María del Carmen Pérez Ruiz, con más de quince años de experiencia en el propio centro, asume la dirección de Sograndio y pone fin a cuatro meses de intervención directa de la Consejería de Justicia. Su nombramiento llega después de una sucesión de altercados, ocho fugas de internos en apenas una semana, agresiones a vigilantes y la dimisión de la anterior responsable. El Principado refuerza la seguridad y amplía las instalaciones, pero queda por demostrar si el cambio de dirección conseguirá resolver los problemas que han situado al centro en el punto de mira.
Oviedo, 13 de octubre de 2026. El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio inicia hoy una nueva etapa después de varios meses marcados por la violencia, las fugas, las denuncias de los trabajadores y una intervención extraordinaria de la Administración autonómica. El Gobierno del Principado ha nombrado a María del Carmen Pérez Ruiz nueva directora del centro, una profesional que conoce sus instalaciones, su funcionamiento y sus dificultades desde hace más de quince años.
El nombramiento supone mucho más que un relevo administrativo.
Con la llegada de Pérez Ruiz, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos da por finalizada la intervención directa de Sograndio, que comenzó el pasado 9 de junio después de una sucesión de incidentes que pusieron de manifiesto graves problemas de seguridad, organización y convivencia.
La nueva directora asume la responsabilidad en un momento especialmente delicado. En agosto, ocho internos lograron escapar del centro en dos incidentes diferentes, varios vigilantes resultaron heridos y la entonces directora, Aida Rodrigo Norniella, presentó su dimisión.
Ahora, el Ejecutivo autonómico considera llegado el momento de recuperar una dirección ordinaria.
Pero la pregunta es inevitable: ¿está Sograndio preparado para volver a funcionar sin la tutela extraordinaria de la Consejería?
De auxiliar educadora a directora: una profesional que conoce Sograndio desde dentro
El Gobierno ha optado por una persona con una larga trayectoria dentro de las instalaciones.
María del Carmen Pérez Ruiz es diplomada en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ha desarrollado su carrera profesional durante más de quince años en el centro.
A lo largo de ese periodo ha desempeñado distintos puestos: auxiliar educadora, educadora y coordinadora.
Esta experiencia le ha permitido conocer directamente la intervención con adolescentes que cumplen medidas judiciales, la organización de los equipos y las dificultades que plantea la convivencia en un centro de estas características.
También cuenta con formación especializada en mediación familiar, protección de la infancia y la adolescencia e intervención con menores infractores.
Su preparación incluye conocimientos específicos sobre derecho penal de menores, gestión de equipos, resolución de conflictos y técnicas de desescalada.
Precisamente estas últimas competencias adquieren especial importancia después de los episodios violentos registrados durante los últimos meses.
La nueva directora llega, por tanto, con una ventaja evidente: no necesita descubrir desde fuera cómo funciona Sograndio.
Conoce sus instalaciones y ha formado parte de los equipos encargados de desarrollar el trabajo socioeducativo.
Pero esa misma circunstancia plantea una exigencia adicional: demostrar que la experiencia acumulada puede traducirse en cambios efectivos en la organización y en la seguridad.
El nombramiento se ha producido mediante el procedimiento de libre designación convocado el pasado mes de septiembre.
Junio: el Gobierno intervino Sograndio después de las agresiones a trabajadores
Para comprender la importancia del relevo anunciado hoy hay que retroceder al 9 de junio.
Aquel día, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos anunció una medida extraordinaria: asumir directamente la gestión cotidiana del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio.
La decisión llegó después de varios altercados en los que resultaron heridos trabajadores.
El consejero Guillermo Peláez reconoció entonces que las instalaciones soportaban una elevada presión asistencial.
El centro tenía alrededor de 54 internos, cuando su ocupación habitual se situaba en torno a 30.
La diferencia reflejaba un incremento considerable de las necesidades de atención, vigilancia y organización.
Además, algunos internos ya habían alcanzado la mayoría de edad, aunque continuaban cumpliendo medidas impuestas por la jurisdicción de menores.
Esta circunstancia añadía complejidad a la gestión.
El Gobierno decidió crear una comisión de dirección encabezada por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente.
El equipo debía hacerse cargo de la organización diaria del centro, evaluar los problemas y adoptar medidas para recuperar la normalidad.
La intervención se anunció inicialmente para un periodo mínimo de tres meses.
Sin embargo, la evolución posterior demostró que la crisis estaba lejos de resolverse.
Agosto: ocho fugas en una semana y varios vigilantes heridos
Los acontecimientos más graves se registraron durante la primera semana de agosto.
El lunes 3, un altercado entre internos obligó a intervenir al personal de seguridad.
Mientras parte de los efectivos trataba de contener el enfrentamiento, cinco internos consiguieron escapar del centro a través del vallado exterior de la zona de talleres.
Varios vigilantes sufrieron lesiones durante el incidente.
El episodio puso de manifiesto deficiencias de seguridad que los representantes de los trabajadores llevaban tiempo denunciando.
Pero la situación empeoró apenas cuatro días después.
El viernes 7 de agosto se produjo una segunda fuga, esta vez protagonizada por otros tres internos.
Uno de los vigilantes que trató de impedir la huida resultó herido.
En apenas cinco días, ocho internos habían conseguido escapar de unas instalaciones sometidas desde junio a una intervención extraordinaria de la Consejería.
Los sucesos provocaron una importante reacción política y sindical.
El Gobierno anunció nuevas medidas de seguridad y confirmó la salida de la entonces directora, Aida Rodrigo Norniella.
La renuncia fue formalizada posteriormente mediante el correspondiente procedimiento administrativo y publicada en el Boletín Oficial del Principado.
La sucesión de incidentes convirtió la gestión del centro en uno de los asuntos más controvertidos de la Consejería durante el verano.
Los trabajadores habían advertido de que la situación era insostenible
Las fugas no fueron acontecimientos aislados de un conflicto desconocido.
Los representantes de los trabajadores venían denunciando desde meses anteriores deficiencias relacionadas con la seguridad, la organización interna y las condiciones laborales.
Entre sus principales reclamaciones figuraban la necesidad de disponer de protocolos claros de actuación, mejorar la coordinación de los equipos y adaptar los recursos al perfil de los internos.
También cuestionaron la gestión de la anterior dirección.
Los sindicatos CSIF y USIPA llegaron a expresar su desconfianza hacia la intervención administrativa anunciada en junio.
Consideraban que crear una comisión de seguimiento resultaba insuficiente si no se abordaban los problemas estructurales.
Después de las fugas de agosto, los vigilantes volvieron a denunciar la falta de medios adecuados y las dificultades para garantizar la seguridad.
En sus reclamaciones aparecía también una cuestión fundamental: Sograndio no puede limitarse a impedir fugas o contener altercados. Debe garantizar un funcionamiento seguro que permita desarrollar el trabajo educativo y de reinserción.
Esa doble responsabilidad será una de las principales exigencias para María del Carmen Pérez.
Casi un millón de euros para reforzar la seguridad
El Principado ha acompañado el relevo de la dirección con un programa de actuaciones materiales.
El pasado 18 de septiembre, el consejero Guillermo Peláez detalló en la Junta General una inversión de 935.000 euros destinada a mejorar la seguridad y las instalaciones del centro.
Las actuaciones incluyen el refuerzo del vallado perimetral, la mejora del sistema de videovigilancia y la construcción de nuevas unidades de aislamiento, conocidas como camarillas.
También contemplan la contratación de auxiliares de servicios y diversas reparaciones.
El refuerzo de la valla tiene una relación directa con los incidentes de agosto, cuando varios internos consiguieron abandonar las instalaciones aprovechando puntos vulnerables del cerramiento.
La ampliación de las camarillas pretende incrementar la capacidad del centro para gestionar situaciones que requieren separación o medidas específicas de seguridad, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa.
La mejora de la videovigilancia busca facilitar el control de los espacios y la supervisión de las instalaciones.
Sin embargo, la nota difundida hoy no precisa qué porcentaje de las obras está terminado ni cuándo concluirá la totalidad de las actuaciones.
Por tanto, el relevo en la dirección se produce mientras continúan las mejoras materiales.
El nombramiento no significa que el proceso de reforma haya concluido.
Más vigilancia para responder a una población de internos cada vez más compleja
Otra de las decisiones adoptadas durante el verano fue el refuerzo del personal de seguridad.
Tras los incidentes de agosto, el Gobierno anunció la incorporación de diez efectivos adicionales, hasta alcanzar una dotación de 21 vigilantes por turno, según los datos facilitados entonces por la Consejería.
En aquel momento, la población del centro rondaba los 53 internos.
El Ejecutivo también planteó estudiar un incremento de la plantilla y una revisión de los programas socioeducativos para adaptarlos a las necesidades actuales.
La cuestión del perfil de los internos ha aparecido de forma recurrente en las explicaciones oficiales.
Algunos jóvenes presentan necesidades de intervención especialmente complejas y requieren una atención individualizada.
Además, la legislación permite que determinadas medidas judiciales impuestas durante la minoría de edad continúen ejecutándose después de cumplir los 18 años.
Por tanto, la presencia de personas mayores de edad en Sograndio no constituye por sí misma una irregularidad.
La dificultad reside en garantizar que las instalaciones, los equipos profesionales y los programas sean adecuados para atender a una población con edades, circunstancias y necesidades diferentes.
La seguridad no depende únicamente de aumentar el número de vigilantes. También exige una organización eficaz, formación, protocolos claros y coordinación entre los profesionales.
Sograndio no es una prisión convencional: su finalidad también es educativa
Aunque los sucesos de los últimos meses han situado la seguridad en el centro del debate, conviene recordar cuál es la función del establecimiento.
El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio acoge a jóvenes que cumplen medidas judiciales impuestas conforme a la legislación de responsabilidad penal de menores.
Su actividad debe combinar el cumplimiento de esas resoluciones con una intervención orientada a la educación y la reinserción social.
El trabajo cotidiano incluye actuaciones socioeducativas, seguimiento individualizado y programas destinados a favorecer la adquisición de habilidades personales y sociales.
Los profesionales deben trabajar también aspectos relacionados con la convivencia, el control de impulsos, la resolución de conflictos y las relaciones familiares.
La finalidad es reducir el riesgo de reincidencia y favorecer que los jóvenes puedan reincorporarse a la sociedad.
Pero ese objetivo requiere condiciones adecuadas.
Un centro sometido a incidentes violentos, deficiencias de organización o problemas de seguridad difícilmente puede desarrollar con normalidad sus programas educativos.
Por eso, recuperar el control de Sograndio no consiste solamente en impedir nuevas fugas, sino también en garantizar que pueda cumplir su función de reinserción.
Esta será una de las cuestiones más importantes para evaluar la gestión de la nueva directora.
La salida de Aida Rodrigo cerró una etapa especialmente conflictiva
La anterior directora, Aida Rodrigo Norniella, había sido nombrada en junio de 2025.
Su etapa al frente del centro estuvo marcada, durante sus últimos meses, por la creciente conflictividad y por las críticas de los representantes de los trabajadores.
La intervención directa acordada por la Consejería en junio de 2026 supuso una modificación extraordinaria del funcionamiento habitual del establecimiento.
Aunque inicialmente la dirección permaneció en su puesto, las decisiones de organización quedaron sometidas a la comisión encabezada por la viceconsejera de Justicia.
Los acontecimientos de agosto precipitaron finalmente la renuncia de Rodrigo.
El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha un nuevo procedimiento de provisión de la plaza.
La elección de María del Carmen Pérez Ruiz culmina ahora ese proceso.
El relevo permite recuperar una estructura ordinaria de dirección, aunque las medidas de seguridad y las actuaciones de mejora continúan en marcha.
La Consejería no ha publicado hoy un balance detallado de los resultados obtenidos durante los cuatro meses de intervención.
Tampoco ha difundido una evaluación pública que permita determinar qué problemas se consideran resueltos y cuáles permanecen pendientes.
¿Qué cambia realmente con la nueva directora?
El cambio más evidente es organizativo.
La comisión extraordinaria encabezada por Encarnación Vicente deja de asumir la gestión cotidiana y el centro vuelve a contar con una dirección ordinaria.
La nueva responsable tendrá que coordinar el funcionamiento interno, los equipos profesionales y la aplicación de las medidas judiciales.
Pero hay otros desafíos de mayor calado.
El primero será recuperar la confianza de los trabajadores después de meses de denuncias y conflictos.
El segundo, garantizar que los protocolos de actuación permitan responder con seguridad a situaciones de violencia o alteraciones de la convivencia.
El tercero, supervisar la finalización de las obras de refuerzo.
El cuarto, conseguir que los programas socioeducativos funcionen en condiciones adecuadas.
Y el quinto, demostrar que las decisiones adoptadas durante los últimos meses han reducido realmente la conflictividad.
Para evaluar estos resultados será necesario disponer de información periódica sobre incidentes, agresiones, fugas y condiciones de funcionamiento del centro.
Sin esos indicadores, resultará difícil determinar si la situación ha mejorado de forma sostenida.
El Gobierno cierra la intervención, pero quedan preguntas sin responder
El nombramiento anunciado hoy tiene una consecuencia política importante.
La Consejería da por concluida la gestión extraordinaria que había asumido durante el verano.
Es una decisión que transmite la voluntad del Ejecutivo de recuperar la normalidad institucional.
Sin embargo, el cierre administrativo de una intervención no constituye por sí mismo una prueba de que hayan desaparecido los problemas que la motivaron.
Hay cuestiones que todavía requieren respuestas.
¿Cuál es la ocupación actual del centro?
¿Cuántos incidentes violentos se han registrado desde agosto?
¿Se han completado los nuevos protocolos de seguridad?
¿Cuándo terminarán las obras del vallado y la videovigilancia?
¿Se han atendido las reclamaciones de los trabajadores?
¿Dispone Sograndio de los recursos necesarios para desarrollar sus programas de reinserción?
La información difundida este martes no permite responder de manera completa a estas preguntas.
Tampoco incluye declaraciones de los sindicatos o del comité de empresa sobre el nombramiento de Pérez Ruiz.
Su valoración será importante para conocer cómo recibe la plantilla esta nueva etapa.
La prueba decisiva: que Sograndio deje de ser noticia por sus incidentes
María del Carmen Pérez Ruiz llega a la dirección de Sograndio en uno de los momentos más exigentes de su historia reciente.
Su experiencia profesional constituye uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar el nombramiento.
Pero el desafío que tiene por delante no se resolverá únicamente con conocimiento del centro y formación especializada.
Durante los últimos meses, Sograndio ha sido noticia por las agresiones a trabajadores, las fugas de internos, la dimisión de su anterior directora y la intervención extraordinaria de la Consejería.
Ahora dispone de una nueva responsable y de inversiones destinadas a corregir parte de sus deficiencias.
El Gobierno considera que ha llegado el momento de devolver la gestión cotidiana a una dirección ordinaria.
La nueva directora deberá demostrar que Sograndio puede funcionar con seguridad, estabilidad y respeto a los derechos de los internos y de los trabajadores.
Y la Administración tendrá que acreditar que las medidas anunciadas no se limitan a reforzar las instalaciones, sino que contribuyen a mejorar el funcionamiento del centro.
Porque después de cuatro meses de intervención, ocho fugas en una sola semana y casi un millón de euros destinados a mejoras, la pregunta fundamental sigue abierta:
¿Será este el comienzo de una recuperación real de Sograndio o simplemente el final administrativo de una de sus etapas más difíciles?
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