En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los ministros han recibido las sugerencias y peticiones del Cermi y les han anunciado las últimas actuaciones del Gobierno de cara a las políticas de discapacidad y de la viabilidad de los servicios sociales.

En concreto, les han trasladado que Gobierno ha abonado ya  339.591.603,99 euros en facturas pendientes a los proveedores de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta cantidad incluye las facturas saldadas hasta el pasado 21 de noviembre de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que eran las que estaban adheridas formalmente al FLA y han solicitado el pago de estos conciertos.

En estos días, además, se está procediendo al pago, correspondiente al mes de noviembre, para abonar las facturas pendientes a proveedores del resto de comunidades autónomas que se han adherido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA): Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria, por lo que la cantidad se va a ir incrementando.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está abanderando una serie de políticas y actuaciones encaminadas a preservar al colectivo de personas con discapacidad de los efectos de la situación económica. La medida anunciada hoy por el Ministerio de Hacienda se suma a otras que el Departamento de Ana Mato ha estado poniendo en marcha, como por ejemplo la reducción de la aportación que estas personas hacen al gasto farmacéutico o la concesión de hasta 47 millones de euros en concepto de subvenciones sociales con cargo al IRPF.

Además, fruto del compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, varios Ministerios han trabajado estrechamente en la articulación de medidas que resultan especialmente ventajosas para el colectivo: en el Real Decreto Ley que regula los desahucios se constata la protección de las familias con una persona con discapacidad a su cargo y en la futura Ley de Justicia Gratuita, tal y como ha anunciado hoy el Ministro Alberto Ruíz-Gallardón, dicho colectivo no tendrá que pagar ni tasas ni abogados ni procuradores.