Asturias no está dispuesta a firmar lo que no ha negociado. El Gobierno del Principado ha dejado clara su posición ante el inminente debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica: no aceptará fórmulas impuestas ni acuerdos prefabricados y reclamará un diálogo en condiciones de igualdad entre todas las comunidades.

Así lo expresó este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, que rechazó abiertamente la posibilidad de adherirse a un esquema ya cerrado: “No nos gusta que se nos pida sumarnos a un contrato que ya existe. Asturias no va a aceptar un plato precocinado”, advirtió, a solo dos días de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Servicios públicos frente a capacidad fiscal

La posición del Principado pivota sobre una idea central: la financiación autonómica no puede medirse solo en términos de riqueza o población, sino que debe garantizar servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones, con independencia del territorio.

Llamedo subrayó que Asturias defiende un modelo que reconozca su singularidad, marcada por el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y el coste real de prestar servicios esenciales. “La financiación no puede depender únicamente de la capacidad fiscal de cada comunidad. Tiene que asegurar que la sanidad, la educación o los cuidados lleguen con la misma calidad a todos los ciudadanos”, sostuvo.

Análisis crítico y “letra pequeña”

El Ejecutivo autonómico estudiará con detalle la propuesta que presente el Ministerio de Hacienda, pero ya avisa de que pedirá explicaciones claras y transparencia total. “Hemos escuchado con atención, pero analizaremos la letra pequeña y pediremos aclaraciones. Nuestra posición es conocida y la hemos defendido siempre con rigor y contundencia”, insistió la vicepresidenta.

Lejos de una postura improvisada, el Gobierno regional acude a la negociación con un planteamiento trabajado y coherente, que ha trasladado en distintos foros institucionales y políticos.

Consenso político en Asturias

Uno de los elementos que refuerza la posición del Principado es el amplio consenso político interno. Asturias acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una postura respaldada por todas las fuerzas de la Junta General, excepto Vox, lo que refuerza la legitimidad de su planteamiento.

Además, esa posición conecta con la Declaración de Santiago, firmada por ocho comunidades autónomas, que reclaman un sistema de financiación más justo, transparente y equilibrado, alejado de acuerdos bilaterales o privilegios territoriales.

Una negociación clave para el futuro

La reunión del miércoles se presenta como un momento decisivo para definir el reparto de recursos entre comunidades en los próximos años. Para Asturias, el debate no es técnico ni abstracto: está directamente ligado a la viabilidad de sus servicios públicos, a la cohesión territorial y al equilibrio social.

El mensaje del Principado es claro y sin rodeos: Asturias quiere negociar, pero no firmar a ciegas. Quiere diálogo, no imposiciones. Y, sobre todo, un modelo que mida la igualdad en derechos reales y no solo en cifras fiscales.