Durante años tuvo el control absoluto del dinero del edificio. Y lo utilizó para vaciar la cuenta poco a poco, sin levantar sospechas. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a tres años de prisión a una administradora de fincas de Gijón por un delito continuado de apropiación indebida agravada, tras considerar probado que se apoderó de 151.809,62 euros pertenecientes a una comunidad de propietarios situada en el centro de la ciudad.

La sentencia, dictada el 9 de diciembre, describe un fraude sostenido entre 2018 y 2022, basado en la confianza de los vecinos y en el acceso total de la acusada a las cuentas bancarias de la comunidad.

Transferencias periódicas a su cuenta camufladas como obras inexistentes

Según los hechos probados, la condenada realizó durante cuatro años transferencias recurrentes desde la cuenta comunitaria a sus cuentas personales, registrando esos movimientos como supuestos pagos por obras de mantenimiento, servicios profesionales o trabajos que nunca se realizaron.

El tribunal subraya que no se trató de un robo puntual, sino de una sustracción progresiva y continuada, cuidadosamente disimulada en la contabilidad para evitar levantar sospechas.

Dinero en efectivo que nunca llegó a la caja común

El fraude no se limitó a las operaciones bancarias. La sentencia recoge que la administradora cobró dinero en mano a propietarios individuales, con la excusa de amortizar deudas de la comunidad.
En uno de los casos acreditados, llegó a percibir 6.290 euros en efectivo que jamás fueron ingresados en las cuentas del edificio.

Subvenciones millonarias y falta de control: el escenario perfecto

Durante el periodo investigado, la comunidad recibió una cantidad muy elevada de dinero —529.636,75 euros— en concepto de financiación y subvenciones para la rehabilitación del inmueble.
Este flujo constante de ingresos facilitó que los desvíos pasaran desapercibidos durante más tiempo, al diluirse entre múltiples movimientos económicos.

Sin juntas, sin explicaciones y sin acceso a la documentación

Para evitar ser descubierta, la condenada dejó de convocar juntas de propietarios a partir de 2020, aprovechando las restricciones derivadas de la pandemia. Durante ese tiempo:

• Ignoró las peticiones de información de los vecinos

• Impidió cualquier control efectivo de las cuentas

• Y, tras ser cesada en 2022, se negó a entregar los libros de actas y la documentación contable

Esta actitud obligó a la comunidad a acudir a los tribunales para poder reconstruir lo ocurrido.

Una defensa que no convenció al tribunal

Durante el juicio, la acusada alegó que las transferencias eran devoluciones de préstamos personales que supuestamente había realizado a la comunidad.
El tribunal rechaza de plano esta versión y la califica de “confusa y contradictoria”, destacando que la prueba pericial desmontó por completo su relato.

Cárcel, multa e inhabilitación profesional

Además de la pena de tres años de prisión, la sentencia impone:

• Multa de ocho meses y quince días, por un total de 3.060 euros

• Inhabilitación especial para ejercer como administradora de comunidades de propietarios durante el tiempo que dure la condena

La responsabilidad económica por el dinero sustraído será asumida por una de las aseguradoras de la condenada, que deberá resarcir a los vecinos.

La defensa dispone ahora de diez días para presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Un caso que pone el foco en una realidad incómoda

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad tan incómoda como conocida: cuando una sola persona concentra el control del dinero y desaparecen los mecanismos de supervisión, el riesgo de fraude se dispara.
En comunidades pequeñas o medianas, la confianza suele sustituir al control. Y, cuando eso ocurre, el daño no solo es económico: rompe la convivencia y deja cicatrices durante años.