El alto tribunal debe resolver con urgencia si mantiene la suspensión cautelar que afecta a parte de los nacionalizados por la llamada «ley de nietos». La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman levantarla ante la proximidad electoral.

Asturias afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con un censo de 979.077 electores, de los que 143.588 residen en el extranjero. La comunidad es la quinta circunscripción española con mayor volumen de voto exterior, una circunstancia que concede especial relevancia a la batalla jurídica abierta en el Tribunal Supremo.

El alto tribunal estudia contrarreloj si mantiene o levanta la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones obtenidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos».

La situación ha cambiado radicalmente con el adelanto electoral. Lo que hasta septiembre era una controversia judicial sin elecciones inmediatas se ha convertido en un problema urgente que afecta a los derechos de miles de ciudadanos españoles.

Un censo que debe quedar cerrado definitivamente el 23 de octubre

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado que se levante la suspensión. Argumentan que resulta materialmente imposible revisar individualmente los expedientes afectados dentro de los plazos electorales.

La cifra de personas potencialmente afectadas en toda España asciende a 163.020, según los datos trasladados al procedimiento. No significa que todos los asturianos residentes en el extranjero tengan comprometido su derecho al voto, ni se conoce todavía cuántos electores de la circunscripción asturiana están afectados.

El calendario añade presión. El censo podrá consultarse del 12 al 19 de octubre, mientras que su publicación definitiva está prevista para el 23.

Una decisión con consecuencias políticas y jurídicas

Los recurrentes defienden la necesidad de garantizar la legalidad y transparencia del censo electoral. Iustitia Europa ha llegado incluso a solicitar la suspensión de los comicios ante las dificultades para ejecutar la medida cautelar.

En sentido contrario, la Fiscalía y la Abogacía del Estado advierten de que mantener la suspensión sin permitir que los afectados puedan defender sus derechos podría generar un grave problema constitucional.