El Ejecutivo autonómico rechaza el planteamiento actual del Ministerio de Hacienda y exige una negociación real para que el nuevo sistema garantice la sostenibilidad de los servicios públicos y tenga en cuenta las singularidades asturianas

El Gobierno del Principado de Asturias ha dicho no a la actual propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda. Y lo ha hecho con un mensaje claro: tal y como está diseñada, Asturias sale perdiendo.

Así lo ha expresado este martes el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Si la propuesta tuviera que votarse hoy en sus términos actuales, ha sido tajante: el Principado votaría en contra, porque el modelo no ofrece garantías suficientes para asegurar la financiación de los servicios públicos a medio y largo plazo.

“Asturias pierde y no podemos asumirlo”

Peláez ha explicado que el Gobierno autonómico ha analizado en profundidad el planteamiento del Ministerio y ha detectado importantes puntos de fricción. El principal: un diseño que, según el Ejecutivo asturiano, no protege a comunidades con características estructurales como Asturias y avanza hacia criterios que benefician a otros territorios en detrimento del noroeste peninsular.

“El Principado pierde con este modelo”, ha insistido el consejero, subrayando que no se puede aceptar una reforma que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario, educativo y de servicios sociales en una comunidad con una población envejecida, dispersa y asentada en un territorio complejo.

Las líneas rojas de Asturias

El Gobierno asturiano reclama que el futuro sistema de financiación incorpore de forma clara criterios correctores que reflejen la realidad del territorio, entre ellos:

• La orografía, que encarece la prestación de servicios.

• El envejecimiento de la población, con mayor presión sobre la sanidad y los cuidados.

• La dispersión demográfica, que multiplica los costes por habitante.

Estos principios no son nuevos. Asturias los ha defendido históricamente y los ha plasmado tanto en la Declaración de Santiago, firmada junto a otras siete comunidades autónomas, como en el acuerdo de financiación aprobado por la Junta General del Principado, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

Peláez ha recordado que estos compromisos políticos son incompatibles con la orientación del modelo presentado por Hacienda, especialmente con la tendencia hacia la ordinalidad, un criterio que prioriza el orden de aportación y retorno y que, según el Ejecutivo, ignora las singularidades del noroeste.
“El Noroeste y sus especificidades no aparecen reflejadas en este modelo”, ha advertido.

Rechazo a las formas y al fondo

El consejero también ha criticado la forma en la que el Ministerio ha presentado la propuesta, reclamando un cambio de método. Asturias no acepta negociaciones bilaterales ni planteamientos cerrados, y exige una negociación multilateral, en igualdad de condiciones, entre el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas.

A juicio del Ejecutivo asturiano, este proceso debe servir para algo más que para repartir recursos: debe garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso a los mismos servicios públicos de calidad.

Una “ventana de oportunidad” que Asturias quiere aprovechar

Pese al rechazo frontal al planteamiento actual, el Gobierno de Asturias no se levanta de la mesa. Al contrario. Peláez ha defendido que se abre ahora una ventana de oportunidad que el Principado quiere aprovechar para influir en el diseño final del modelo y hacer valer sus intereses.

“Lo más inteligente es participar en la negociación y defender nuestros criterios”, ha afirmado, dejando claro que Asturias acudirá al debate con una posición firme, pero constructiva.

El mensaje del Ejecutivo autonómico es claro: no habrá apoyo a un sistema que penalice a Asturias. La financiación autonómica no puede convertirse en un juego de ganadores y perdedores, sino en una herramienta para garantizar la cohesión territorial y la igualdad real en el acceso a los servicios públicos.

Y en ese debate, el Principado ya ha marcado su posición. Sin ambigüedades.