El pulso político por el peaje del Huerna (AP-66) ha subido varios grados. El Gobierno del Principado de Asturias respondió este miércoles con dureza inusual a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien acusa de “distorsionar gravemente la realidad” y de trasladar a la opinión pública una interpretación “incorrecta y confusa” del conflicto.

El cruce de declaraciones tiene un componente político especialmente incómodo: ambos gobiernos están dirigidos por fuerzas del mismo espacio político. Aun así, Asturias no se mueve ni un milímetro de su posición y endurece el tono para dejar claro que el Huerna no es una reivindicación coyuntural ni partidista, sino un conflicto jurídico y territorial de fondo.

Una reivindicación histórica con amplio respaldo social

El Ejecutivo autonómico subraya que su iniciativa para suprimir el peaje no nace de un gesto político, sino de una reclamación histórica del Principado, respaldada por instituciones, agentes económicos y organizaciones sociales. Ese consenso cristalizó en el manifiesto impulsado por la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita, que reclama la eliminación de una barrera que, según el Principado, penaliza la competitividad, la movilidad y la igualdad territorial.

Desde Oviedo se insiste en que el Huerna no es un peaje cualquiera: es la principal conexión viaria entre Asturias y la Meseta, un cuello de botella económico que condiciona transporte de mercancías, turismo, relaciones laborales y el día a día de miles de ciudadanos.

El núcleo del conflicto: la prórroga hasta 2050

El Principado centra su ofensiva en un punto muy concreto: la ampliación de la concesión de la AP-66 hasta el año 2050, acordada en el año 2000. Según el Gobierno autonómico, esa prórroga se aprobó sin licitación pública, vulnerando los principios de concurrencia, transparencia e igualdad que ya eran exigibles tanto por el derecho español como por el europeo.

Por ese motivo, Asturias inició una revisión de oficio del real decreto que amplió la concesión, un procedimiento administrativo reglado que obliga al Ministerio a pronunciarse jurídicamente, con resoluciones motivadas y ajustadas a derecho. El Ejecutivo regional recalca que no se trata de una ocurrencia política, sino de un mecanismo legal previsto precisamente para corregir actos presuntamente nulos.

Europa y el Consejo Consultivo avalan la tesis asturiana

Uno de los puntos más contundentes del comunicado del Principado es el respaldo jurídico que dice tener su postura. El Gobierno autonómico recuerda que la Comisión Europea, en un dictamen emitido el 17 de julio de 2025, concluyó que las prórrogas de las autopistas AP-66 (Huerna) y AP-9 fueron contrarias al derecho de la Unión Europea al haberse aprobado sin licitación pública.

Ese pronunciamiento europeo, subraya Asturias, se limita exclusivamente a estas concesiones y no pone en cuestión el sistema general de autopistas del Estado, frente a lo que considera una extrapolación interesada desde el Ministerio.

A ello se suma el dictamen del Consejo Consultivo del Principado, aprobado por unanimidad, que considera la ampliación de la concesión un acto administrativo singular, equiparable a una nueva adjudicación y, por tanto, plenamente revisable y con posibles causas de nulidad conforme a la legislación vigente en el momento de su aprobación.

“No pedimos un rescate político, pedimos legalidad”

Frente a las palabras del ministro, el Ejecutivo autonómico quiere marcar una línea roja: Asturias no está pidiendo rescates discrecionales ni decisiones políticas arbitrarias. Lo que reclama, sostiene, es la restitución de una legalidad vulnerada, una vía que considera jurídicamente exigible y, además, la más eficiente y rentable para el interés general.

En este punto, el Gobierno regional acusa al Ministerio de generar alarma innecesaria al sugerir que el caso del Huerna podría abrir la puerta a una revisión masiva de peajes en toda España. “Esa extrapolación carece de base jurídica”, afirma el Principado, y solo contribuye a confundir a la ciudadanía.

Bonificación total mientras se resuelve el fondo

Aunque insiste en que el procedimiento de revisión de oficio debe seguir su curso administrativo, Asturias recuerda que existe margen para la acción política inmediata. Por eso, reitera una exigencia clara: bonificar al 100% el peaje del Huerna, desde el primer viaje y para todos los usuarios, mientras se dirime el conflicto jurídico de fondo.

Para el Principado, esa bonificación no sería un parche, sino una medida de justicia territorial, comparable a otras decisiones adoptadas en el Estado para compensar desequilibrios históricos en infraestructuras.

Un conflicto que ya no es solo técnico

El tono del comunicado marca un antes y un después. Lo que empezó como un debate técnico sobre una concesión se ha convertido en un pulso político de alto voltaje, con Europa, informes jurídicos y cohesión territorial sobre la mesa. Y con un mensaje nítido desde Asturias: el peaje del Huerna no es negociable en el relato, porque —sostienen— los hechos y el derecho están de su lado.

Ahora la pelota queda en el tejado del Ministerio. Y el reloj, una vez más, sigue corriendo… con peaje.