El Gobierno de Asturias ha dado un paso decisivo para poner al día la protección de las personas consumidoras y adaptarla a un mercado profundamente transformado por la digitalización. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, una norma que sustituye a la vigente desde 2002 y que refuerza de forma contundente los derechos de la ciudadanía frente a prácticas comerciales abusivas, invasivas o desleales, especialmente en el entorno online.

La nueva ley nace con un objetivo claro: que incumplir la norma no salga rentable. Para ello, actualiza de forma radical el régimen sancionador y amplía la protección a colectivos especialmente vulnerables en un contexto donde comprar por internet, contratar servicios digitales o aceptar condiciones con un clic se ha convertido en algo cotidiano.

Un cambio necesario tras dos décadas de transformación

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha subrayado que la actualización era inaplazable:

“En estos 23 años las formas de consumir han cambiado radicalmente. Basta pensar en las compras online, en las plataformas digitales o en la contratación de servicios a distancia. La legislación tenía que responder a esta nueva realidad”.

La normativa anterior, aprobada en 2002, se había quedado obsoleta tanto en sus conceptos como en las cuantías de las sanciones, lo que obligaba a la Administración autonómica a recurrir a la legislación estatal para poder actuar con eficacia.

Multas mucho más duras: hasta más de un millón de euros

Uno de los pilares del nuevo texto legal es la actualización del régimen sancionador, con el fin de disuadir de manera real a las empresas infractoras. Las nuevas cuantías se estructuran en tres niveles:

• Infracciones leves: de 150 a 10.000 euros

• Infracciones graves: de 10.001 a 100.000 euros

• Infracciones muy graves: de 100.001 a 1.000.000 de euros

Pero la ley va más allá. Incorpora una cláusula excepcional que permitirá imponer sanciones superiores al millón de euros cuando la infracción provoque una alteración social grave, genere riesgos para la salud o la seguridad, o afecte a un número elevado de personas. En estos casos, la multa podrá alcanzar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.

“Se trata de atajar compras no deseadas y prácticas comerciales invasivas que perjudican directamente a la población”, ha recalcado Zapico.

Derechos reforzados en el entorno digital

La nueva norma no se limita a sancionar: amplía y moderniza los derechos de las personas consumidoras. Entre las principales novedades destacan:

• Mayor control de las plataformas digitales, con exigencias de información precontractual clara, comprensible y accesible.

• Medidas contra la obsolescencia programada.

• Refuerzo del derecho a la reparación, en línea con el Pacto Verde Europeo y la economía circular.

• Ampliación de los periodos de garantía, para asegurar una protección real de los productos y servicios.

“Enganchamos en todo lo posible los periodos de garantía, porque entendemos que eso mejora de forma directa la protección de las personas consumidoras”, ha explicado el director general.

Protección especial para las personas consumidoras vulnerables

Otro de los avances clave del proyecto es la introducción de la figura de la persona consumidora vulnerable. La ley reconoce una protección reforzada para quienes, por razón de edad, discapacidad, nivel de renta o brecha digital, se encuentran en una posición de inferioridad frente al mercado.

Este enfoque busca evitar abusos en colectivos especialmente expuestos a prácticas agresivas, contratos poco transparentes o engaños en el entorno digital.

Una ley alineada con Europa

La norma, impulsada desde la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que dirige Ovidio Zapico, se alinea con las directrices europeas en materia de consumo responsable, sostenibilidad y economía circular.

Con este nuevo marco jurídico, el Principado aspira a situarse a la vanguardia de la protección de las personas consumidoras, ofreciendo una respuesta integral a los desafíos del consumo digital y garantizando que los derechos de la ciudadanía estén por delante de los intereses económicos.

En un mercado cada vez más complejo y tecnológico, Asturias lanza un mensaje claro: la era digital no puede ser una selva para quien consume.