El conflicto laboral en ArcelorMittal ha dado un salto cualitativo en Europa. El Comité de Empresa Europeo (CEE) del grupo siderúrgico ha acusado formalmente a la dirección de la compañía de vulnerar de manera reiterada y consciente los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores en el marco de un ambicioso plan de deslocalización de funciones de apoyo hacia India.

La denuncia se hizo pública ayer jueves, tras una reunión del comité celebrada en Luxemburgo, y este viernes sigue generando reacciones en distintos países europeos. Los sindicatos sostienen que no se trata de una reorganización técnica, sino de un traslado masivo de conocimiento y funciones estratégicas que amenaza miles de empleos y debilita la base industrial europea.

Qué se quiere deslocalizar (y por qué preocupa tanto)

El plan impulsado por la multinacional afecta a servicios centrales y de soporte: informática, logística, finanzas, compras, gestión de aplicaciones, soporte digital y otras áreas que, aunque no están en primera línea productiva, son esenciales para el funcionamiento diario de las plantas.

El CEE alerta de que el traslado de estas funciones a países con costes laborales muy inferiores y marcos sociales más laxos, principalmente India, supone vaciar de contenido técnico y operativo a numerosos centros europeos, dejándolos más dependientes, más frágiles y con menor capacidad de reacción ante incidencias.

El impacto: miles de empleos en juego

Según las estimaciones sindicales, el proyecto podría afectar a unos 5.600 puestos de trabajo directos en hasta 20 países europeos, a los que habría que sumar un volumen indeterminado de empleo indirecto en subcontratas, servicios tecnológicos y proveedores locales.

En el caso de España, el foco está especialmente puesto en Asturias, donde ArcelorMittal concentra su principal polo productivo. Los representantes de los trabajadores cifran en hasta 450 los puestos potencialmente afectados en el Principado solo en la última fase ampliada del proyecto.

La acusación clave: sin información, no hay consulta

El núcleo de la denuncia no es solo el contenido del plan, sino las formas. El Comité Europeo acusa a la dirección de ArcelorMittal de negar sistemáticamente la información detallada y por escrito que exige la legislación comunitaria para poder realizar una consulta real y efectiva.

Recuerdan que la normativa europea obliga a que estos procesos se desarrollen cuando los proyectos aún pueden modificarse de forma sustancial, con datos completos, plazos razonables y antes de que se adopten decisiones irreversibles. Según el CEE, nada de eso se ha cumplido.

El comunicado sindical habla abiertamente de “desprecio por el diálogo social europeo” y de una vulneración flagrante de derechos que convierte la consulta en un mero trámite vacío.

Llamamiento directo a Bruselas

Ante la gravedad del escenario, los representantes de los trabajadores han elevado el conflicto al plano político. Reclaman la intervención urgente de las instituciones europeas —Comisión, Parlamento y Consejo— para obligar a la empresa a cumplir la legislación en materia de información y consulta.

El comité subraya que la siderurgia es un sector estratégico para la Unión Europea: clave para la soberanía industrial, la transición verde, la seguridad económica y la resiliencia frente a la competencia internacional. En ese contexto, consideran que permitir una deslocalización masiva de funciones críticas sería un error estructural.

Asturias, entre la recuperación productiva y la incertidumbre laboral

Este pulso sindical llega en un momento delicado para las plantas asturianas. En las últimas horas, el horno alto A de Veriña ha retomado la producción tras una parada programada, recuperando la normalidad operativa. Al mismo tiempo, sigue en marcha la planificación de trabajos tras la parada en frío del horno alto B, que no volverá a operar hasta dentro de varios meses.

Para los sindicatos, el mensaje es claro: no se puede exigir estabilidad y competitividad a las plantas mientras se vacían por detrás los equipos técnicos que las sostienen.

Qué puede pasar ahora

El conflicto queda abierto en varios frentes:

• Escalada jurídica, por vulneración del derecho de información y consulta.

• Presión política europea, con el objetivo de forzar un cambio de rumbo.

• Negociación tensa, si la empresa accede a entregar datos concretos y medidas sociales.

• O un choque frontal, si el plan avanza sin modificaciones.

Lo que el comité europeo deja claro es que esto ya no es solo una discusión laboral, sino una batalla sobre qué industria quiere conservar Europa y a qué precio.