La Administración autonómica intensifica el control del mercado con campañas de inspección, sanciones y formación para proteger a la ciudadanía frente a fraudes y productos inseguros

La defensa de los consumidores en Asturias se ha convertido en una de las prioridades de la política pública autonómica. Durante 2025, el Servicio de Consumo del Principado desplegó un amplio operativo de vigilancia del mercado que permitió retirar 4.738 productos inseguros, en su mayoría juguetes, material eléctrico y accesorios para vehículos, tras llevar a cabo 282 actuaciones de inspección dentro de 21 campañas de control.

Los datos forman parte de la memoria anual presentada por la Dirección General de Consumo, que refleja una actividad intensa tanto en la supervisión del mercado como en la resolución de conflictos entre ciudadanos y empresas, la formación en consumo responsable y el apoyo a las redes municipales de atención al consumidor.

En total, el servicio gestionó 1.694 reclamaciones ciudadanas durante el pasado año y tramitó 69 expedientes sancionadores, que se tradujeron en multas por valor de 321.084 euros.

Vigilancia constante para detectar productos peligrosos

El control de seguridad de productos constituye una de las funciones esenciales del Servicio de Consumo. En 2025, las inspecciones realizadas dentro de las campañas de control permitieron identificar y retirar miles de artículos que no cumplían con los estándares de seguridad exigidos por la normativa.

La mayoría de los productos retirados correspondían a:

• juguetes infantiles

• pequeños electrodomésticos y material eléctrico

• accesorios vinculados al automóvil

Las actuaciones incluyeron inspecciones físicas en establecimientos, análisis documental de productos, controles en comercio electrónico y toma de muestras para análisis técnico.

A través de estas actuaciones se detectaron artículos que podían suponer un riesgo para los consumidores, lo que obligó a su retirada inmediata del mercado.

La red europea de alertas detecta riesgos en miles de productos

La labor de vigilancia se complementa con la participación del Principado en la Red Europea de Alertas de Productos Inseguros, un sistema de intercambio de información que permite a las autoridades detectar rápidamente artículos potencialmente peligrosos y retirarlos del mercado antes de que provoquen daños.

Durante el pasado año se gestionaron 2.740 notificaciones de alerta, que dieron lugar a 212 actuaciones de control, realizadas tanto por el Servicio de Consumo del Principado como en colaboración con ayuntamientos y Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

Como resultado de estas actuaciones:

• 356 productos fueron devueltos a origen

• 4.738 artículos fueron destruidos

• 7 productos quedaron inmovilizados

Además, los inspectores detectaron 196.411 productos con problemas de etiquetado, ya fuera por ausencia de información obligatoria o por datos incorrectos.

Tras las actuaciones de control:

• 172.879 productos fueron correctamente reetiquetados

• 18.873 fueron destruidos

• 1.724 quedaron inmovilizados

Reclamaciones en aumento: más ciudadanos acuden a Consumo

El Servicio de Consumo tramitó 1.694 reclamaciones durante 2025, una cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior.

El descenso se explica en parte porque en 2024 se incorporaron reclamaciones procedentes del municipio de Siero tras el cierre de su oficina municipal de consumo. Sin embargo, si se observa la evolución de los últimos años, se aprecia una tendencia al alza: las reclamaciones han aumentado más de un 27% desde 2021.

Las consultas más frecuentes de los ciudadanos están relacionadas con:

• servicios energéticos

• telecomunicaciones

• suministro de agua

• contratación de servicios técnicos

• conflictos con empresas de vivienda o mantenimiento

Además de las reclamaciones formales, el servicio atendió 966 consultas directas de ciudadanos, principalmente a través del teléfono y de atención presencial.

Arbitraje de consumo: una alternativa rápida a los tribunales

El sistema de arbitraje de consumo continúa consolidándose como una vía eficaz para resolver conflictos entre consumidores y empresas sin necesidad de acudir a los tribunales.

Durante 2025 se presentaron 335 solicitudes de arbitraje, una cifra ligeramente superior a la registrada el año anterior.

Actualmente, 1.358 empresas están adheridas al sistema arbitral en Asturias, lo que permite resolver disputas de forma gratuita, rápida y sin los costes asociados a un procedimiento judicial.

De los expedientes tramitados, 76 finalizaron con laudo arbitral, una resolución que tiene la misma validez que una sentencia judicial.

Multas a empresas por incumplimientos

La actividad inspectora también se tradujo en sanciones económicas para empresas que incumplieron la normativa de protección al consumidor.

Durante el pasado año se tramitaron 69 expedientes sancionadores, relacionados con diferentes sectores económicos, entre ellos:

• vivienda

• servicios técnicos

• productos industriales

• prestación de servicios

El importe total de las sanciones impuestas ascendió a 321.084 euros.

Asturias presume de la red de formación en consumo más densa de Europa

Uno de los aspectos más singulares del modelo asturiano es su apuesta por la educación en consumo responsable.

El Principado dispone de cinco Centros de Formación para el Consumo, ubicados en:

• Vegadeo

• Tinéu

• Llugones / Lugones

• Blimea (San Martín del Rey Aurelio)

• Ribadesella / Ribeseya

Esta red es considerada la más densa de Europa en su ámbito, y en 2025 permitió formar a 19.841 personas.

Las actividades educativas se organizaron en:

• 1.181 grupos

• 127 actividades formativas

• 34 talleres especializados

Aproximadamente el 40% de los participantes procedían del sistema educativo, mientras que el resto correspondía a asociaciones, colectivos sociales y centros de mayores.

Programas para colectivos vulnerables

El programa de formación también incluye iniciativas específicas dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso a este tipo de información.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan:

• talleres formativos en el Centro Penitenciario de Asturias

• actividades educativas en casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género

El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos dispongan de herramientas para defender sus derechos como consumidores.

Consumópolis: educar a los jóvenes en consumo responsable

La educación en consumo responsable también llega a las aulas a través del concurso escolar Consumópolis, una iniciativa que busca sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de tomar decisiones de compra informadas.

En la edición correspondiente al curso 2024-2025 participaron:

• 99 equipos escolares

• 10 centros educativos

• 495 estudiantes

Apoyo a ayuntamientos y asociaciones

El Principado mantiene también programas de apoyo económico destinados a reforzar la red de protección al consumidor en el territorio.

Durante el pasado año se concedieron:

• 150.000 euros a entidades locales para apoyar el funcionamiento de las 16 Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)

• 42.755 euros a asociaciones de consumidores para financiar programas de información, asesoramiento y defensa de derechos.

El Gobierno autonómico prevé además aumentar estas ayudas hasta 250.000 euros, con el objetivo de reforzar la atención de proximidad que prestan los ayuntamientos.

Una nueva ley para reforzar los derechos del consumidor

El Ejecutivo autonómico prepara además una nueva Ley de Derechos de las Personas Consumidoras, actualmente en tramitación parlamentaria, que pretende fortalecer los mecanismos de defensa de la ciudadanía y ampliar los instrumentos de control del mercado.

La norma busca consolidar un sistema de protección que combine vigilancia del mercado, sanciones a empresas que incumplen la normativa y formación de la ciudadanía, reforzando así el papel de las administraciones públicas en la defensa de los consumidores.

En un mercado cada vez más complejo y digitalizado, Asturias apuesta por un modelo que combina inspección, prevención y educación para garantizar que los derechos de los consumidores estén protegidos frente a fraudes, abusos y productos inseguros.