La sospecha de una grabación, una relación previa marcada por el poder y un sistema que empuja a las víctimas al silencio

La querella por presunta violación contra el ya dimitido José Ángel González, hasta hace días director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha provocado un terremoto sin precedentes en el Ministerio del Interior y en la propia cúpula policial. No se trata solo de una denuncia por agresión sexual: el caso expone las grietas más profundas del sistema cuando la víctima y el presunto agresor comparten uniforme, jerarquía y pasado.

La investigación judicial, que instruye el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, parte de la denuncia de una agente veterana, en pleno proceso de ascenso a inspectora, que acusa al máximo responsable operativo del cuerpo de haberla agredido sexualmente en abril de 2025 en una vivienda de Madrid. La causa está en fase inicial, pero los detalles que ya han trascendido dibujan un escenario mucho más complejo que un episodio aislado.

La gran incógnita: por qué subió al domicilio

Uno de los elementos que más desconcierta a quienes conocen el caso es el propio inicio del relato. La denunciante, policía experimentada, conocedora de los protocolos de violencia sexual y de los patrones de actuación de los agresores, habría accedido a subir al domicilio del DAO pese a sentirse previamente acosada.

Dentro de la Policía Nacional, y especialmente entre agentes con experiencia en las UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer), se abre paso una explicación inquietante: la agente habría decidido hacerlo para obtener pruebas. De ahí la existencia de una grabación de audio a la que se alude en la querella, que podría recoger parte de lo sucedido o del contexto de presión previa.

Según fuentes policiales de acreditada solvencia, la denunciante habría vivido situaciones similares en el pasado, con al menos dos denuncias anteriores por agresión o acoso sexual que no prosperaron judicialmente. En ambos casos, la falta de pruebas objetivas habría sido determinante. Esta experiencia previa explicaría la decisión de grabar, aun a riesgo personal.

Sin investigación policial… de momento

Pese a la gravedad del caso, no existe aún una investigación policial interna en marcha. La razón es estrictamente procedimental: la Policía Nacional no ha sido notificada oficialmente de los hechos, al encontrarse la causa en sede judicial. Además, al estar abiertas diligencias judiciales, tampoco procede activar una investigación de Asuntos Internos.

A ello se suma un factor clave: el denunciado pasa a la situación de jubilado en cuestión de horas, lo que limita cualquier recorrido disciplinario dentro del cuerpo.

Por ahora, nadie en la Policía ha escuchado la supuesta grabación, ni las llamadas de presión que la querella menciona. Todo está en manos del juzgado.

Una relación previa y un patrón que se repite

La agresión denunciada no habría sido la primera situación violenta entre la agente y el DAO. Según fuentes policiales, ambos mantuvieron una relación anterior años atrás, cuando coincidieron destinados en Valladolid. Esa relación terminó, pero el vínculo —personal y profesional— nunca desapareció del todo.

La querella describe una “situación de subordinación institucional” en la que el querellado habría instrumentalizado su posición jerárquica para mantener una dinámica de control, dominación y sumisión psicológica. La denunciante, siempre según el relato judicial, habría manifestado en múltiples ocasiones su voluntad inequívoca de poner fin a cualquier relación.

Tras aquella primera etapa, la agente mantuvo otra relación sentimental con un dirigente sindical policial. Aquella historia también acabó en los tribunales, con una denuncia archivada por falta de indicios suficientes. Un patrón que vuelve a repetirse: denuncias que no prosperan, relaciones de poder y una sensación de impunidad que se acumula.

El día de los hechos: dudas sin resolver

El miércoles 23 de abril de 2025, día laborable, la agente acudió a una cita en un restaurante de Madrid a la que había sido llamada por el DAO. En la mesa se encontraba también su segundo, Óscar San Juan, apartado cautelarmente del servicio tras estallar el escándalo.

La agente realizó el trayecto en un Renault Kadjar camuflado de la Policía, pero por ahora no consta que existiera autorización formal para el uso del vehículo ni registro del desplazamiento o de su geolocalización. Tampoco ha trascendido que solicitara permiso a su superior inmediato para abandonar su puesto de trabajo, pese a encontrarse en servicio activo, según recoge la querella.

Todo esto ocurre mientras la denunciante se encontraba en prácticas, pendiente de la confirmación de su ascenso a inspectora. En palabras de una compañera: “En la Policía, el DAO es un dios”. Esa frase resume la presión ambiental que muchos consideran clave para entender decisiones que, desde fuera, parecen incomprensibles.

Por qué acudió al juez y no a la Policía

Otra de las claves del caso es el canal elegido para denunciar. La agente no acudió a la Policía, sino directamente a la Justicia. El motivo, según explican especialistas en violencia de género dentro del cuerpo, es bien conocido: cuando existe una relación previa entre agresor y víctima, el caso se tramita como violencia de género y la investigación suele recaer en la misma comisaría en la que trabaja la denunciante.

Aunque el protocolo garantiza la protección de la identidad, en la práctica son los propios compañeros quienes acaban conociendo los hechos. Para una mujer policía, eso puede convertirse en un círculo vicioso, incluso infernal: exposición, rumores, desconfianza y una carrera profesional en riesgo.

Dimisión y pulso político

José Ángel González anunció su dimisión en cuanto supo que la querella había sido admitida a trámite. Aseguró que lo hacía para no perjudicar el buen nombre del cuerpo y para poder defenderse “en condiciones”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ido más allá y ha lanzado un órdago político: asegura que dimitirá si la denunciante afirma que él la ha desprotegido. Una declaración que refleja hasta qué punto el caso amenaza con escalar más allá del ámbito judicial.

Lo que viene ahora

El avance de la instrucción judicial podría arrojar luz sobre varias incógnitas clave:

• El contenido real de la grabación.

• La existencia de presiones posteriores para silenciar la denuncia.

• El papel de otros mandos policiales en los días previos y posteriores a los hechos.

A partir del 17 de marzo, cuando la agente ratifique su denuncia y el exDAO preste declaración, el caso entrará en una fase decisiva.

Una historia que va más allá de un nombre

Este no es solo el caso de un alto mando policial denunciado por violación. Es el retrato de un sistema en el que las agresiones en entornos cerrados siguen chocando con la falta de pruebas, donde la palabra de la víctima se enfrenta al poder jerárquico y donde denunciar puede tener un coste profesional y personal insoportable.

Sea cual sea el desenlace judicial, el daño institucional ya está hecho. Y la pregunta que flota en el aire dentro y fuera de la Policía Nacional es tan incómoda como inevitable: ¿cuántas denuncias no llegan nunca a contarse porque nadie se atreve a grabar, a denunciar o a subir una escalera más?