El Gobierno inicia la tramitación urgente de once nuevas plazas judiciales y fiscales para el Principado. Dos reforzarán la Audiencia Provincial, cinco se destinarán a tribunales de instancia y una tendrá movilidad por toda Asturias. La medida llega después de que la comunidad registrase una de las mayores tasas de litigiosidad de España, aunque las incorporaciones todavía deberán superar varios trámites.
La Justicia asturiana se prepara para recibir un nuevo refuerzo de personal. El Consejo de Ministros acordó este martes, 13 de octubre, iniciar la tramitación urgente de dos reales decretos que permitirán crear ocho nuevas plazas de jueces y magistrados y tres de fiscales en Asturias durante 2027.
La medida supondrá incrementar un 4,8% la actual planta judicial del Principado y un 5,3% la plantilla del Ministerio Fiscal, que pasará de 56 a 59 profesionales.
El objetivo es reforzar los órganos judiciales con mayor volumen de trabajo, mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales y reducir los retrasos que afectan a numerosos procedimientos civiles, penales y laborales.
Sin embargo, las nuevas plazas todavía no están operativas. El acuerdo del Gobierno permite acelerar su tramitación, pero será necesario aprobar definitivamente los reales decretos y completar la cobertura de los puestos antes de que los refuerzos puedan empezar a funcionar.
¿Dónde irán los ocho nuevos jueces y magistrados?
La distribución anunciada por el Ministerio de Justicia establece tres grandes destinos.
Oviedo y Gijón: dos plazas para la Audiencia Provincial
Dos nuevos magistrados reforzarán la Audiencia Provincial de Asturias, con actuaciones en sus sedes de Oviedo y Gijón.
Este órgano desempeña una función fundamental en la resolución de recursos contra decisiones de órganos judiciales inferiores y en el enjuiciamiento de determinados procedimientos penales.
El refuerzo pretende aumentar su capacidad para afrontar la carga de asuntos y evitar que los recursos prolonguen innecesariamente la duración de los procedimientos.
Oviedo, Gijón y Mieres: cinco plazas para los tribunales de instancia
La mayor parte de las nuevas plazas judiciales, cinco de las ocho previstas, se destinará a los tribunales de instancia de estas tres localidades.
Son los órganos que tramitan buena parte de los conflictos que afectan directamente a los ciudadanos, desde reclamaciones económicas y asuntos familiares hasta procedimientos penales, laborales y otras controversias.
El reparto definitivo de estas cinco plazas entre los distintos tribunales y secciones deberá concretarse durante la tramitación de la medida.
Una plaza de juez con movilidad por todo el Principado
La octava plaza será de adscripción territorial y dependerá del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Su principal particularidad es que no estará vinculada necesariamente a un único juzgado.
Podrá destinarse a reforzar temporalmente órganos judiciales que acumulen una carga extraordinaria de trabajo o que necesiten apoyo por determinadas circunstancias.
Esta flexibilidad permitirá atender necesidades en distintos partidos judiciales asturianos.
Tres fiscales más para una plantilla que llegará a 59 profesionales
El segundo real decreto permitirá crear tres nuevas plazas fiscales en Asturias.
Con ellas, la plantilla del Ministerio Fiscal pasará de 56 a 59 integrantes, lo que representa un incremento del 5,3%.
Los fiscales desempeñan funciones esenciales en la defensa de la legalidad, la protección de los derechos de los ciudadanos y la intervención en numerosos procedimientos penales, civiles y de menores.
Su participación resulta especialmente relevante en las investigaciones penales, los procesos relacionados con personas vulnerables y determinados asuntos de familia.
Por el momento, no se ha concretado el destino individual de las tres nuevas plazas dentro de la organización fiscal asturiana.
Asturias, entre las comunidades donde más se acude a los tribunales
La ampliación llega en un contexto de elevada actividad judicial.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2026, Asturias registró 41,73 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes, frente a una media nacional de 37,15.
Con esa cifra, el Principado se situó como la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, únicamente superada por Canarias.
La actividad ya había sido intensa durante 2025, cuando los órganos judiciales asturianos registraron 166.766 nuevos asuntos, un 3,5% más que el año anterior.
Estos datos muestran la presión que soporta el sistema, aunque una elevada litigiosidad no implica necesariamente que todos los órganos judiciales acumulen los mismos retrasos.
De hecho, la Justicia asturiana ha mantenido tradicionalmente buenos indicadores de resolución en determinados ámbitos, pese a las diferencias existentes entre partidos judiciales y jurisdicciones.
Una nueva ampliación después de los refuerzos de 2025 y 2026
La medida anunciada esta semana no parte de cero.
Según el Ministerio de Justicia, durante 2025 y 2026 se han creado 16 plazas judiciales en Asturias, lo que representa un incremento acumulado del 10,1% respecto a la plantilla de referencia.
Entre los refuerzos programados durante 2026 ya figuraban nuevas plazas para Oviedo, Gijón y Avilés, así como una de adscripción territorial.
Las ocho plazas anunciadas ahora corresponden a la programación de 2027 y forman parte de una nueva ampliación estatal.
El Gobierno pretende aprovechar la reorganización de los juzgados en tribunales de instancia para aumentar el número de jueces sin necesidad de crear estructuras administrativas completas para cada nueva plaza.
Más jueces, pero también hacen falta funcionarios y espacio
La creación de nuevas plazas judiciales no garantiza, por sí sola, una reducción inmediata de los tiempos de espera.
Para que los refuerzos resulten eficaces también es necesario disponer de funcionarios de tramitación y gestión procesal, personal de auxilio judicial, instalaciones adecuadas y medios tecnológicos suficientes.
En Asturias, uno de los principales problemas se encuentra precisamente en la disponibilidad de espacios judiciales, especialmente en Oviedo.
El Gobierno del Principado ha reconocido la necesidad de ampliar y reorganizar las instalaciones y trabaja en soluciones provisionales mientras avanza el proyecto de concentración de sedes judiciales en el entorno de Llamaquique.
El consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, ya había asegurado en septiembre que las plazas previstas para incorporarse a finales de 2026 tendrían garantizado un espacio de trabajo en Oviedo y Gijón.
La llegada de nuevos efectivos en 2027 obligará a continuar esa planificación.
España sumará 500 plazas judiciales y 200 fiscales
El acuerdo aprobado este martes forma parte de una ampliación de ámbito nacional que contempla 700 nuevas plazas.
De ellas, 500 corresponderán a jueces y magistrados y otras 200 al Ministerio Fiscal.
La planta judicial española crecerá así un 7,8%, mientras que la plantilla fiscal aumentará un 6,6%.
Entre las plazas judiciales previstas en todo el país figuran refuerzos para las jurisdicciones civil, social y penal, órganos mixtos, violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia, además de plazas territoriales y nuevas presidencias de tribunales de instancia.
La distribución territorial se ha elaborado teniendo en cuenta la carga de trabajo, la litigiosidad y la población.
El Ministerio trasladará ahora su propuesta al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía, a los tribunales superiores de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas para recabar sus aportaciones.
¿Cuándo notarán los ciudadanos la mejora?
La previsión gubernamental es que las nuevas plazas puedan incorporarse durante 2027, una vez completada su creación normativa y su cobertura.
No se han comunicado todavía fechas concretas de entrada en funcionamiento para cada uno de los ocho puestos judiciales y los tres fiscales asturianos.
Tampoco existe una estimación oficial de cuántos días o meses podrían reducirse los tiempos de tramitación gracias a estos refuerzos.
Ese será el verdadero examen de la medida.
Asturias contará, si se completa el procedimiento anunciado, con once nuevos puestos de jueces, magistrados y fiscales. Pero el éxito de la ampliación no se medirá únicamente por el número de profesionales incorporados, sino por su capacidad para reducir los asuntos pendientes, agilizar los procedimientos y ofrecer una justicia más rápida a los ciudadanos.
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