La Conferencia de Presidentes se convierte en un teatrillo multilingüe con traductores y pinganillos mientras la ciudadanía se pregunta: ¿de verdad hacía falta?

Barcelona. Palacio de Pedralbes.  ieernes 6 de junio de 2025. Reunión solemne de la élite autonómica con Pedro Sánchez al frente. Pero el foco informativo no lo acapara ni la sanidad ni la financiación. Lo que de verdad ha puesto patas arriba la Conferencia de Presidentes ha sido... el pinganillo.

Por primera vez, el Gobierno ha decidido gastar más de 11.600 euros en instalar un sistema de traducción simultánea para que cada presidente autonómico pudiera expresarse en su lengua cooficial: catalán, euskera o gallego. Un gesto que, sobre el papel, suena integrador. Pero que, en la práctica, se ha vivido como un esperpento institucional que ha encendido los ánimos dentro y fuera del recinto.

Un dispositivo para entender lo que todos entienden

¿Necesitaban los presidentes traductores para entenderse entre ellos? No. Todos, sin excepción, dominan el castellano. Todos lo usan a diario. Todos lo hablan con fluidez. ¿Entonces?

“Esto no va de comunicación, va de postureo”, decía una fuente interna del entorno de una de las delegaciones del norte.

“¿Quieres hablar en euskera o gallego? Hazlo, pero no nos hagas gastar dinero en un teatrillo donde ya nos entendemos”, protestaba otra.

Ayuso se levanta, el lehendakari habla en euskera… y estalla la tormenta

El momento estelar llegó cuando el recién nombrado lehendakari vasco, Imanol Pradales, tomó la palabra en euskera. Fue entonces cuando Isabel Díaz Ayuso se levantó de la silla, se quitó el pinganillo y salió de la sala. Regresó más tarde, cuando se retomaron las intervenciones en castellano.

La presidenta madrileña lo había advertido días antes: “No me pondré el pinganillo y me levantaré si no se habla en español”. Cumplió. Y con ella, la polémica entró en escena como un misil.

En paralelo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, lo calificó de “ridículo”. Varios presidentes del Partido Popular compartieron la misma crítica: un gesto innecesario, caro y con tintes propagandísticos.

¿Cuánto cuesta y quién lo paga?

Según el contrato público adjudicado por el Gobierno a la empresa Altalingua, el servicio de traducción simultánea ha costado 11.616 euros. Una cifra aparentemente modesta en el marco del presupuesto general, pero que ha desatado un debate simbólico más profundo:

¿Tiene sentido usar dinero público para montar una torre de Babel artificial entre políticos que se entienden perfectamente?

En un país donde miles de ciudadanos hacen malabares para llegar a fin de mes, donde faltan médicos en zonas rurales, y donde las listas de espera sanitarias se alargan como caramelos en fiestas patronales, cada euro cuenta.

Defender las lenguas sí, pero sin circo

¿Se puede respetar el catalán, el euskera o el gallego sin convertir una reunión de trabajo en un desfile de pinganillos? Sí.

¿Se puede hacer política lingüística sin despilfarro? Claro que sí.

El problema aquí, para muchos, no ha sido la defensa de la diversidad, sino la escenificación forzada y costosa de una diferencia que en este entorno concreto no hacía falta traducir.

“Se están gastando dinero en entender lo que ya entendemos.”
“Que hagan esto en Bruselas, vale. Pero entre 20 españoles que hablan perfectamente el mismo idioma, es puro teatro político.”

¿El verdadero objetivo?

Voces críticas apuntan a que esta puesta en escena forma parte de la hoja de ruta del Gobierno para reforzar la narrativa del pluralismo lingüístico institucional, en un momento en que el PSOE necesita mantener contentos a sus socios nacionalistas. Una traducción simultánea no es solo una herramienta de comunicación. Es un mensaje político.

Y ese mensaje, aunque traducido, no ha llegado igual a todos.

¿Y tú qué opinas?

¿Es un paso adelante en el reconocimiento de la diversidad lingüística de España?
¿O una forma más de gastar dinero público para satisfacer intereses partidistas?