Madrid enfría la cita pedida por Barbón y ve a Óscar Puente como el “ganador” político del pulso

El pulso político entre el Gobierno asturiano y el Ministerio de Transportes por el peaje del Huerna (AP-66) entra en una fase de tensión abierta.
Pese al frente común escenificado el pasado viernes en Oviedo —una manifestación inédita que reunió a partidos, sindicatos y empresarios para exigir la supresión del peaje—, el Ejecutivo central se mantiene firme: no habrá eliminación del cobro, y de momento ni siquiera garantiza una reunión con el Principado.

“El peaje no es un problema trascendental para Asturias”, repitió el ministro Óscar Puente, echando un jarro de agua fría sobre los planes del presidente Adrián Barbón, que había anunciado contactos “a la mayor brevedad posible” para poner fin al pago.

La lectura desde Madrid: Puente gana el pulso político

En el entorno del Gobierno central, la lectura es clara: Puente ha salido reforzado del enfrentamiento, proyectando una imagen de firmeza frente a lo que consideran una “agenda desenfocada” del Principado.
Mientras en Asturias se vivió la manifestación como un gesto histórico de unidad, en Madrid se subraya el escaso impacto cuantitativo de la protesta —apenas 5.000 asistentes según la Policía— y se minimiza su trascendencia política.

En Ferraz y en Moncloa, fuentes consultadas reconocen que “Puente ha sabido mantener la línea sin ceder ante presiones territoriales”, un mensaje que, internamente, refuerza su posición dentro del PSOE y su peso como ministro.

Asturias, Castilla y León y Galicia: una alianza que irrita a Madrid

La Alianza por las Infraestructuras, que agrupa a partidos, sindicatos y patronales asturianas, celebrará el próximo día 27 una reunión clave con el Principado para definir su “batería de acciones políticas, administrativas y jurídicas” ante el cierre en falso de Madrid.
El objetivo es presionar al Ministerio para abrir un diálogo político y técnico sobre la supresión o bonificación total del peaje.

El movimiento asturiano, además, ha encontrado aliados en otras comunidades: la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia se han unido en un frente común contra la ampliación de las concesiones de la AP-66 (Huerna) y la AP-9 (Galicia), ambas señaladas por la Comisión Europea como “irregulares”.

Bruselas emitió en julio un dictamen motivado en el que considera que las prórrogas de ambas autopistas vulneran la normativa comunitaria de contratación pública.

El argumento del Ministerio: el rescate sería “inasumible”

Desde Transportes insisten en que el Estado no puede anular la concesión de Aucalsa, que se extiende hasta 2050, sin incurrir en un coste económico desorbitado.
Fuentes ministeriales apuntan a un posible impacto superior a los 1.000 millones de euros, cifra que hace inviable —según sus cálculos— un rescate inmediato.

En cambio, la alternativa que defiende el Ministerio es mantener las bonificaciones actuales: un 15% de descuento para el primer trayecto y un 30% para el segundo, medidas que entraron en vigor en noviembre del año pasado.

En Asturias, esas cifras se consideran “una limosna”. El Principado ha calculado que bonificar el 100% del peaje tendría un coste anual de unos 48 millones de euros, “perfectamente asumible” si se compara con los efectos económicos que tendría la eliminación del peaje sobre el transporte, la logística y la competitividad industrial.

Una herida política dentro del mismo partido

El conflicto tiene un componente incómodo: enfrenta a dos gobiernos socialistas, el de Pedro Sánchez y el de Adrián Barbón.
Ambos se han esforzado en mantener el tono institucional, pero la tensión es evidente. En el entorno de Barbón se admite que “no hay diálogo real” con Transportes, y que Puente ha endurecido su postura en las últimas semanas.

El Ministerio, por su parte, ha respondido con silencio administrativo a la propuesta asturiana de fijar una reunión urgente. “No se ha recibido ninguna solicitud oficial”, aseguran fuentes de Transportes, pese a que el Principado insiste en que el contacto se realizará “en los próximos días”.

Un frente que no se rinde

Pese al portazo inicial, el Gobierno asturiano no se resigna.
En la reunión del día 27, la Alianza por las Infraestructuras presentará una estrategia de presión coordinada, que incluye el estudio de acciones legales y la posibilidad de recurrir directamente a Bruselas para que la Comisión Europea obligue a España a revisar la concesión.

“El Huerna no es solo un peaje, es una frontera económica que lastra el desarrollo de Asturias”, sostienen desde la Alianza, que agrupa a FADE, UGT, CCOO y los principales partidos del Principado.

Mientras tanto, el Gobierno central cierra filas. En Madrid no se contempla abrir el debate político ni jurídico.
El mensaje es inequívoco: “no habrá rescate ni supresión del peaje del Huerna”, al menos en esta legislatura.

Contexto europeo y económico

• Dictamen de la Comisión Europea (17 de julio de 2025): considera irregulares las ampliaciones de la AP-66 y AP-9, otorgadas sin licitación abierta.

• Concesión actual de Aucalsa: vigente hasta 2050 (algunas fuentes elevan el plazo a 2055).

• Ingresos estimados: más de 1.700 millones de euros para la concesionaria en el periodo restante.

• Coste estimado de rescate: superior a 1.000 millones de euros según cálculos del Ministerio.

• Coste anual de bonificación total: 48 millones de euros según el Principado.

El mar político sigue agitado

La batalla del Huerna ha dejado al descubierto una fractura dentro del PSOE, un pulso entre el pragmatismo económico de Madrid y el discurso territorial de Asturias.
Mientras Barbón busca convertir el tema en una causa de dignidad y cohesión regional, Puente consolida su imagen de ministro firme ante las presiones autonómicas.

Por ahora, el peaje seguirá cobrándose, pero el malestar político y social en Asturias no deja de crecer. Y el eco de la protesta del viernes aún resuena, como una advertencia de que la paciencia del norte se agota.