Tarifa plana para moverse por España: Greenpeace presiona al Gobierno para lanzar el Abono Único en 2026

Tarifa plana para moverse por España: Greenpeace presiona al Gobierno para lanzar el Abono Único en 2026

La organización ecologista reclama una tarifa plana estatal para todo el transporte público que sustituya las bonificaciones temporales y alivie el coste de vida de millones de familias

Greenpeace ha urgido al Gobierno a implantar en 2026 un Abono Único de Transporte a precio asequible en todo el territorio, una medida que permitiría viajar en cualquier medio de transporte público con una sola tarifa plana y que pondría fin a los “parches” de las bonificaciones temporales aplicadas en los últimos años.

La organización reclama que el Ejecutivo presente antes de que acabe el año un calendario claro y transparente para su puesta en marcha, garantizando una financiación pública estable que evite revisiones políticas cada seis meses. Según Greenpeace, el abono único es una herramienta clave para avanzar hacia una movilidad más justa, económica y sostenible, en un contexto marcado por la subida del coste de la vida y la urgencia climática.

La propuesta cuenta con un amplio respaldo social: más de 237.000 personas han firmado a favor de la iniciativa y una encuesta realizada por la propia organización en 2024 mostró un apoyo mayoritario a la implantación de una tarifa plana estatal para el transporte público.

Una tarifa plana para todo el transporte público

El Abono Único permitiría desplazarse por todo el país utilizando metro, autobús, tranvía y tren, tanto de cercanías como de media y larga distancia, con un solo título de transporte y una tarifa común. Para Greenpeace, esta medida corregiría la fragmentación actual del sistema tarifario y facilitaría el uso del transporte público, especialmente para personas jóvenes, estudiantes, trabajadores y quienes viven en zonas periféricas o mal conectadas.

“La ciudadanía ha demostrado que responde cuando el transporte público es asequible y sencillo”, recuerdan desde la organización, en referencia al éxito de las bonificaciones aplicadas desde 2022. Sin embargo, advierten de que seguir dependiendo de medidas temporales no garantiza estabilidad ni seguridad a largo plazo.

El transporte, gran asignatura pendiente del clima

Greenpeace subraya que el transporte sigue siendo el principal emisor de gases de efecto invernadero en España, responsable del 33,3% del total de emisiones, lo que lo convierte en un sector prioritario para cualquier estrategia de reducción de emisiones. Diez años después del Acuerdo de París, la organización considera imprescindible acelerar el trasvase real del coche privado al transporte público si el país quiere cumplir sus compromisos climáticos.

En este sentido, la ONG critica que se sigan destinando grandes inversiones a aumentar la velocidad punta de corredores ya muy competitivos, como el AVE a 350 km/h, mientras amplias zonas del país carecen de un transporte público digno en su día a día. A su juicio, este enfoque perpetúa un modelo fragmentado, elitista y poco eficiente, que no combate ni la desigualdad territorial ni la emergencia climática.

Mejorar el servicio, no solo el precio

Greenpeace insiste en que el Abono Único debe ir acompañado de un plan estatal de mejora del servicio, que garantice frecuencias adecuadas, mayor fiabilidad, estaciones accesibles, información unificada y estándares mínimos de calidad en todo el territorio. “No basta con abaratar el billete si el servicio no es fiable o no llega donde la gente lo necesita”, señalan.

Cristina Arjona, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, ha sido clara:

“Mientras se dedican millones a un corredor concreto, muchas zonas del país siguen careciendo de un transporte público eficiente, barato y bien conectado. La prioridad debe ser garantizar una movilidad digna y sostenible para todas las personas, no solo reducir en minutos el viaje entre algunas urbes”.

Reorientar el dinero público

La organización también denuncia que el Estado sigue destinando miles de millones de euros a subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles, así como a ventajas fiscales que benefician al uso del vehículo privado o a la aviación. Para Greenpeace, reorientar esos fondos hacia una movilidad limpia y colectiva es una cuestión de coherencia política y climática.

“El dinero está ahí. Lo que falta es la decisión política de dejar de premiar a quienes se están cargando el clima y apostar por soluciones que beneficien a la mayoría”, ha señalado Arjona.

Una medida social, climática y económica

En un contexto de inflación y encarecimiento del día a día, Greenpeace considera urgente aplicar soluciones que ayuden a las familias a llegar a fin de mes sin renunciar a la lucha contra el cambio climático. El Abono Único aliviaría uno de los principales gastos recurrentes y favorecería una movilidad más equitativa, especialmente para quienes no viven en grandes ciudades.

“La ciudadanía necesita soluciones útiles, accesibles y a la altura de la crisis climática y social que vivimos. El abono único es una de ellas”, concluye la organización, que recuerda que moverse sin contaminar debe ser un derecho, no un privilegio.

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