El Ayuntamiento plantea una profunda revisión de las tarifas para resolver el conflicto económico con Asturagua-Veolia. La subida estimada alcanza el 21,1 % en el servicio doméstico, el 10 % en comercios y el 11,6 % en industrias. La propuesta supondría unos 951.000 euros adicionales de facturación anual, mientras el futuro de la concesión y una reclamación superior a 15 millones siguen sobre la mesa.
Avilés, lunes 26 de octubre de 2026. Los vecinos de Avilés podrían encontrarse en 2027 con una factura del agua sensiblemente más elevada. El gobierno municipal estudia modificar las tarifas de abastecimiento y alcantarillado mediante una propuesta que afecta tanto a las familias como a los comercios y las industrias de la ciudad.
El cambio más visible llegaría en la parte fija de los recibos domésticos: los aproximadamente 11 euros que actualmente se pagan por agua y alcantarillado pasarían a rondar los 16 euros por factura, independientemente de la cantidad de agua consumida.
Son cinco euros más cada trimestre solamente por disponer del servicio, antes de sumar el consumo efectivo y los demás conceptos que aparecen en el recibo.
La revisión se enmarca en un conflicto mucho mayor: la rentabilidad económica de la concesión municipal gestionada a través de Aguas de Avilés y la reclamación presentada por su socio privado, Asturagua-Veolia, por considerar que los resultados obtenidos son inferiores a los previstos contractualmente.
La subida todavía no está aprobada. Su aplicación dependerá de las decisiones que adopten los órganos municipales y de la tramitación correspondiente.
Cinco euros más por factura, incluso aunque apenas se consuma agua
La principal novedad para los ciudadanos es el incremento de las cuotas fijas, que se pagan por disponer de los servicios de abastecimiento y alcantarillado.
Según las cifras conocidas de la propuesta, el aumento conjunto rondaría los cinco euros por recibo.
Dado que Aguas de Avilés emite habitualmente cuatro facturas domésticas al año, una vivienda que pasase de pagar 11 a 16 euros de cuota fija trimestral afrontaría 20 euros adicionales al año por estos conceptos, antes de impuestos, sin contar las modificaciones que puedan producirse en las tarifas por consumo.
En términos porcentuales, el paso de 11 a 16 euros representa un incremento aproximado del 45,5 % en esa parte del recibo.
No debe confundirse ese porcentaje con el aumento doméstico del 21,1 % estimado en la revisión tarifaria. El resultado final dependerá de cómo se combinen las nuevas cuotas y los precios aplicados a los distintos niveles de consumo.
Para las familias que procuran ahorrar agua, el incremento de los costes fijos tiene especial importancia: reducir el consumo no elimina esos cargos.
Casi un millón de euros más de facturación cada año
La revisión también tendría un impacto importante en la economía del servicio municipal.
Las estimaciones avanzadas sitúan la facturación anual actual en aproximadamente 5,44 millones de euros, que pasarían a unos 6,39 millones con la nueva estructura.
Eso supone alrededor de 951.000 euros más al año, un incremento global cercano al 17,5 %.
El reparto del aumento no sería idéntico para todos los usuarios.
La propuesta contempla una subida estimada del 21,1 % en el ámbito doméstico, del 10 % en el comercial y del 11,6 % en el industrial.
El objetivo declarado del gobierno municipal es modificar el sistema de bloques de consumo para repartir de otra manera el esfuerzo económico entre los usuarios.
Sin embargo, todavía resulta imprescindible conocer el cuadro completo de nuevas tarifas para determinar con exactitud cuánto pagará cada tipo de hogar y qué actividades económicas soportarán los mayores incrementos.
¿Por qué se plantea subir el agua? Una reclamación de más de 15 millones
La respuesta hay que buscarla en un conflicto que lleva meses condicionando la política municipal.
Asturagua-Veolia, socio privado de Aguas de Avilés, presentó una reclamación judicial superior a los 15 millones de euros al considerar que la rentabilidad obtenida durante la ejecución del contrato no alcanzaba los niveles establecidos.
El contrato contempla mecanismos para revisar el equilibrio económico de la concesión, vinculados a la tasa interna de retorno, conocida como TIR.
Este indicador mide la rentabilidad prevista de una inversión teniendo en cuenta los flujos económicos a lo largo de su duración.
Según la documentación contractual conocida, la rentabilidad de referencia se sitúa en torno al 4,5 %.
El informe económico-financiero externo recibido por el Ayuntamiento el pasado viernes 23 de octubre calcula que, sin las nuevas medidas, la rentabilidad estimada del socio privado se situaría en el 2,85 %.
Las actuaciones analizadas permitirían elevar esa previsión hasta el 4,48 %, un nivel próximo al establecido como referencia contractual.
La cuestión central es cómo recuperar ese equilibrio económico y quién debe asumir sus costes.
Tres medidas para evitar que el conflicto termine en los tribunales
El informe externo respalda tres actuaciones que el gobierno municipal considera compatibles con los compromisos del contrato.
La primera consiste en implantar una nueva estructura de tarifas para el agua y el alcantarillado, con una revisión de los bloques de consumo doméstico, comercial e industrial.
La segunda plantea una compensación económica al socio privado equivalente a los dividendos que perciba el Ayuntamiento.
La tercera contempla una posible ampliación del contrato durante otros 30 meses, es decir, dos años y medio adicionales.
El documento sostiene que la combinación de estas medidas permitiría acercar la rentabilidad prevista a los límites pactados inicialmente.
Sin embargo, también advierte de que el resultado depende de las previsiones futuras y de que las actuaciones sean aprobadas y ejecutadas en los términos analizados.
No todas tendrían necesariamente que aplicarse de manera inmediata.
El gobierno local defiende que estas alternativas pueden facilitar una solución negociada y evitar las consecuencias de prolongar el enfrentamiento judicial.
Un conflicto que ya ha provocado una crisis política
La gestión del agua se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de la política avilesina.
Las discrepancias sobre el contrato y sus consecuencias económicas contribuyeron a la salida de Izquierda Unida del gobierno municipal.
La coalición mantiene su rechazo a ampliar la duración de la concesión y reclama avanzar hacia una gestión completamente pública del servicio.
IU ha cuestionado también el informe económico externo y ha advertido de que podría estudiar actuaciones legales si finalmente se aprueba la prórroga.
Por su parte, el portavoz socialista Manuel Campa defiende que el Ayuntamiento tiene la obligación de atender los compromisos contractuales y buscar soluciones que minimicen el impacto para los ciudadanos.
El PSOE ha estimado en unos 34 millones de euros el coste de recuperar íntegramente la concesión, un cálculo defendido por el grupo municipal que forma parte del debate sobre las distintas alternativas.
El martes 27, una reunión decisiva
La controversia entrará mañana martes, 27 de octubre, en una nueva fase.
La Comisión especial del Agua volverá a reunirse con la participación del socio privado y de la empresa encargada de elaborar el informe económico-financiero.
El encuentro permitirá abordar las condiciones de las medidas planteadas y las diferencias existentes entre los grupos políticos.
Después quedará pendiente la correspondiente tramitación y votación de las modificaciones tarifarias, cuya entrada en vigor no será automática.
El antecedente inmediato demuestra que el resultado no está decidido: en octubre de 2025, el Pleno rechazó las modificaciones propuestas para las tarifas de 2026.
La pregunta que preocupa a los vecinos: ¿cuánto pagaré realmente?
La respuesta todavía depende del consumo de cada vivienda y del diseño definitivo de las nuevas tarifas.
El recibo que abonan los ciudadanos no incluye únicamente el agua consumida. También aparecen el alcantarillado, los correspondientes impuestos, el impuesto autonómico sobre afecciones ambientales y la tasa municipal de basura, entre otros conceptos.
Por eso, los 16 euros anunciados como posible nueva cuota fija no representan el importe total de una factura doméstica, sino únicamente una parte de ella.
Mientras no se conozcan y aprueben todas las cantidades definitivas, tampoco resulta posible calcular con precisión el incremento individual para cada familia.
Lo que sí permiten anticipar las cifras conocidas es que la revisión afectaría de forma recurrente al presupuesto de los hogares y a los costes de funcionamiento de numerosos negocios.
Avilés afronta así una decisión que va mucho más allá de actualizar una tarifa. El Ayuntamiento deberá resolver cómo compatibilizar el cumplimiento de un contrato de gestión del agua con la protección de los intereses económicos de quienes pagan el servicio.
Y la cuestión que queda abierta es especialmente relevante: si la solución al conflicto económico con la concesionaria terminará reflejándose, año tras año, en los recibos de miles de familias avilesinas.
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