Un juzgado de Avilés ordena el encarcelamiento de los dos agentes y un tercer investigado por su presunta vinculación con una trama criminal. La investigación, en la que ha intervenido Asuntos Internos, alcanza a siete detenidos y abarca sospechas de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, revelación de secretos, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
La operación contra el narcotráfico que se desarrolla en Asturias ha dado un giro de enorme trascendencia judicial y policial. Dos agentes de la Policía Nacional han acabado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, junto con un tercer investigado, después de que un juzgado de Avilés aceptara la petición del Ministerio Fiscal.
La resolución, dictada este miércoles 14 de octubre, coloca bajo sospecha a dos miembros de las propias fuerzas de seguridad del Estado en una investigación que va mucho más allá del tráfico de estupefacientes. La posible existencia de una organización criminal, las operaciones de blanqueo y la revelación de información reservada figuran entre los delitos que examina la Fiscalía.
Siete detenidos y tres ingresos en prisión
El magistrado titular de la plaza número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Avilés, que sustituía al responsable de la guardia de la plaza número 5, acordó las tres órdenes de prisión provisional conforme a lo solicitado por la Fiscalía.
Los otros cuatro detenidos han quedado en libertad, aunque continúan investigados y sometidos a estrictas medidas cautelares: retirada del pasaporte y obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.
El Ministerio Fiscal justificó su petición de prisión por la gravedad de los hechos investigados, las elevadas penas que podrían imponerse en caso de condena y la existencia de riesgo de fuga.
Asuntos Internos entró en escena al aparecer las sospechas sobre policías
Uno de los aspectos más delicados de esta operación es la presunta participación de miembros de la Policía Nacional.
Según la información conocida, uno de los agentes detenidos pertenece a la Brigada de Extranjería de Avilés, mientras que el otro está destinado en Galicia.
La investigación comenzó hace meses en la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Cuando las pesquisas apuntaron a la posible implicación de agentes del propio cuerpo, el asunto fue comunicado a la Dirección Adjunta Operativa, de la que depende la Unidad de Asuntos Internos, que continuó investigando.
Es precisamente esta circunstancia la que confiere al caso una especial gravedad institucional: la investigación no se limita a una posible red de distribución de drogas, sino que trata de determinar también si se cometieron delitos relacionados con el acceso a información reservada y otras conductas ilícitas.
De organización criminal a revelación de secretos: los delitos bajo investigación
La Fiscalía considera que los hechos investigados podrían encajar, entre otros, en los siguientes delitos:
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Pertenencia a organización criminal.
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Tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud.
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Blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
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Revelación de secretos.
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Falsedad documental.
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Tenencia ilícita de armas.
La relación de delitos corresponde a la investigación en su conjunto y no significa que cada uno de los siete detenidos esté acusado individualmente de todos ellos.
Una investigación que todavía puede deparar novedades
El procedimiento continúa bajo secreto de sumario, por lo que numerosos aspectos siguen sin conocerse públicamente, entre ellos las funciones concretas que la investigación atribuye a cada sospechoso y el alcance de la presunta organización.
Las detenciones comenzaron a principios de semana y desembocaron en la comparecencia judicial del miércoles, que terminó con tres órdenes de prisión y cuatro libertades con medidas cautelares.
La operación entra ahora en una fase decisiva: determinar la responsabilidad individual de los investigados, esclarecer la posible estructura criminal y establecer si existió utilización ilícita de información o recursos vinculados a la actividad policial.
La entrada en prisión de dos policías nacionales convierte este caso en uno de los episodios policiales y judiciales más delicados de la actualidad asturiana. La instrucción deberá establecer hasta dónde llegan las responsabilidades y qué papel desempeñó cada investigado.
Por el momento, los siete mantienen su presunción de inocencia. La prisión provisional es una medida cautelar, no una condena, y las calificaciones penales podrán modificarse conforme avance la investigación.
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