Las grabaciones que comprometen a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos no son solo una bomba mediática. Son una pieza clave de una investigación que, según la UCO, revela una estructura organizada para amañar contratos públicos desde el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021. Las pruebas incluyen audios, mensajes y documentación que apuntan a presiones internas para adjudicar obras a empresas cercanas a la red que orbitaba en torno a Koldo García.
Entre los contratos bajo sospecha figuran dos adjudicaciones en Asturias: una obra en la A-63 entre Salas y La Espina, valorada en 7,38 millones de euros, y otra actuación de 600.000 euros en la línea Gijón–Pravia, adjudicada por emergencia a la empresa LIC (Levantina Ingeniería y Construcción). En ambos casos, según la UCO, se produjeron comunicaciones directas entre responsables políticos y miembros de la red que anticipaban resoluciones antes de su publicación oficial.
La aparición de Santos Cerdán en los audios ha llevado al PSOE a una crisis de dimensiones estructurales. Hasta hace poco secretario de Organización del partido y una de las figuras más cercanas a Pedro Sánchez, Cerdán ha dimitido de sus cargos y renunciado al acta de diputado. Aunque el presidente ha intentado cerrar filas y mantener la legislatura, la presión interna aumenta. Federaciones como la de Guadalajara ya han pedido “medidas adicionales”, y algunos socios parlamentarios —como ERC o Junts— exigen transparencia inmediata y depuración de responsabilidades.
En paralelo, fuentes del Tribunal Supremo confirman que ya se han abierto diligencias previas que podrían derivar en una imputación formal por delitos de cohecho, prevaricación y organización criminal. Se investiga también el papel de otros altos cargos, como Javier Herrero (exdirector de Carreteras) e Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif), quienes habrían facilitado adjudicaciones irregulares bajo presión política, tal y como revelan varias grabaciones.
Los sondeos internos del PSOE reflejan un desgaste notable: según fuentes cercanas a Ferraz, hasta un 18% de los votantes socialistas muestran hoy “desconfianza total” hacia la cúpula. Esta erosión de la credibilidad podría influir directamente en los próximos ciclos electorales, tanto autonómicos como generales. De ahí que algunas voces internas —todavía discretas— sugieran la posibilidad de un adelanto electoral como única vía para “resetear” el tablero político.
Pedro Sánchez ha optado por una vía intermedia: admitir errores, cesar a los implicados y anunciar auditorías independientes. Sin embargo, los analistas advierten que este enfoque podría resultar insuficiente si continúan filtrándose nuevos datos. La Moncloa intenta ganar tiempo, pero el reloj político avanza. Y lo hace con una pregunta cada vez más extendida entre los suyos: ¿le queda a Sánchez margen de maniobra, o es este escándalo la línea roja definitiva?
Asturias no fue el origen de la trama, pero sí una de sus primeras evidencias documentadas. Y hoy se convierte, junto al resto de escenarios nacionales, en el reflejo de una maquinaria política cuya integridad ha quedado en entredicho.
