La magistrada imputa a la mujer omisión del deber de socorro y estafa continuada por la muerte de Saúl Iglesias, de 24 años, ocurrida tras una sobredosis en octubre de 2023. La segunda acusada, su hija, tiene orden internacional de búsqueda.

El caso que conmocionó a Gijón en el otoño de 2023 vuelve a los tribunales. Una mujer de nacionalidad colombiana, acusada de haber dejado morir a un joven en un piso de citas del barrio de El Llano, compareció este lunes en el Palacio de Justicia de Gijón. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 le comunicó formalmente los cargos que pesan sobre ella: omisión del deber de socorro y estafa continuada.

La otra acusada, su hija, continúa en paradero desconocido. La jueza ha reiterado la orden internacional de búsqueda y captura cursada contra ella, después de que abandonase España hace meses, supuestamente con destino a Colombia, antes de que se decretara la retirada de pasaportes. Ambas estaban ya investigadas desde finales de 2023 por su presunta implicación en los hechos que rodearon la muerte de Saúl Iglesias Rodríguez, un joven gijonés de 24 años que fue hallado sin vida tras sufrir una sobredosis de sustancias tóxicas en el interior de un domicilio donde se ofrecían servicios sexuales.

Una tarde fatal en El Llano

Según el sumario, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan a la tarde del 15 de octubre de 2023, cuando el joven contrató un encuentro con una de las mujeres a través de una aplicación de citas. En el piso, situado en una céntrica calle del barrio de El Llano, Saúl Iglesias habría consumido diversas sustancias mientras mantenía contacto con las dos mujeres.

En un momento del encuentro, el joven se sintió indispuesto y perdió la consciencia. La investigación policial concluye que ninguna de las dos mujeres pidió auxilio ni alertó a emergencias, pese a que el estado del chico era crítico. Las diligencias apuntan además a que abandonaron el lugar durante varias horas, dejando al joven sin asistencia.

Transferencias sospechosas desde el móvil de la víctima

Al revisar el teléfono móvil de Saúl Iglesias, los agentes de la Policía Nacional descubrieron varias transferencias bancarias realizadas poco después del fallecimiento, por un importe conjunto de casi 4.000 euros, a cuentas vinculadas a las dos acusadas.

Los movimientos se realizaron utilizando el sistema de desbloqueo facial del teléfono, lo que refuerza la tesis de que las acusadas manipularon el móvil tras la muerte del joven para apropiarse de su dinero.

Los investigadores consideran acreditado que, además del abandono, se produjo una apropiación indebida y fraudulenta del dinero del fallecido. Por ello, la Fiscalía mantiene la calificación provisional de estafa continuada.

Una investigación compleja y una fuga internacional

El procedimiento ha sido especialmente complejo. La hija de la principal acusada —de unos treinta años— no acudió a las citaciones judiciales ni respondió a los requerimientos policiales. Se sospecha que abandonó España poco antes de que la jueza ordenara la retirada de pasaportes y la prohibición de salida del país.

Fuentes judiciales confirman que la Interpol ha sido alertada y se ha solicitado colaboración de las autoridades colombianas para su localización. Mientras tanto, la madre permanece en libertad provisional, obligada a comparecer quincenalmente en el juzgado y con el pasaporte retenido.

El dolor de la familia y la sombra del olvido

La familia de Saúl Iglesias ha seguido el caso con un profundo sentimiento de frustración. Su entorno denuncia que el procedimiento “avanza demasiado despacio” y que las responsables “han tenido tiempo de escapar y borrar sus rastros”.

El joven, muy conocido en su barrio y apasionado del deporte, había terminado recientemente un ciclo formativo y buscaba trabajo en Gijón cuando perdió la vida. Su muerte provocó una ola de indignación en redes sociales y llevó a varios colectivos vecinales a reclamar mayor control de los pisos de citas clandestinos en la ciudad.

Próximos pasos judiciales

La comparecencia de este lunes marca un paso clave en la instrucción. Tras la lectura formal de cargos, la defensa de la acusada solicitó nuevas diligencias periciales y la jueza dio un mes de plazo para resolver si el caso pasa a fase de procedimiento abreviado, lo que abriría la puerta a una acusación formal de la Fiscalía y a la eventual apertura de juicio oral en 2026.

De confirmarse los cargos, la mujer podría enfrentarse a penas de prisión de hasta seis años por la suma de ambos delitos.

Una historia que golpea a Gijón

El caso de Saúl Iglesias se ha convertido en uno de los episodios más oscuros y comentados de la crónica negra gijonesa reciente, no solo por la crudeza de los hechos, sino por la mezcla de abandono, engaño y fuga internacional que rodea la investigación.

La jueza ha pedido “prudencia y respeto por la víctima y por la investigación en curso”, pero el eco del suceso sigue resonando entre los vecinos del barrio donde todo ocurrió, un lugar que hoy, un año después, sigue marcado por aquella tarde en la que un joven murió sin que nadie le tendiera la mano.