Asturias ha alzado la voz con claridad. El Gobierno del Principado ha celebrado de forma explícita el anuncio del Ejecutivo central de poner en marcha un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas en todo el país. Una decisión que, más allá de lo administrativo, ha abierto una de las discusiones más intensas de los últimos años en materia migratoria.

Desde el entorno del presidente Adrián Barbón se habla de una medida que responde a dos conceptos clave: solidaridad y dignidad. Y no es casual que el Principado utilice esas palabras. Asturias lleva años señalando el reto demográfico como uno de sus principales desafíos estructurales. Una comunidad envejecida, con baja natalidad y con municipios que pierden población año tras año, observa la inmigración no solo como una realidad social, sino como una necesidad económica y demográfica.

¿Qué implica exactamente la regularización?

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que permitirá regularizar a personas extranjeras que ya se encuentran en el país y que cumplan determinados requisitos: acreditar una estancia mínima en territorio español, carecer de antecedentes penales y demostrar arraigo o circunstancias personales específicas.

El permiso inicial será de un año, con autorización para trabajar, y podrá evolucionar hacia una residencia ordinaria si se cumplen los requisitos posteriores.

No es la primera vez que España adopta una medida de este tipo. Desde la Transición se han llevado a cabo varios procesos extraordinarios de regularización, siendo el más amplio el de 2005. Sin embargo, este nuevo paso llega en un contexto político mucho más polarizado y en un momento en el que la inmigración se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate europeo.

¿Cuántas personas podrían regularizarse en Asturias?

No existen aún cifras oficiales desglosadas por comunidades autónomas. La Delegación del Gobierno en Asturias evita hacer estimaciones hasta que se abra formalmente el proceso y comiencen las solicitudes.

Sin embargo, aplicando el peso proporcional de población extranjera en la región respecto al conjunto nacional, se podría hablar de una cifra orientativa cercana a las 11.000 personas en Asturias que podrían acogerse al procedimiento. No es un dato oficial, pero sí una aproximación razonable en términos demográficos.

En una comunidad donde muchos sectores productivos —hostelería, cuidados, agricultura, construcción— dependen en buena medida de mano de obra extranjera, la regularización podría tener un impacto directo en la economía regional, aflorando empleo, cotizaciones y derechos laborales que hoy permanecen en la sombra.

La Iglesia y Cáritas: “No hay personas ilegales”

El respaldo a la medida no se limita al ámbito político. Desde la Iglesia asturiana, el responsable del Secretariado de Migraciones ha expresado una satisfacción rotunda. “No son ilegales ni delincuentes. No hay nadie ilegal. Son personas en situación irregular que ahora podrán vivir con mayor dignidad”, subraya.

Recuerda que la Iniciativa Legislativa Popular que impulsó esta regularización fue una de las más respaldadas en la historia reciente de España y que detrás de ella hay años de trabajo de entidades sociales.

Cáritas Asturias, en la misma línea, considera la medida un acto de justicia social y un reconocimiento a personas que llevan años contribuyendo a la economía y al sostenimiento de servicios esenciales sin poder acceder plenamente a derechos básicos.

Los datos que manejan las organizaciones sociales son contundentes: casi la mitad de las personas acompañadas por Cáritas en 2024 no tenía regularizada su situación administrativa. Y según estudios recientes sobre exclusión social, la irregularidad multiplica el riesgo de pobreza y marginalidad.

La otra cara: acusaciones de “efecto llamada” y choque político

Pero si el Principado celebra, la oposición nacional carga con dureza. El Partido Popular acusa al Gobierno de utilizar la medida como distracción ante otros problemas estructurales y cuestiona que se adopte por decreto. Vox, por su parte, habla directamente de “efecto llamada” y de incentivo a la inmigración irregular.

En varias comunidades autónomas gobernadas por el PP se ha advertido de la presión que la medida podría generar sobre servicios públicos ya tensionados, especialmente en vivienda, sanidad y educación.

El Gobierno central defiende que no existe tal efecto llamada porque se trata de personas que ya están en España desde hace años y que cumplen requisitos específicos. La regularización, sostienen, no abre puertas nuevas, sino que ordena una realidad ya existente.

Asturias ante su propio espejo demográfico

Para Asturias, el debate tiene una dimensión propia. La comunidad ha perdido población en la última década y el envejecimiento es uno de los más acusados del país. En muchos concejos rurales, la llegada de población extranjera ha permitido mantener abiertos colegios, sostener explotaciones agrícolas y cubrir empleos esenciales.

Regularizar supone, para el Ejecutivo autonómico, integrar plenamente a personas que ya forman parte del tejido social asturiano. Cotizan, trabajan, consumen, crían a sus hijos aquí. La diferencia es que ahora podrán hacerlo con estabilidad jurídica.

Una decisión que divide, pero que marca época

La regularización extraordinaria no es solo una medida administrativa. Es un gesto político potente en un momento en el que Europa endurece discursos y fronteras. España opta por una vía distinta: integrar a quienes ya están dentro.

En Asturias, el mensaje institucional es claro: la inmigración no es una amenaza, sino una pieza clave para afrontar el futuro demográfico y económico.

El debate seguirá creciendo en las próximas semanas. Las solicitudes comenzarán a presentarse en primavera y entonces se sabrá cuántas personas en Asturias salen del limbo legal.

Mientras tanto, la medida ya ha dejado algo claro: la inmigración vuelve a situarse en el centro del debate político y social. Y esta vez, con cifras que no permiten mirar hacia otro lado.