El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy martes un Real Decreto que abre la puerta a la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas migrantes en situación administrativa irregular en España. La medida, pactada en el seno del Ejecutivo con el impulso de Podemos y anunciada públicamente ayer, supone una de las decisiones más relevantes en política migratoria desde la regularización masiva de 2005.
No se trata de una ley nueva, sino de una reforma del Reglamento de Extranjería mediante decreto, lo que agiliza su entrada en vigor al no requerir convalidación parlamentaria. La norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días y fijará la fecha exacta de aplicación, aunque desde el Gobierno se apunta a una puesta en marcha inmediata tras su publicación.
¿Cuántas personas se verán afectadas?
La cifra oficial que maneja el Ejecutivo es de más de 500.000 potenciales beneficiarios. Sin embargo, distintos estudios sitúan la población en situación irregular en España en torno a las 800.000–900.000 personas. Eso significa que no todos podrán acogerse a la medida, ya que deberán cumplir requisitos estrictos de permanencia y ausencia de antecedentes penales.
En términos comparativos, la regularización de 2005 permitió normalizar la situación de unas 570.000 personas. El impacto de la actual podría situarse en magnitudes similares, aunque dependerá de cuántos solicitantes logren acreditar los requisitos exigidos.
Los requisitos: tres condiciones clave
La regularización se articula en torno a tres filtros principales:
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Estar en España a 31 de diciembre de 2025.
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Acreditar una estancia mínima continuada de cinco meses en el país.
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No tener antecedentes penales considerados graves o relevantes.
La redacción definitiva del decreto será determinante para concretar qué se entiende exactamente por “antecedentes relevantes”, un punto especialmente sensible desde el punto de vista jurídico.
Cómo se podrá demostrar la estancia
Uno de los elementos centrales de la medida es la flexibilización de los medios de prueba. No se limitará exclusivamente al empadronamiento. Entre los documentos válidos podrán figurar:
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Certificado de padrón.
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Informes o citas médicas.
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Certificados de asistencia a recursos sociales.
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Contratos de alquiler.
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Recibos de suministros (agua, luz, teléfono).
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Justificantes de envíos de dinero.
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Billetes de transporte.
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Facturas u otros documentos que acrediten presencia efectiva en territorio español.
Esta ampliación busca evitar que personas que viven y trabajan en España desde hace meses queden fuera por no haber podido empadronarse.
Procedimiento y efectos inmediatos
La norma establece un mecanismo con consecuencias directas desde el primer momento:
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La mera presentación de la solicitud suspenderá procedimientos de expulsión o retorno por motivos administrativos.
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La admisión a trámite otorgará automáticamente una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal.
Este punto es clave. Significa que miles de personas podrán salir de la economía sumergida de forma casi inmediata, regularizando su situación laboral mientras se resuelve su expediente.
Plazos para solicitarlo
Según lo anunciado, el plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Una ventana de varios meses que busca facilitar el acceso al procedimiento, aunque el verdadero desafío será la capacidad administrativa para tramitar un volumen tan elevado de expedientes.
Duración del permiso
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización inicial de residencia por un año, prorrogable conforme al Reglamento de Extranjería. Con el tiempo, los beneficiarios podrán acceder a las vías ordinarias de arraigo y residencia estable previstas en la legislación española.
Impacto económico y social
La regularización tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito administrativo.
1. Mercado laboral y cotizaciones
Sectores como cuidados, agricultura, hostelería, construcción o reparto concentran buena parte del empleo irregular. La regularización permitirá:
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Incorporar a cientos de miles de trabajadores al sistema de cotizaciones.
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Aumentar la recaudación fiscal.
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Reducir la explotación laboral vinculada a la falta de papeles.
2. Economía sumergida
La medida puede reducir significativamente la economía informal, al permitir que quienes ya están trabajando lo hagan dentro del marco legal.
3. Capacidad administrativa
El gran reto será evitar el colapso de oficinas de Extranjería. Si no se refuerzan medios humanos y técnicos, el volumen de solicitudes podría generar retrasos importantes.
4. Debate político
La oposición ya ha criticado la medida al considerar que puede generar “efecto llamada”. El Gobierno defiende que no se trata de incentivar nuevas llegadas, sino de ordenar una realidad existente: personas que ya viven y trabajan en España sin cobertura legal.
Una decisión con dimensión histórica
España vuelve a situarse ante una regularización de gran alcance. El precedente de 2005 marcó un antes y un después en la política migratoria. Dos décadas después, el Ejecutivo apuesta por una fórmula que busca combinar seguridad jurídica, integración laboral y respuesta a una realidad social consolidada.
Si la cifra final supera el medio millón de personas, estaremos ante la mayor normalización administrativa en más de veinte años.
La clave ahora no está solo en el anuncio político, sino en la letra pequeña del decreto y en la capacidad del Estado para aplicarlo con eficacia, rapidez y garantías jurídicas.
Porque más allá del debate ideológico, lo que está en juego es algo muy concreto: la vida legal de cientos de miles de personas que ya forman parte de la sociedad española.
