La refriega política en el Congreso ha acabado impactando directamente en la nómina de miles de hogares asturianos. Más de 280.000 pensionistas en el Principado podrían quedarse sin la subida prevista para 2026 después de que el Partido Popular y Junts, con el apoyo de Vox, tumbaran el decreto del Gobierno que incluía la revalorización de las pensiones y la prórroga del llamado “escudo social”.
El incremento contemplaba una subida del 2,7 % para la mayoría de las pensiones contributivas y aumentos que oscilaban entre el 7 % y el 11 % para las mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En términos prácticos, hablamos de alrededor de 50 euros más al mes para muchos jubilados asturianos. Una cantidad que, en un contexto de precios elevados en energía, alimentación y farmacia, no es menor.
Asturias, especialmente sensible
El golpe es especialmente delicado en Asturias, una de las comunidades más envejecidas del país. Con un porcentaje de población mayor de 65 años superior a la media nacional, la pensión no es un complemento: es el pilar económico de cientos de miles de hogares. En muchos casos, además, sostiene a hijos y nietos en situaciones de precariedad.
La subida ya se había aplicado en la nómina de enero, pero si el Gobierno no aprueba en las próximas semanas un nuevo decreto específico centrado exclusivamente en la revalorización, la paga de febrero podría volver a las cuantías de 2025, dejando en el aire esa mejora que muchos ya daban por consolidada.
¿Qué ha pasado exactamente?
El Ejecutivo optó por incluir la subida de pensiones dentro de un decreto más amplio que también prorrogaba medidas del “escudo social”: moratorias de desahucios, ayudas a hogares vulnerables, protecciones frente a cortes de suministros y otros apoyos heredados de la pandemia.
PP y Junts exigían que la revalorización se votara por separado. Acusan al Gobierno de mezclar asuntos sensibles con medidas polémicas para forzar apoyos. Vox fue más allá y votó en contra de todo el paquete.
Desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha acusado a la oposición de “tomar como rehenes a los jubilados” y de bloquear una mejora que afecta a millones de personas. La oposición replica que el Ejecutivo ha actuado de forma “chantajista” al no separar la subida del resto de medidas.
El resultado fue un revés parlamentario que deja a millones de pensionistas en una situación de incertidumbre.
Más que pensiones: también cae parte del escudo social
La caída del decreto no solo afecta a las pensiones. También quedan en suspenso medidas antidesahucios, ayudas a víctimas de catástrofes naturales y determinados apoyos fiscales y energéticos para colectivos vulnerables.
El choque evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria y anticipa semanas de negociación intensa. El Gobierno dispone de margen para presentar un nuevo texto exclusivamente centrado en las pensiones, algo que tanto PP como Junts aseguran que respaldarían.
Una repetición de 2025
No es la primera vez que ocurre. El año pasado ya se vivió un episodio similar con el decreto ómnibus que incluía la revalorización. Entonces, tras el rechazo inicial, el Gobierno troceó el texto y logró sacarlo adelante en una segunda votación.
La pregunta ahora es si volverá a repetirse ese desenlace o si el pulso político se prolongará.
El trasfondo: economía y desgaste político
La derecha sostiene que algunas medidas del escudo social no encajan con el discurso gubernamental de que la economía española “va como un cohete”. Critican especialmente que las moratorias de desahucios trasladen el coste a propietarios privados.
El Ejecutivo y sus socios de izquierdas defienden que siguen existiendo bolsas de vulnerabilidad que justifican mantener protecciones y recuerdan que la revalorización de pensiones conforme al IPC es un compromiso legal para preservar el poder adquisitivo.
En medio de ese cruce de acusaciones quedan los jubilados. En Asturias, más de 280.000 personas que dependen de una pensión pública y que observan cómo la pelea política en Madrid puede traducirse, de forma muy directa, en menos dinero a final de mes.
El reloj ya está en marcha. Si no hay acuerdo en las próximas semanas, febrero será el mes que confirme si la subida era firme… o solo provisional.
