Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas mordidas millonarias en la compra de mascarillas ha terminado destapando un capítulo aún más turbio: la utilización de dinero público para costear el alquiler, los viajes, las dietas y, según los audios, los servicios sexuales de mujeres vinculadas a altos cargos del Gobierno. ¿Hasta dónde llega la telaraña tejida por José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y su entorno? ¿Y cuánto nos ha podido costar?
Las estimaciones más prudentes ya superan los 250.000 euros. Pero todo apunta a que esa cifra es solo la punta del iceberg.
Jéssica Rodríguez: la escort con contrato público
Uno de los nombres que se repite en todos los informes es el de Jéssica Rodríguez. Seleccionada, según los audios de Koldo, de un catálogo de mujeres, Jéssica fue enchufada en Ineco y Tragsatec, empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, cuando Ábalos era titular de la cartera. Sus contratos, tal y como reconoció ante el Tribunal Supremo, no requerían que acudiera a trabajar.
Pero eso no fue lo único: durante más de dos años, vivió en un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid, con un alquiler de 2.700 euros al mes, costeado también —según los investigadores— por la trama. Viajó con Ábalos en al menos 13 desplazamientos oficiales, recibiendo dietas de entre 1.000 y 1.500 euros por cada uno.
Solo en su caso, el coste para las arcas públicas podría situarse entre 140.000 y 150.000 euros.
“La Carlota se enrolla que te cagas”: los audios que lo cambiaron todo
En una de las grabaciones intervenidas por la UCO, Koldo y Ábalos aparecen hablando de forma distendida sobre un fin de semana “discreto”. Entre risas, reparten nombres: “La Ariatna está recién”, “la colombiana nueva”, “la Carlota se enrolla que te cagas”. La conversación se entrelaza con otra sobre viajes y desplazamientos financiados con dinero público.
Todo indica que no eran encuentros esporádicos. Las menciones a mujeres, su disponibilidad y el tono en que se expresan revelan que existía una red estable de servicios sexuales financiada indirectamente con fondos del Estado.
Se calcula que al menos en seis fines de semana diferentes pudieron participar mujeres cobrando tarifas habituales de entre 1.500 y 2.000 euros por encuentro, lo que suma más de 18.000 euros.
Anaís D.G., la modelo del disco duro
El pasado 10 de junio, durante un registro en casa de José Luis Ábalos, la UCO descubrió que una mujer trataba de ocultar un disco duro entre sus pertenencias. Se trataba de Anaís D.G., conocida también como Letizia Hilton, actriz porno y prostituta activa en diversas plataformas online.
La modelo, que figuraba oficialmente como empleada del hogar, no solo vivía con Ábalos, sino que participaba activamente en la destrucción de pruebas, según el informe policial.
Se estima que los encuentros mantenidos con ella, ya fuese en actos privados o como acompañante de confianza, podrían haber supuesto otros 5.000 euros como mínimo, aunque esa cifra podría duplicarse si se demuestra una relación prolongada.
Fiestas, paradores y descontrol
A todo esto hay que sumar las denuncias de fiestas privadas organizadas en paradores nacionales, como la del Parador de Teruel, que el PP llegó a calificar de “orgia institucional” y que el Gobierno se apresuró a negar. Si se confirman esos eventos, los gastos podrían elevarse aún más.
Solo en fiestas discretas con varias mujeres, hoteles de lujo, comidas y desplazamientos, se estima un gasto añadido de entre 12.000 y 20.000 euros.
Total estimado: un agujero de escándalo
Concepto Estimación (€)
Jéssica Rodríguez (sueldos, alquiler, dietas) | 140.000 – 150.000 |
Encuentros con “escorts” (audios) | 18.000 |
Anaís D.G. (Letizia Hilton) | ≥ 5.000 |
Eventos especiales / fiestas privadas | 12.000 – 20.000 |
TOTAL ESTIMADO (mínimo) | ≥ 250.000 euros |
Y esto sin contar con otras mujeres no identificadas, pagos en efectivo, habitaciones de hotel encubiertas en gastos de representación o contratos menores simulados. Es más que probable que la cifra final supere los 300.000 euros.
Un caso que puede quebrar el PSOE
El caso ya ha salpicado al partido. José Luis Ábalos está imputado por la Audiencia Nacional. Su exnúmero dos, Isabel Pardo de Vera, también. Y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está siendo investigado como “gestor de 620.000 euros en comisiones ilegales”.
En los próximos días declararán Koldo, Cerdán y otros implicados. La UCO ya tiene grabaciones, documentos, pagos y registros. Si todo esto se confirma, podríamos estar ante uno de los mayores escándalos de corrupción sexual con dinero público de la democracia.
¿Y ahora qué?
La pregunta ya no es si hubo dinero público destinado a escorts, sino cuánto. ¿250.000 euros? ¿300.000? ¿Más? La respuesta la tienen los tribunales, pero las cifras que ya se conocen invitan a una profunda reflexión: ¿cuántos hospitales, becas o ayudas sociales podrían haberse financiado con ese dinero?