La tragedia ferroviaria de Adamuz, que dejó 45 fallecidos el pasado 18 de enero, ha abierto una crisis política de gran calado en el Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que asumirá responsabilidades —incluida su dimisión— si se demuestra que alguna decisión adoptada bajo su mandato, ya fuera por acción o por omisión, contribuyó a causar el accidente o a agravar sus consecuencias. Pero, de momento, no piensa marcharse.

El ministro sostiene que ahora corresponde a los investigadores determinar con rigor qué ocurrió realmente en el descarrilamiento del tren Iryo 6189 y que cualquier exigencia de cese antes de conocer las conclusiones técnicas responde más a la batalla política que a la búsqueda de la verdad.

El choque político se recrudece

El Partido Popular ha elevado el tono y exige la dimisión inmediata de Puente por considerar que ha ofrecido información incompleta o inexacta sobre el estado de la infraestructura donde se produjo el siniestro. La polémica se centra especialmente en las declaraciones iniciales del ministro, en las que calificó el tramo como objeto de una “renovación integral”, una expresión que la oposición cuestiona al señalar que algunos elementos de la vía no eran completamente nuevos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que el ministro no puede seguir en el Consejo de Ministros mientras exista la sospecha de que se ha ocultado información relevante. Desde el entorno popular se da por hecho que habrá responsabilidades judiciales y se insiste en que las políticas deben depurarse antes incluso de que concluyan los informes técnicos.

Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá y ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como último responsable político, acusándolo de escudarse en su ministro.

La defensa del ministro

Puente, que ha reconocido estar afectado personalmente por lo ocurrido, insiste en que no ha mentido y que su única prioridad ha sido atender a las víctimas, restablecer el servicio ferroviario y colaborar con la investigación.

En sus comparecencias públicas ha defendido que el carril que se fracturó había sido fabricado en 2023, aunque estuviera soldado a otro más antiguo, y que el concepto de “renovación integral” no implica necesariamente la sustitución de cada uno de los elementos físicos del trazado. Ha admitido que pudo haber imprecisiones en la comunicación técnica inicial, pero niega cualquier intención de ocultar datos.

“Si alguien ha cometido una irregularidad o ha contribuido con su acción o su omisión al accidente, pagará por ello. Y si soy yo, tendré que asumirlo”, ha afirmado.

PSOE y socios cierran filas

El respaldo del PSOE es total. Desde la dirección socialista se subraya que Puente ha dado la cara desde el primer momento, con numerosas entrevistas y comparecencias públicas, y que la oposición está utilizando la tragedia para desgastar al Ejecutivo.

También Sumar y Podemos han respaldado al ministro, defendiendo que el foco debe ponerse en esclarecer las causas técnicas y en reforzar la seguridad ferroviaria, no en una carrera de dimisiones anticipadas.

Desde el entorno del Gobierno se insiste en que el momento exige prudencia institucional y respeto a las víctimas, evitando convertir la investigación en un campo de batalla partidista.

El trasfondo técnico: soldaduras, mantenimiento y avisos previos

La investigación preliminar apunta a la ruptura de una soldadura en la vía como posible origen del siniestro, aunque aún no hay conclusiones definitivas. Este detalle ha sido utilizado por la oposición para cuestionar los protocolos de mantenimiento y los controles de seguridad.

En paralelo, han salido a la luz advertencias previas de maquinistas sobre incidencias en distintos tramos de la red, lo que alimenta el debate sobre si existía un problema estructural de supervisión o de inversión.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios trabaja ahora en determinar si el fallo fue estrictamente técnico, si hubo negligencia en los procedimientos o si confluyeron varios factores.

Una crisis que trasciende al ministro

Más allá del destino político de Puente, la tragedia ha reabierto el debate sobre el estado de la red ferroviaria española, el modelo de mantenimiento y la gestión de infraestructuras en un contexto de alta demanda y liberalización del sector.

También ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. El dolor de las familias, las concentraciones de homenaje y las demandas de transparencia han marcado la agenda de las últimas semanas.

Lo que viene ahora

El Gobierno espera que las conclusiones técnicas aporten claridad antes de adoptar decisiones políticas. Mientras tanto, la oposición seguirá presionando para que se asuman responsabilidades inmediatas.

Puente, por su parte, ha fijado una línea clara: no se aferra al cargo, pero tampoco aceptará dimitir sin que exista una base objetiva que lo justifique.

La investigación determinará si estamos ante un fallo técnico puntual o ante una cadena de errores. Y en función de eso se decidirá el alcance real de las responsabilidades.

Porque en Adamuz no solo se investiga un accidente ferroviario. También se está poniendo a prueba la capacidad política de asumir errores cuando la tragedia golpea.