El salario mínimo interprofesional subirá un 3,1% en 2026 con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La CEOE rechaza el acuerdo, acusa al Ejecutivo de “falta de respeto” y anuncia batalla judicial.

España vuelve a subir el salario mínimo, pero esta vez sin foto conjunta. El Gobierno y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han cerrado un acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone una subida de 37 euros mensuales (3,1%) respecto al año anterior. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y beneficiará a alrededor de 2,5 millones de trabajadores.

Sin embargo, la decisión no cuenta con el respaldo de la patronal. La CEOE y Cepyme han rechazado el acuerdo por unanimidad, en un movimiento que tensiona al máximo el diálogo social y abre una nueva etapa de confrontación institucional en materia salarial.

Una subida en plena fractura

El incremento del SMI consolida una tendencia al alza iniciada en 2018, cuando el salario mínimo se situaba en 736 euros mensuales. Desde entonces, la cifra ha crecido de forma sostenida hasta superar ya los 1.200 euros, acumulando un aumento cercano al 64% en ocho años.

El Gobierno defiende que la subida es “responsable y equilibrada”, que protege el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos y que mantiene el salario mínimo dentro de las recomendaciones europeas, que sitúan el umbral en torno al 60% del salario medio.

Pero la negociación no ha sido sencilla. Las posiciones estaban muy alejadas desde el inicio. Mientras el Ejecutivo y los sindicatos apostaban por un incremento del 3,1%, la patronal defendía una subida mucho más moderada, en torno al 1,5%, alegando el impacto que tendría en costes laborales, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

La brecha no se cerró y el acuerdo terminó firmándose únicamente entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales.

El detonante: acusaciones de “fórmula trilera”

Más allá de la cifra final, lo que ha dinamitado el clima ha sido la forma en que se desarrolló la negociación. La patronal ha denunciado que el Ministerio de Hacienda filtró a los medios una propuesta de incentivos fiscales para compensar el alza del SMI antes de presentarla oficialmente en la mesa de diálogo social.

Esa fórmula planteaba deducciones en el impuesto de sociedades para empresas que contrataran nuevos trabajadores con salarios superiores al mínimo y mantuvieran el empleo durante un periodo determinado. Sin embargo, tanto empresarios como sindicatos consideraron que las condiciones eran complejas y de difícil aplicación.

Desde la CEOE calificaron la propuesta de “intervencionista” y “trilera”, mientras que los sindicatos hablaron de “sainete” y “despropósito”. El malestar fue tal que el Ministerio de Trabajo optó por no llevar formalmente esa alternativa a la reunión final.

Blindaje contra la absorción de pluses

El acuerdo entre Gobierno y sindicatos incluye además un compromiso adicional: reformar el decreto que regula el SMI para impedir que las empresas puedan compensar la subida absorbiendo o reduciendo complementos salariales.

La intención es que los 37 euros adicionales no se diluyan mediante ajustes en pluses como los de nocturnidad, peligrosidad, transporte o vestuario. Trabajo pretende “clarificar las reglas de absorción” para evitar lo que considera “una injusticia monumental”.

La patronal, sin embargo, sostiene que esta medida vulnera el Estatuto de los Trabajadores y rompe la lógica de la negociación colectiva. CEOE ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales si se aprueba el blindaje por vía de decreto sin pasar por el Congreso.

Impacto económico y sectores más afectados

La subida del SMI afecta principalmente a trabajadores de sectores con salarios más bajos, como hostelería, comercio, agricultura, servicios auxiliares y empleo doméstico. En muchas provincias y actividades con menor productividad, el salario mínimo actúa como referencia directa para una parte significativa de la plantilla.

Los sindicatos subrayan que el incremento reforzará el consumo interno y aliviará la presión sobre los hogares con menos renta disponible. La patronal, en cambio, advierte de que el aumento de costes laborales —incluidas cotizaciones— puede tensionar márgenes empresariales ya estrechos y dificultar nuevas contrataciones.

El debate no es nuevo: estudios recientes muestran que las anteriores subidas del SMI han tenido efectos limitados en el empleo agregado, pero sí han generado ajustes en sectores concretos y territorios con menor dinamismo económico.

Una fractura simbólica

Más allá del impacto inmediato en nóminas y balances, lo que queda tras esta negociación es una ruptura simbólica. El modelo español de diálogo social, basado en el acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal, ha sido una pieza clave en reformas laborales y pactos salariales durante décadas.

La decisión de aprobar el SMI sin respaldo empresarial refleja un cambio de escenario. Gobierno y sindicatos avanzan juntos en materia salarial, mientras la patronal se sitúa en una posición de confrontación abierta.

La subida a 1.221 euros será efectiva en las próximas semanas mediante real decreto. Pero el debate de fondo seguirá abierto: hasta qué punto puede el Estado fijar el suelo salarial sin consenso empresarial y cómo equilibrar la mejora del poder adquisitivo con la sostenibilidad de las empresas.

El salario mínimo vuelve a subir. El diálogo social, en cambio, atraviesa uno de sus momentos más delicados.