La empresa pública asturiana está revisando la situación económica de sus adjudicatarios y ha encontrado casos de personas que poseen dos o tres inmuebles o cuyos ingresos se acercan o superan los 70.000 euros brutos anuales. Al mismo tiempo mantiene unas 2.000 negociaciones con hogares con dificultades y asegura haber alcanzado acuerdos con otros 2.000 adjudicatarios para evitar pérdidas de vivienda por impagos asociados a problemas económicos.

Una vivienda pública puede adjudicarse cuando una familia atraviesa una situación determinada. Pero ¿qué ocurre diez, quince o veinte años después si aquella situación ha cambiado radicalmente?

Esa es la pregunta que acaba de colocar sobre la mesa la revisión que está realizando Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) sobre su parque de alquiler.

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ha confirmado que el proceso está detectando casos de adjudicatarios que actualmente disponen de dos e incluso tres viviendas en propiedad y otros cuyos ingresos familiares se sitúan alrededor de los 70.000 euros brutos anuales o incluso por encima de esa cantidad. 

El dato resulta especialmente relevante porque Vipasa gestiona más de 9.500 viviendas públicas en alquiler y, paralelamente, Asturias mantiene registros de demandantes de vivienda protegida en decenas de concejos. La propia empresa reconoce, además, que en su oferta directa de 753 viviendas de protección autonómica no existe actualmente disponibilidad inmediata y que las nuevas solicitudes pasan a lista de espera. 

Pero existe un matiz fundamental:

Vipasa no afirma que esta sea la situación generalizada de sus inquilinos.

Zapico ha insistido en que se trata de casos concretos.

Tener una vivienda pública no congela para siempre la situación económica

La revisión parte de algo relativamente sencillo: las circunstancias de una familia pueden cambiar mucho desde el momento en que obtiene una vivienda.

Una persona puede perder su empleo, separarse, sufrir una caída importante de ingresos o pasar a depender de una pensión. Pero también puede ocurrir lo contrario: que mejore profesionalmente, aumenten notablemente los ingresos familiares o adquiera otros inmuebles.

Vipasa está intentando actualizar esas fotografías económicas.

El propio Gobierno asturiano ya explicó este verano que la revisión de rentas puede actuar en las dos direcciones: si los ingresos del hogar caen, el alquiler puede reducirse; si aumentan, la renta puede revisarse al alza. Según la Consejería, esas actualizaciones no deben hacer que la renta supere el 20% de los ingresos del arrendatario en los supuestos afectados por esta revisión. 

Otra cuestión diferente es que la situación económica haya cambiado hasta el punto de que el adjudicatario deje de cumplir las condiciones que justifican la utilización de una vivienda pública.

Y ahí es donde aparecen ahora los casos más llamativos.

Dos viviendas. Tres viviendas. Y rentas próximas a 70.000 euros

Zapico relató este jueves que las revisiones han encontrado personas que poseen dos o tres inmuebles.

También habló de adjudicatarios con ingresos brutos anuales cercanos o superiores a 70.000 euros.

Su argumento es que esos hogares pueden haber cumplido los requisitos cuando accedieron a la vivienda, pero su situación económica actual obliga a revisar si continúan teniendo derecho a ocuparla. 

Lo que todavía no ha detallado públicamente la Consejería es probablemente el dato más importante para dimensionar el problema:

cuántos expedientes existen exactamente por cada causa.

No sabemos todavía cuántos corresponden a exceso de ingresos, cuántos a propiedad de otros inmuebles y cuántos terminarán realmente con la recuperación de la vivienda.

Sin esa cifra sería incorrecto presentar estos casos como representativos de los miles de adjudicatarios del parque público.

La Corredoria: tres familias, no todo un barrio

El conflicto surgido recientemente en viviendas de La Corredoria permite comprobar precisamente la importancia de distinguir casos individuales de fenómenos generales.

Según explicó Zapico, el expediente difundido públicamente afecta a tres personas o unidades familiares.

Una habría aceptado abandonar la vivienda y otras dos disponen todavía de aproximadamente un año para volver a acreditar cuál es su situación económica. 

Eso significa que una comunicación de Vipasa no equivale necesariamente a un desahucio inmediato.

Puede abrir un procedimiento administrativo en el que se revisan ingresos, patrimonio y circunstancias familiares y en el que los afectados pueden acreditar cambios en su situación.

En el otro extremo están las familias que no pueden pagar

Y aquí aparece la otra mitad de la noticia.

Mientras revisa quién puede haber dejado de cumplir las condiciones económicas, Vipasa mantiene actualmente alrededor de 2.000 negociaciones con adjudicatarios y asegura haber alcanzado acuerdos con otras 2.000 personas para resolver problemas relacionados con el pago de la vivienda.

La política anunciada por la Consejería diferencia entre impago voluntario e impago derivado de dificultades económicas.

Zapico sostiene que no se producirá la pérdida de una vivienda pública por un impago involuntario vinculado a una situación real de vulnerabilidad. En esos casos se negocian planes individualizados de pago adaptados a la capacidad económica familiar. 

El Principado había explicado ya en marzo que, cuando existen dificultades económicas, intervienen Vipasa, los servicios sociales municipales y los equipos de intermediación para intentar llegar a acuerdos antes de que el expediente termine en una pérdida de la vivienda. En 2024 se tramitaron 47 demandas judiciales vinculadas al parque público, 40 de ellas relacionadas con impagos; en 2025 fueron 37 nuevas demandas, de las que 18 correspondían a esa causa. 

Por tanto, tener una deuda tampoco significa automáticamente acabar fuera de la vivienda.

El verdadero problema: saber quién necesita hoy cada piso

La revisión expone una cuestión de gestión especialmente delicada.

Una vivienda pública es un recurso limitado.

La última memoria disponible de Vipasa situaba el parque gestionado en alrededor de 9.600 viviendas de alquiler, ocupadas por cerca de 20.000 personas. 

Al mismo tiempo, el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida mantiene listas de solicitantes de alquiler en 38 concejos asturianos, incluidos Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres o Langreo. El registro público no ofrece en su página principal un total agregado actualizado, por lo que no es prudente convertir esas listas municipales en una cifra única sin depurarlas. 

Y ahí aparece el dilema que explica las inspecciones.

Si una vivienda permanece ocupada por alguien que actualmente posee otros inmuebles o supera ampliamente los límites económicos previstos, esa vivienda no puede ser adjudicada a otra familia que sí cumpla los requisitos.

Pero el sistema tiene que distinguir esos supuestos de otro completamente diferente: el de una familia cuya economía se ha deteriorado y que precisamente necesita más que antes el alquiler público.

Revisar también puede significar pagar menos

Este detalle resulta especialmente importante porque evita convertir la revisión en una simple campaña de expulsiones.

Vipasa sostiene que está comprobando los ingresos de todos los perfiles.

Para algunos adjudicatarios eso desemboca en incrementos de renta.

Para otros significa justamente lo contrario.

La empresa pública ha explicado que cuando detecta una pérdida de ingresos puede reducir el alquiler, adaptándolo a la nueva situación del hogar. 

Por tanto, el objetivo declarado de la revisión es actualizar quién necesita protección, cuánto puede pagar y si sigue cumpliendo las condiciones para ocupar el inmueble.

204 viviendas recuperadas o en proceso de recuperación

La revisión de ingresos se añade además a otra operación iniciada por el Principado para recuperar viviendas públicas que no estaban utilizándose conforme a su finalidad.

En junio, el Gobierno autonómico informó de que 204 inmuebles habían sido recuperados o estaban en proceso de reparación después de detectar situaciones como viviendas no ocupadas por sus titulares, realquileres u otros usos considerados fraudulentos. En aquel momento ya se habían recuperado efectivamente 93. 

Es una vía distinta de la revisión de rentas, pero ambas persiguen comprobar el destino real del parque público.

Y quedan preguntas incómodas por responder

La aparición de adjudicatarios con ingresos de ese nivel o varias propiedades provoca inevitablemente otra pregunta:

¿durante cuánto tiempo pudieron mantenerse esas situaciones sin ser detectadas?

La Consejería señala que durante los últimos tres años ha intensificado las revisiones. Sin embargo, todavía falta conocer públicamente la periodicidad que tenían antes esos controles, cuántos contratos llevaban años sin actualizarse y qué mecanismos automáticos existen para cruzar información sobre ingresos y patrimonio. 

Esos datos permitirían saber si estamos ante anomalías muy excepcionales o ante un problema de supervisión acumulado durante años.

El dato de 70.000 euros llama la atención. Pero el dato decisivo todavía no lo conocemos

La existencia de una persona con tres viviendas o unos ingresos de 70.000 euros dentro del parque público resulta llamativa.

Pero, desde el punto de vista de la gestión, la cuestión fundamental no es encontrar un caso espectacular.

Es conocer cuántos existen.

Cuántos adjudicatarios han dejado de cumplir los requisitos.

Cuántos pueden permanecer pagando una renta actualizada.

Cuántos deberán abandonar finalmente la vivienda.

Y cuántas de esas viviendas podrán ponerse después a disposición de los solicitantes que siguen esperando.

Hasta que Vipasa publique ese desglose, hay una conclusión que sí puede sostenerse: la revisión está mostrando dos realidades completamente distintas dentro del mismo parque público.

Hay hogares que han mejorado económicamente hasta superar ampliamente las condiciones con las que accedieron.

Y hay otros que tienen problemas incluso para pagar su actual alquiler.

El reto administrativo consiste precisamente en no confundir a unos con otros.