El Consejo de Gobierno del Principado aprobó ayer el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, una norma que aspira a convertirse en el nuevo marco integral de protección para niñas, niños y adolescentes en Asturias. Hoy, el texto inicia su camino parlamentario en la Junta General, donde será debatido y, en su caso, aprobado definitivamente.

La futura ley no es una actualización menor. Plantea un blindaje jurídico del interés superior del menor, refuerza la prevención frente a cualquier forma de violencia y consolida un sistema de protección más coordinado entre servicios sociales, sanidad, educación y ayuntamientos.

Un enfoque integral: prevención, detección y amparo

La norma, elaborada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, pone el foco en la sensibilización, la detección precoz y la intervención rápida ante situaciones de riesgo o desamparo. La idea central es clara: no llegar tarde.

Para ello, se refuerzan los mecanismos de cooperación entre:

• Servicios sociales

• Sistema sanitario

• Comunidad educativa

• Ayuntamientos

• Fuerzas y cuerpos de seguridad

• Familias acogedoras

• Medios de comunicación

El objetivo es que ninguna situación de vulnerabilidad quede aislada en un único ámbito administrativo, sino que exista una respuesta coordinada y eficaz.

Un plan estratégico cada diez años

Uno de los pilares más relevantes del proyecto es la obligación de elaborar un plan estratégico de atención a la infancia y adolescencia cada diez años. Este documento deberá definir las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de los menores y mejorar su calidad de vida de forma estructural y sostenida en el tiempo.

Además, la ley establece que todos los proyectos normativos deberán incorporar un informe de impacto en la infancia y la adolescencia, lo que introduce una perspectiva transversal en la acción legislativa del Principado.

Derechos reforzados: escuchar y reconocer a los menores como sujetos plenos

El texto subraya algo esencial: los menores no son solo objeto de protección, sino titulares de derechos.

Entre ellos, se reconocen expresamente:

• Derecho a ser escuchados.

• Libertad ideológica y de expresión.

• Libertad de información.

• Derecho de asociación y reunión.

• Participación ciudadana.

• Igualdad.

• Derecho a la educación.

Este reconocimiento se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño y refuerza la consideración de la infancia como parte activa de la sociedad.

Procedimientos más claros en situaciones de riesgo o desamparo

La ley desarrolla de manera más detallada los procedimientos y plazos en materia de:

• Declaración de riesgo.

• Desamparo.

• Guarda.

• Tutela.

Se trata de dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a procesos especialmente sensibles, garantizando tanto la protección del menor como las garantías para las familias implicadas.

Acogimiento familiar y residencial: más formación y mejor transición a la vida adulta

En el ámbito del acogimiento familiar, la norma introduce una novedad significativa: la familia extensa y las personas allegadas recibirán formación específica para ofrecer la mejor atención posible a los menores.

Además, se ordenan las compensaciones económicas y se clarifica el sistema de apoyos.

En cuanto al acogimiento residencial, se regulan de forma más precisa:

• Programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años.

• Programas de transición a la vida adulta.

• Apoyos posteriores a la mayoría de edad.

El objetivo es evitar que los jóvenes extutelados queden en situación de vulnerabilidad al cumplir los 18 años.

Un capítulo específico para menores migrantes no acompañados

El proyecto incorpora un apartado dedicado a menores migrantes no acompañados, garantizando su acceso a los servicios esenciales con independencia de su situación administrativa.

En un contexto de creciente movilidad internacional, esta previsión busca asegurar que la protección del menor prevalezca sobre cualquier otra consideración.

Observatorio y participación

La ley asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del consejo autonómico de participación, reforzando así los espacios institucionales de seguimiento y evaluación.

Una norma con vocación estructural

La aprobación de este proyecto marca un paso relevante en la política social asturiana. No se trata solo de ampliar derechos, sino de construir un sistema más robusto de prevención y respuesta ante la violencia, el abandono o la exclusión.

Ahora será la Junta General la que deberá debatir y perfeccionar el texto. Si culmina su tramitación, Asturias contará con un marco normativo renovado que sitúa la protección de la infancia y la adolescencia como eje prioritario de la acción pública.

Porque proteger a los menores no es una opción política: es una obligación institucional.