El agresor, bajo los efectos de drogas sintéticas “en grandes cantidades”, atacó también a otros seis agentes antes de ser reducido; aceptó los cargos y ya cumplió buena parte de la condena en prisión preventiva.

Le pegó un puñetazo al guardia civil, le hizo caer y, estando en el suelo, le pateó la cabeza con brutal violencia. Luego agredió a otros seis agentes que intentaban detenerle, y fue necesario inmovilizarle en un momento de gran tensión para que los sanitarios le administraran sedantes. Ese fue el escenario de uno de los episodios más violentos ocurridos en Asturias en los últimos tiempos.

El agresor, un joven que en agosto de 2023 actuó bajo los efectos de drogas sintéticas en grandes cantidades, ha sido condenado a nueve meses de cárcel y a pagar una multa aproximada de 200 euros. Durante el juicio, celebrado en la jurisdicción penal de Oviedo, aceptó los cargos en una sentencia de conformidad. Fue aplicable la eximente incompleta por toxicomanía y una circunstancia atenuante por reparación del daño, pues el acusado abonó las indemnizaciones exigidas a los policías lesionados antes de la vista oral.

Los hechos, minuto a minuto

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de agosto de 2023 en la avenida de Covadonga, en Cangas de Onís. El individuo, descontrolado, alteraba el orden público. Ante su actitud provocadora y violenta, la Policía Local intervino primero, y solicitó apoyo de la Guardia Civil al agravarse la situación.

Cuando los agentes llegaron, el agresor se negó rotundamente a obedecer o calmarse, lanzando insultos y amenazas: “Que venga la Policía de verdad”, llegó a gritar. En un momento dado, propinó un puñetazo a uno de los guardias, que cayó hacia atrás golpeándose la cabeza contra una esquina de un edificio. Acto seguido, el agresor le pateó con fuerza en la cabeza mientras el agente aún estaba en el suelo, provocando un grave traumatismo craneoencefálico que obligó a su hospitalización.

Otros seis agentes resultaron con policontusiones y heridas de diversa consideración. En la fase de la detención, fue necesario el apoyo conjunto de varios efectivos para reducirlo con seguridad, pues seguía muy agresivo. Solo cuando quedó inmovilizado pudieron los servicios sanitarios administrarle tranquilizantes.

Investigación previa y polémicas

La Fiscalía recurrió decisiones judiciales iniciales relativas a su libertad con cargo, argumentando riesgo de fuga y la peligrosidad demostrada del individuo. Exigió prisión provisional comunicada y sin fianza, dada la magnitud de la agresión. Finalmente, llegó el juicio en que el imputado optó por conformarse y asumir la sentencia.

La asociación profesional Jucil, que representa a guardias civiles, se personó como acusación popular. Criticó la libertad provisional otorgada en su momento y subrayó que los actos de violencia contra agentes no pueden quedar sin una respuesta judicial contundente. Entre otros detalles que señaló, mencionó que el agente agredido sufrió heridas graves: diez puntos de sutura en la cabeza y otros dos cerca del ojo, describiendo la agresión como “extrema”.

La condena y sus efectos

• Prisión: nueve meses, aunque buena parte ya cumplidos en prisión preventiva.

• Multa: aproximadamente 200 €.

• Indemnización: íntegra a los afectados antes del juicio, lo que abrió la puerta a la atenuante de reparación del daño.

• Eximente de toxicomanía incompleta: reconocida legalmente pero sin eximir responsabilidad plena.

• Reconocimiento de la gravedad: la sentencia recoge la brutalidad del ataque y las consecuencias físicas para los agentes.

Reflexión más allá del suceso

Este episodio pone de relieve varias realidades dolorosas:

• El uso de drogas sintéticas en grandes cantidades puede multiplicar la agresividad y el grado de descontrol en momentos extremos.

• La violencia hacia agentes de la autoridad exige no solo una respuesta judicial firme, sino mecanismos de prevención y protección más robustos.

• Que el agresor asumiera indemnizaciones antes del juicio ayudó a suavizar algo la pena, pero no exoneró su responsabilidad plena.

• La figura de asociaciones como Jucil resalta la tensión entre el principio de proporcionalidad judicial y la necesidad de disuasión frente a actos de violencia contra quienes velan por el orden público.