El Consejo de Ministros aprueba un paquete urgente que incluye reducción de impuestos, refuerzo del bono eléctrico y la prohibición de cortar suministros a hogares vulnerables

El Gobierno ha activado este viernes un paquete de medidas de carácter urgente para hacer frente al encarecimiento de la energía provocado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Con el precio del petróleo disparado por encima de los 110 dólares el barril, el Ejecutivo ha optado por intervenir directamente en los costes que soportan familias y empresas, con una rebaja fiscal significativa sobre los combustibles, la electricidad y el gas.

La medida más relevante será la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. Esta decisión busca amortiguar el fuerte incremento de precios registrado en las últimas semanas, que ha llevado al diésel a subir en torno a un 31% y a la gasolina cerca de un 19%. En términos reales, llenar un depósito medio se ha encarecido de forma notable, superando en muchos casos los 100 euros en vehículos diésel y acercándose a esa cifra en los de gasolina.

El Ejecutivo considera que la rebaja impositiva permitirá contener parcialmente esta subida y evitar un mayor impacto en la inflación, especialmente en sectores altamente dependientes del transporte.

Junto a esta medida, el Gobierno ha aprobado también la reducción del IVA en la electricidad y el gas, que quedará igualmente fijado en el 10%. A ello se suma la suspensión de determinados impuestos energéticos que gravan la producción eléctrica, con el objetivo de abaratar la factura final para los consumidores.

El paquete incluye además un refuerzo del bono social eléctrico, ampliando tanto su cobertura como la intensidad de las ayudas. De forma paralela, se establece la prohibición de cortar el suministro de luz, gas y agua a los hogares considerados vulnerables, consolidando así un escudo social que ya se aplicó en anteriores crisis energéticas.

Las medidas no se limitan al ámbito doméstico. El Gobierno prevé también actuaciones específicas para sectores especialmente afectados por el encarecimiento de la energía, como el transporte, la agricultura o la pesca, que en las últimas semanas han visto incrementarse de forma significativa sus costes operativos.

El origen de esta intervención se encuentra en la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado una fuerte inestabilidad en los mercados energéticos. La incertidumbre sobre el suministro global, especialmente en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, ha impulsado al alza el precio del crudo, con efectos inmediatos sobre los carburantes y, en cadena, sobre el conjunto de la economía.

El Gobierno reconoce que estas medidas tienen un carácter inmediato y buscan contener el impacto más urgente sobre los consumidores, aunque no descarta la adopción de nuevos paquetes si la situación internacional se prolonga.

La evolución del conflicto y de los mercados energéticos en las próximas semanas será determinante para evaluar la eficacia de estas medidas y la necesidad de reforzar la respuesta económica. Mientras tanto, el Ejecutivo ha optado por actuar con rapidez ante una crisis que ya se está trasladando con claridad al bolsillo de los ciudadanos.