La causa judicial que investiga una presunta agresión sexual cometida por el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, entra en una fase decisiva. La mujer que lo ha denunciado ha solicitado formalmente al juzgado que sea la Guardia Civil —y no la Policía— la encargada de verificar la autenticidad de los audios, llamadas y mensajes que sustentan la querella, entre ellos una grabación de más de 40 minutos que, según la acusación, documenta los hechos denunciados.

La petición no es casual. La defensa de la agente se adelanta así a una previsible impugnación de las pruebas por parte del investigado, consciente de que el peso del procedimiento descansa en ese material sonoro. Para blindarlo jurídicamente, el abogado de la denunciante reclama la intervención de peritos especializados de la Guardia Civil en análisis forense digital, cotejo de voces, verificación de metadatos y reconstrucción de comunicaciones, con el objetivo de garantizar que las pruebas lleguen al juicio sin sombra alguna de duda.

El núcleo del caso: jerarquía, presión y una grabación determinante

La querella, ya admitida a trámite, sostiene que la relación entre ambos estaba marcada por una clara subordinación jerárquica, que habría sido utilizada por el alto mando policial para ejercer control, presión psicológica y dominación sobre la denunciante. Según el relato judicial, la agente intentó poner fin a la relación, pero se vio incapaz por el temor a represalias profesionales y por la reiterada invocación del rango y la autoridad del investigado.

La grabación aportada —junto a llamadas insistentes y mensajes— constituye, para la acusación, la pieza central del procedimiento. Precisamente por eso se solicita que la Policía Nacional no participe en su validación, para evitar cualquier cuestionamiento futuro sobre la imparcialidad del peritaje.

Partes médicos, informes psicológicos y posible uso de medios oficiales

Además del análisis de los audios, la acusación ha pedido al juez la incorporación de partes médicos y de un informe de intervención psicosocial elaborado por un servicio municipal especializado en violencia, con el fin de acreditar las secuelas físicas y psicológicas sufridas por la denunciante tras los hechos.

La querella va más allá de la agresión sexual y solicita investigar otros posibles delitos, como coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, al considerar que el exDAO pudo haber utilizado medios materiales y humanos del cuerpo —vehículos oficiales, conductor y recursos policiales— para mantener contacto y control sobre la agente.

Testigos clave y un episodio bajo la lupa

Entre las diligencias solicitadas figura la citación como testigo del excomisario Óscar San Juan, colaborador directo del entonces DAO. Según la querella, San Juan se encontraba presente en un episodio especialmente sensible: una comida en la que el exDAO habría ordenado a la agente desplazarse desde su puesto de trabajo hasta un restaurante, primero en un coche camuflado y posteriormente con conductor oficial, para quedarse a solas con ella.

Protección policial y repercusión institucional

Tras hacerse pública la denuncia, la agente ha aceptado protección policial, después de que su identidad y detalles del procedimiento comenzaran a circular en entornos internos y externos. El Ministerio del Interior ha abierto actuaciones para esclarecer posibles filtraciones y el impacto del caso ha provocado un terremoto institucional sin precedentes.

De forma interina, el cargo de DAO ha sido asumido por Gemma Barroso Villarreal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa responsabilidad en la cúpula operativa del cuerpo.

Lo que viene ahora

El procedimiento entra en una etapa clave:

• El juzgado deberá decidir qué cuerpo policial realiza el peritaje de las pruebas digitales.

• Se practicará el análisis forense de los audios y comunicaciones.

• Declararán el investigado y los testigos señalados.

El caso no solo determinará la responsabilidad penal del ex número dos de la Policía, sino que abre un debate profundo sobre los protocolos internos, el poder jerárquico y la protección real de las víctimas dentro de las fuerzas de seguridad. A partir de ahora, cada diligencia contará. Y mucho.