que ya había salido al mercado porque ninguno de los seis interesados consiguió superar las condiciones exigidas.

Se trataba de una vivienda abuhardillada situada en la calle Aquilino Hurlé, en el barrio de La Arena.

El inmueble contaba con 46 metros cuadrados, una habitación, ascensor y orientación sur.

Había sido reformado y se ofrecía por 500 euros mensuales, a los que se sumaban 42 euros de comunidad, según la información publicada entonces.

Seis personas presentaron correctamente sus solicitudes.

Sin embargo, ninguna cumplió los requisitos exigidos por la comprobación del seguro de impago o por el límite de esfuerzo económico establecido para acceder al alquiler.

La vivienda tuvo que volver a anunciarse.

El Ayuntamiento defendió en aquel momento que los controles habían funcionado correctamente, porque demostraban la seguridad que se ofrecía a los propietarios.

Y desde el punto de vista de las garantías contractuales, ese argumento tiene fundamento: un programa que pretende atraer arrendadores mediante la reducción de riesgos necesita verificar la solvencia económica de los inquilinos.

Pero el episodio también deja otra lectura.

Si una vivienda de 500 euros recibe seis solicitudes y ninguna consigue superar los filtros, existe una diferencia entre la demanda de alquiler asequible y la demanda que realmente puede acceder al programa.

La administración protege al propietario, pero esa protección puede excluir a personas que tienen dificultades para demostrar ingresos estables o cumplir los requisitos del seguro.

No se ha publicado una estadística global que permita saber cuántos expedientes han quedado fuera durante estos nueve meses por circunstancias similares.

Conocer esa cifra sería esencial para entender el funcionamiento real del sistema.

Así funciona «Gijón Confía Alquilando»: las garantías para propietarios y los requisitos para inquilinos

La estructura del programa combina incentivos económicos para los arrendadores y límites de acceso para los solicitantes.

Los propietarios pueden acceder a estas ventajas:

• Seguro de impago, con una cobertura anunciada de hasta 15 mensualidades durante los primeros tres años.

• Seguro multirriesgo del hogar durante los tres primeros años.

• Garantías frente a daños y actos vandálicos en las condiciones establecidas.

• Gastos de gestión inmobiliaria asumidos por Emvisa.

• Supervisión de la documentación y asesoramiento.

• Préstamos sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar las viviendas.

• Posibles ventajas fiscales en el IRPF, condicionadas al cumplimiento de la normativa aplicable.

A cambio, las viviendas deben cumplir requisitos de habitabilidad, disponer de la documentación necesaria y ajustarse a los límites económicos del programa.

La renta máxima se sitúa en 650 euros mensuales.

Además, el precio no puede superar los 11 euros por metro cuadrado de superficie construida.

Los inmuebles deben estar destinados a vivienda habitual y permanente.

Para los inquilinos también existen condiciones.

Las bases establecen ingresos mínimos equivalentes a un salario mínimo interprofesional y máximos de tres veces esa referencia, además de un límite de esfuerzo económico de un tercio de los ingresos.

También se exige que los miembros de la unidad familiar no sean propietarios de otra vivienda, salvo las excepciones que puedan contemplar las bases aplicables.

La persona adjudicataria debe empadronarse en el inmueble en el plazo previsto y destinarlo a residencia habitual.

La selección se realiza mediante un sistema informático de sorteo entre los candidatos que superan los controles establecidos.

El diseño busca equilibrar dos intereses difíciles de conciliar: que el propietario cobre con seguridad y que el inquilino pueda acceder a un precio razonable.

Los cuatro contratos conseguidos hasta ahora evidencian que ese equilibrio todavía no ha producido resultados a gran escala.

¿Qué ha pasado con los 400.000 euros? La pregunta que falta responder

Es la cuestión que merece una explicación especialmente detallada.

Emvisa dispuso de una partida de 400.000 euros para el programa en 2026 y contempla mantener esa cantidad en 2027.

La cifra está destinada a financiar los mecanismos de garantía, intermediación y apoyo previstos.

Sin embargo, no se ha podido verificar cuánto dinero de la partida de 2026 ha sido efectivamente ejecutado.

No debe confundirse el crédito reservado para una actuación con el gasto realmente realizado.

Si se dividieran los 400.000 euros entre los cuatro contratos formalizados, el resultado aritmético sería de 100.000 euros por vivienda.

Pero esa operación no representa el coste real del programa y sería engañoso presentarla como tal.

El Ayuntamiento no ha acreditado que haya gastado íntegramente la partida.

Una parte puede permanecer sin ejecutar o estar comprometida para obligaciones futuras, como seguros y otras garantías.

Para evaluar de manera rigurosa la eficacia económica del sistema es imprescindible que Emvisa publique la información contable.

Sería necesario conocer los gastos correspondientes a los seguros contratados, las comisiones inmobiliarias, las campañas publicitarias, la gestión administrativa, los préstamos concedidos y los servicios externos, si los hubiera.

También habría que distinguir el dinero pagado del comprometido y del que permanece disponible.

Solo con esos datos podría calcularse cuánto ha costado realmente incorporar cada vivienda.

Cuatro contratos es un resultado verificable. Cuatrocientos mil euros gastados en esos contratos, no.

Esa distinción es fundamental para fiscalizar correctamente el uso de los recursos municipales.

La explicación del Gobierno: falta de información e inseguridad jurídica

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha defendido reiteradamente la continuidad del programa.

El responsable municipal atribuye parte de las dificultades al desconocimiento que todavía existe entre los pequeños propietarios sobre las garantías ofrecidas.

En agosto, durante una presentación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, reconoció que los resultados estaban por debajo de las expectativas.

Pendás sostuvo que una de las principales causas era la falta de información y anunció nuevas campañas de divulgación, encuentros con propietarios y posibles modificaciones de las bases.

También ha señalado la inseguridad jurídica que, a su juicio, generan algunas medidas estatales sobre el alquiler.

En la presentación presupuestaria del pasado martes, el concejal insistió en que el Gobierno local no se rinde.

Pendás criticó las políticas del Ejecutivo central y aseguró que perjudican los esfuerzos municipales para generar confianza entre los pequeños propietarios.

Se trata de una valoración política del edil, no de una explicación causal demostrada mediante un estudio específico sobre los cuatro contratos conseguidos.

La futura modificación de las bases pretende simplificar los trámites y hacer más atractivo el sistema.

Lo que todavía no se ha concretado es qué requisitos cambiarán, cuándo se aprobarán las modificaciones y qué objetivo de captación se fijará para 2027.

La otra cifra del problema: miles de viviendas vacías en Gijón

El reducido balance contrasta con la dimensión del parque residencial desocupado.

El Censo de Población y Viviendas de 2021 del Instituto Nacional de Estadística contabilizó en Gijón 8.307 viviendas vacías, aproximadamente el 5,6 % del parque residencial.

La ciudad disponía entonces de 148.955 viviendas familiares, de las que 120.349 eran principales.

Otras 15.533 aparecían clasificadas como viviendas de uso esporádico.

Estas cifras requieren prudencia.

Se refieren a 2021 y no representan necesariamente la situación exacta de octubre de 2026.

Además, una vivienda censada como vacía no tiene por qué estar disponible para alquilarse inmediatamente. Puede necesitar una reforma, presentar problemas jurídicos, estar pendiente de una herencia o no reunir las condiciones exigidas.

Pese a ello, los datos permiten apreciar la dimensión potencial del problema.

Las cuatro viviendas incorporadas equivalen, a modo de comparación estadística, a menos del 0,05 % de las 8.307 identificadas como vacías en el censo de 2021.

No es una tasa real de captación sobre el parque actualmente disponible, porque no se dispone de ese dato actualizado.

Pero el contraste ayuda a explicar por qué el balance del programa resulta tan limitado.

El Ayuntamiento quiere movilizar vivienda desocupada. La ciudad cuenta con miles de inmuebles que figuraban vacíos en el último censo. Sin embargo, después de nueve meses solo ha logrado incorporar cuatro mediante este sistema.

El desafío no consiste únicamente en localizar viviendas, sino en conseguir que sus propietarios quieran y puedan ponerlas en alquiler dentro de las condiciones públicas establecidas.

Ocho millones de presupuesto para Emvisa: así se repartirá el dinero en 2027

El reducido resultado de «Gijón Confía Alquilando» coincide con un incremento de los recursos generales de Emvisa.

La empresa municipal ha presentado para 2027 unas cuentas de 8.034.700 euros, lo que representa 404.300 euros más que el ejercicio anterior y un aumento del 5,30 %.

Dentro de ese presupuesto destacan las siguientes cantidades:

Las partidas forman parte de la planificación presupuestaria y no deben interpretarse como gasto ya ejecutado.

Las inversiones previstas incluyen 350.000 euros para adquisición de viviendas, 450.000 euros para actuaciones en inmuebles propiedad de Emvisa, 600.000 euros para la promoción de un edificio residencial en La Calzada, 65.000 euros para derramas y 20.000 euros para equipamiento de viviendas y oficinas.

La empresa municipal también trabaja en la recuperación de antiguos edificios y en la ampliación de recursos destinados a situaciones de emergencia social.

El Gobierno local defiende que el conjunto de estas actuaciones demuestra una apuesta por aumentar las posibilidades de acceso a la vivienda, no únicamente por subvencionar alquileres.

Pero esa estrategia también obliga a medir los resultados de cada programa por separado.

Una cosa es aumentar el presupuesto y otra conseguir que ese dinero se traduzca en más viviendas disponibles.

Un nuevo programa de 213.000 euros para jóvenes y personas con problemas de accesibilidad

La principal novedad anunciada para 2027 será la creación de una iniciativa específica denominada «Jóvenes y accesibilidad».

Contará con una dotación inicial de 213.000 euros y utilizará un sistema diferente al de «Gijón Confía Alquilando».

En lugar de limitarse a ofrecer intermediación y garantías, Emvisa alquilará viviendas a propietarios particulares y posteriormente las pondrá a disposición de los beneficiarios por una renta inferior.

La empresa municipal asumirá la diferencia económica entre ambas cantidades.

El proyecto se dirige a dos grupos con dificultades particulares para encontrar alojamiento.

Por un lado, jóvenes que necesitan acceder a una vivienda a un precio compatible con sus ingresos.

Por otro, personas que viven en edificios sin ascensor o que necesitan trasladarse a inmuebles accesibles por problemas de movilidad.

El planteamiento supone una mayor intervención de la empresa municipal, que pasará a desempeñar un papel directo como arrendataria y gestora de las viviendas.

También introduce un nuevo compromiso financiero: la diferencia entre el alquiler pagado al propietario y el importe cobrado al usuario deberá financiarse con recursos públicos.

La eficacia del programa dependerá de cuántas viviendas puedan incorporarse, de las diferencias de renta asumidas y del tiempo durante el que se mantengan los contratos.

Por ahora no se ha anunciado un número concreto de viviendas que se pretenda movilizar con esos 213.000 euros.

Emvisa también ha adelantado una experiencia piloto de convivencia intergeneracional, destinada a explorar fórmulas de alojamiento compartido y apoyo entre personas de distintas edades.

La vivienda pública, otra parte del problema que no puede confundirse con el programa

La discusión municipal se desarrolla en una ciudad donde las políticas de vivienda dependen de varias administraciones.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno del Principado en marzo de 2025, Gijón disponía entonces de 2.057 viviendas públicas, de las que 2.015 estaban ocupadas y 39 figuraban vacías.

De esas 39, diecinueve se encontraban en reparación y veinte estaban pendientes de rehabilitación.

Estas cifras no son comparables directamente con el balance de «Gijón Confía Alquilando», porque se refieren a viviendas públicas existentes y no a inmuebles de propietarios particulares captados mediante intermediación municipal.

También está en desarrollo la promoción autonómica de 250 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en la parcela de Peritos, con una inversión anunciada de 44 millones de euros y rentas previstas con un máximo de 8,50 euros por metro cuadrado.

El Principado defendió en su momento que ese proyecto permitiría ofrecer alquileres inferiores a los precios habituales del mercado.

Estas actuaciones muestran que la respuesta a la crisis residencial no depende de una sola medida.

La construcción de vivienda pública, la rehabilitación de inmuebles, las ayudas al alquiler y la captación de pisos vacíos cumplen funciones diferentes.

La cuestión consiste en determinar cuáles están produciendo resultados y cuáles necesitan modificaciones.

Las preguntas que Emvisa debería contestar antes de aprobar otros 400.000 euros

El próximo presupuesto municipal ofrece una oportunidad para someter el programa a una evaluación completa.

Más allá del número de contratos, hay varios indicadores imprescindibles que todavía no se han publicado de forma suficientemente detallada.

Primero: los propietarios. ¿Cuántos han solicitado información? ¿Cuántos expedientes han llegado a iniciarse? ¿Cuántos inmuebles han quedado descartados y por qué motivos?

Segundo: los inquilinos. ¿Cuántas personas han presentado solicitudes? ¿Cuántas han sido excluidas por no superar el límite de esfuerzo económico, el seguro de impago u otros requisitos?

Tercero: los costes. ¿Cuánto dinero se ha comprometido y pagado en seguros, gestión inmobiliaria, publicidad y administración? ¿Qué cantidad de los 400.000 euros de 2026 permanece sin ejecutar?

Cuarto: los resultados. ¿Cuántas viviendas nuevas espera incorporar el Ayuntamiento en 2027? ¿Existe un objetivo trimestral verificable?

Quinto: los cambios. ¿Qué bases se modificarán para mejorar la captación y qué garantías permanecerán intactas?

Sexto: la eficacia. ¿Cuál es el coste real por vivienda incorporada y cómo se compara con otras alternativas municipales de vivienda?

Sin estas respuestas resulta difícil determinar si el problema es de difusión, de requisitos excesivos, de incentivos insuficientes o de una combinación de todos esos factores.

Y, sobre todo, resulta imposible conocer con precisión la relación entre los recursos públicos utilizados y las viviendas efectivamente movilizadas.

El verdadero examen llegará en 2027

«Gijón Confía Alquilando» no ha demostrado todavía su capacidad para convertirse en una herramienta relevante contra la escasez de alquiler.

Sus cuatro contratos son un resultado positivo para los hogares que han accedido a esas viviendas, pero insuficiente para alterar de manera apreciable la oferta residencial de una ciudad como Gijón.

La existencia de pisos alquilados por 500, 520, 569 o 600 euros demuestra que la fórmula puede proporcionar precios atractivos.

Lo que falta es conseguir que funcione a una escala mayor.

El Ayuntamiento mantiene su apuesta, anuncia una revisión de las bases y conserva una partida presupuestaria de 400.000 euros para el próximo ejercicio.

Los responsables municipales sostienen que el programa necesita más difusión y que las dificultades derivadas de la inseguridad jurídica afectan a la disposición de los propietarios a alquilar.

Pero, después de nueve meses, la evaluación no puede apoyarse únicamente en las intenciones iniciales.

Gijón necesita saber cuántas viviendas puede recuperar realmente, cuánto dinero está costando hacerlo y qué cambios permitirán que el sistema deje de avanzar a un ritmo de cuatro contratos en nueve meses.

La política de vivienda no se mide solo por las partidas que aparecen en un presupuesto, sino también por las puertas que se abren y por las familias que consiguen acceder a una casa.

Y ahí está, precisamente, la asignatura pendiente de «Gijón Confía Alquilando».

El programa ya tiene financiación, agencias colaboradoras, seguros y un sistema de adjudicación. Lo que todavía le faltan son viviendas.