Vecinos de cuatro viviendas y un bajo de la plaza de La Corrada denuncian cortes de electricidad en zonas comunes, la intervención de una empresa de desocupación y comunicaciones para que abandonen el inmueble. El Sindicato de Inquilinas y la asociación vecinal alertan de una situación que vuelve a poner sobre la mesa el futuro residencial del casco histórico de Gijón.
Tienen contratos de alquiler que aseguran que siguen vigentes, pagan sus mensualidades y, sin embargo, denuncian que están sufriendo presiones para abandonar sus viviendas. Un nuevo conflicto inmobiliario ha estallado en pleno corazón de Cimavilla, uno de los barrios más emblemáticos de Gijón, donde varios residentes de un edificio de la plaza de La Corrada aseguran estar viviendo una situación de creciente inseguridad.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y la Asociación de Vecinos de Cimavilla denunciaron este miércoles, 14 de octubre, una serie de actuaciones que consideran dirigidas a conseguir la salida de los arrendatarios del inmueble, adquirido por una nueva propiedad.
La denuncia afecta a cuatro viviendas y un bajo comercial. Según los colectivos, los residentes se encuentran al corriente de sus pagos y mantienen contratos legalmente formalizados.
Cortes de luz, visitas de una empresa de desocupación y presiones para marcharse
La situación denunciada va mucho más allá de una discrepancia sobre las condiciones de un alquiler.
Los afectados aseguran que se han producido cortes de suministro eléctrico en las zonas comunes del edificio, una circunstancia que perjudica el uso cotidiano del inmueble y que consideran parte de las presiones para que abandonen sus hogares.
También denuncian actuaciones atribuidas a una empresa especializada en desocupaciones y la colocación de avisos en las puertas de las viviendas.
A ello se suman comunicaciones relacionadas con la continuidad de los arrendamientos que, según los colectivos denunciantes, cuestionan la vigencia de unos contratos que los residentes consideran plenamente válidos.
Por el momento, no consta una resolución judicial que determine la existencia de coacciones ni que ordene el desalojo de los inquilinos.
Contratos firmados en 2024 y alquileres de unos 500 euros
Uno de los elementos centrales del conflicto es la situación contractual de los residentes.
Según la información facilitada por las organizaciones que respaldan a los afectados, los últimos contratos se formalizaron en 2024 por un periodo de cinco años, con rentas que rondan los 500 euros mensuales.
De confirmarse estas condiciones y su plena vigencia, los arrendamientos podrían extenderse hasta 2029.
La adquisición del edificio por una nueva propiedad no supone, por sí sola, la desaparición automática de los contratos de alquiler existentes. Su continuidad y las obligaciones que asume el comprador dependen del régimen legal aplicable y de las circunstancias de cada contrato.
Precisamente ahí reside uno de los puntos más delicados del conflicto: la diferencia entre una vivienda ocupada sin título legal y otra habitada por inquilinos que mantienen un contrato de arrendamiento vigente.
Cimavilla y el temor a que las viviendas de siempre terminen convertidas en alojamientos turísticos
El episodio ha reabierto un debate que afecta directamente al futuro del casco histórico de Gijón.
Cimavilla, antiguo barrio marinero y uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, se encuentra sometido desde hace años a una transformación de sus usos residenciales y comerciales.
La convivencia entre vivienda habitual, actividad hostelera y alojamiento turístico constituye uno de los grandes desafíos de esta zona de Gijón.
La asociación vecinal sospecha que detrás de las presiones denunciadas podría existir el propósito de destinar los inmuebles a alojamientos turísticos, una posibilidad que, por el momento, no está acreditada como proyecto efectivo de la propiedad.
Para las organizaciones vecinales, el conflicto de La Corrada representa un ejemplo del riesgo de que el atractivo inmobiliario y turístico del barrio termine desplazando progresivamente a sus residentes tradicionales.
Una denuncia grave que exige explicaciones
El Sindicato de Inquilinas y la asociación vecinal reclaman que se respete la situación contractual de los residentes y que cesen las actuaciones que consideran intimidatorias.
La gravedad de las acusaciones hace necesario esclarecer quién ordenó las intervenciones denunciadas, cuál es la situación real de los suministros comunes y qué fundamento jurídico tienen las comunicaciones dirigidas a los arrendatarios.
También resulta fundamental conocer la versión de la propiedad y de la empresa de desocupación señalada, así como determinar si existe alguna actuación administrativa o judicial relacionada con el inmueble.
Hasta el momento, Asturias Mundial no ha recabado directamente esas versiones ni ha podido examinar los contratos y comunicaciones que sustentan la denuncia.
El caso de La Corrada trasciende a un solo edificio. Plantea una cuestión de enorme relevancia para Gijón: cómo compatibilizar la transformación económica y turística de sus barrios históricos con la permanencia de quienes llevan años viviendo en ellos.
Porque, más allá del legítimo interés de los propietarios por gestionar sus inmuebles, cualquier controversia sobre un contrato de alquiler debe resolverse respetando los derechos de las partes y los procedimientos establecidos por la ley.
Dejar un comentario
Acceder al formulario de comentarios de la comunidad