Violencia, fugas y miedo en Sograndio: la brutal paliza a un vigilante destapa la crisis del centro de menores de Asturias

Violencia, fugas y miedo en Sograndio: la brutal paliza a un vigilante destapa la crisis del centro de menores de Asturias

Trabajadores denuncian motines, fugas y agresiones cada vez más frecuentes mientras el Principado sostiene que no existe un aumento real de incidencias

La violenta agresión sufrida por un vigilante de seguridad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, ha vuelto a situar bajo el foco a una de las instituciones más delicadas del sistema judicial juvenil asturiano.

El ataque, protagonizado por uno de los internos del centro, ha provocado una fuerte reacción entre los trabajadores del equipamiento, que alertan de un deterioro creciente de la convivencia, una escalada de episodios violentos y una sensación de inseguridad cada vez mayor entre la plantilla.

Desde el Gobierno del Principado, sin embargo, se ofrece una lectura muy distinta de la situación. La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos sostiene que no existe constancia de un incremento real de incidentes y recuerda que en los últimos meses se han reforzado tanto los recursos humanos como la seguridad del centro.

El choque de versiones ha reabierto un debate incómodo: qué está ocurriendo realmente dentro del principal centro de internamiento de menores infractores de Asturias.

La agresión que ha desatado la alarma

El detonante de la polémica fue la agresión sufrida este viernes por un vigilante de seguridad del centro. Según denuncian trabajadores de Sograndio, el menor implicado propinó patadas y puñetazos al empleado y provocó importantes destrozos en las instalaciones.

La plantilla sostiene que el interno ya había protagonizado anteriormente episodios violentos. Entre ellos, amenazas a trabajadores y compañeros, intentos de fuga saltando la valla del recinto e incluso la aplicación del llamado “mataleón”, una llave de estrangulamiento realizada desde la espalda, a un miembro del equipo de seguridad durante una salida recreativa.

Los trabajadores consideran que el joven presenta un perfil altamente agresivo y conflictivo, lo que ha generado una gran preocupación dentro del centro.

Para parte de la plantilla, el problema no es únicamente la conducta de determinados internos, sino la sensación de falta de herramientas para intervenir con eficacia ante situaciones violentas.

Motines, fugas y tensión interna

La agresión se produce en un contexto que los trabajadores califican como cada vez más complicado.

Según su relato, en los últimos meses se han producido diversos incidentes que consideran preocupantes:

  • motines protagonizados por internos,

  • plantes colectivos en varios módulos,

  • intentos de fuga y fugas consumadas,

  • y episodios de agresión al personal del centro.

Los profesionales citan episodios recientes que reflejarían ese deterioro. Entre ellos, varios intentos de fuga registrados en enero, así como la escapada de menores durante permisos o salidas autorizadas.

También denuncian que en febrero se produjeron nuevas situaciones conflictivas, entre ellas un plante colectivo protagonizado por varios internos de uno de los módulos.

Para los trabajadores, estos episodios reflejan una realidad preocupante: lo que antes eran hechos aislados empieza a convertirse en una dinámica más frecuente.

Un centro con medio centenar de menores

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio acoge habitualmente alrededor de cincuenta jóvenes de entre 14 y 18 años que cumplen medidas judiciales tras haber cometido delitos.

Este tipo de instituciones tienen un doble objetivo: garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por los tribunales y trabajar en la reinserción social de los menores mediante programas educativos, psicológicos y formativos.

Sin embargo, ese equilibrio entre educación y seguridad es cada vez más complejo.

Trabajadores del centro sostienen que los perfiles de algunos internos presentan niveles de conflictividad elevados, lo que exige equipos especializados, protocolos claros y una dotación suficiente de personal.

Cuando alguno de esos elementos falla, advierten, la convivencia dentro del centro se resiente.

Un problema que viene de lejos

Las tensiones en Sograndio no son nuevas.

En los últimos años se han registrado varios episodios de fugas y agresiones, algunos de ellos especialmente graves. En uno de los incidentes más recordados, un menor agredió a dos trabajadores durante una actividad fuera del centro antes de escapar.

Las dificultades en la gestión del equipamiento provocaron incluso cambios en su dirección. En 2025 la responsable del centro presentó su dimisión tras detectarse disfunciones en el funcionamiento interno del equipamiento.

A raíz de aquella situación, el Principado impulsó una reorganización del centro y anunció un plan de mejora integral.

La respuesta del Principado

Desde la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos defienden que la situación está siendo abordada mediante una estrategia de refuerzo del equipamiento.

Entre las medidas adoptadas destacan:

  • un nuevo contrato de seguridad valorado en 2,5 millones de euros,

  • el aumento del personal de vigilancia de 35 a 49 efectivos,

  • la incorporación de nuevas plazas en los próximos meses,

  • la actualización de los protocolos de intervención,

  • y un plan de mejoras en las instalaciones del centro.

Según el Gobierno asturiano, estas medidas buscan reforzar la seguridad del equipamiento y mejorar el funcionamiento del proyecto socioeducativo del centro.

Además, aseguran que existe un diálogo continuo con el comité de empresa para analizar la evolución de la situación.

Seguridad y reinserción: el difícil equilibrio

El debate abierto en Sograndio refleja un problema que afecta a muchos centros de menores en España.

Por un lado, los trabajadores reclaman más recursos, mayor seguridad y protocolos más contundentes ante situaciones violentas.

Por otro, las administraciones recuerdan que el objetivo de estos centros no es únicamente custodiar a los menores, sino educarlos y facilitar su reinserción social.

Ese equilibrio entre disciplina y educación es delicado.

Y en Sograndio, según denuncian los propios profesionales del centro, ese equilibrio podría estar sometido a una presión creciente.

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