El Gobierno del Principado ha decidido decir en voz alta lo que muchos reconocen en privado: seguir encareciendo la vivienda protegida en Asturias puede acabar bloqueando el mercado. El mensaje, directo y sin paños calientes, lo lanza el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, que pide a los constructores que “se modernicen”, innoven en sistemas productivos y dejen de fiar la viabilidad del sector a subir precios.

La advertencia llega en un momento clave, con una nueva ley de vivienda en tramitación en la Junta General que persigue dos grandes objetivos: ampliar el parque público de alquiler asequible y reactivar la construcción de vivienda protegida, garantizando además que cumpla su función social y no acabe como segunda residencia o alquiler turístico encubierto.

Asturias, de referente a quedarse atrás

Durante décadas, Asturias fue una referencia nacional en vivienda protegida. En los años 80, tres de cada cuatro pisos que se construían tenían algún tipo de protección. En los 90, pese a la reconversión industrial, el peso seguía siendo superior a la media estatal. Incluso entre 2011 y 2020 se produjo una recuperación notable.

Pero el panorama ha cambiado. Desde 2021, la producción de vivienda protegida se ha desplomado, hasta situarse por debajo de la media nacional. En los primeros años de esta década apenas se han terminado unas 500 viviendas protegidas en Asturias, menos del 10% del total. Un dato que preocupa al Ejecutivo autonómico porque coincide con una subida continuada de precios y una creciente dificultad de acceso para la población trabajadora.

El nudo del conflicto: el precio máximo

El choque entre el Principado y la patronal de la construcción se concentra en el llamado módulo, el precio máximo por metro cuadrado al que se puede vender o alquilar una vivienda protegida. En Asturias está fijado desde hace tres años en 2.124 euros por metro cuadrado.

La patronal CAC-Asprocon considera esa cifra insuficiente y reclama una actualización de entre el 25% y el 40%, alegando el aumento de costes por materiales, energía y escasez de mano de obra. El Gobierno autonómico rechaza de plano una subida de ese calibre.

“El 40% es inasumible”, resume Daniel Sánchez, que pone números al debate: con ese incremento, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados con garaje y trastero rozaría los 270.000 euros. “¿Qué familia de clase trabajadora puede permitirse ese precio?”, se pregunta.

Modernizar o quedarse fuera

La respuesta del Principado no pasa por congelar el módulo sin más, sino por cambiar el enfoque del sector. La propuesta sobre la mesa es permitir una subida moderada, ligada a la evolución real de los salarios, y complementar después con ayudas públicas solo en aquellos casos en los que el promotor demuestre que no cubre costes.

Pero el mensaje de fondo es otro: la solución no puede ser subir y subir precios. El Gobierno autonómico reclama a los constructores que apuesten por sistemas industrializados, procesos más eficientes y un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo para abaratar costes. “Si puedes vender caro, nunca buscas otra solución”, resume Sánchez. “Hay que parar la pelota y mirar cómo en otras partes se está haciendo vivienda protegida a menor coste”.

Comparación incómoda con Cantabria

Uno de los argumentos más repetidos desde el Principado es la comparación con Cantabria, donde el módulo máximo es sensiblemente más bajo. Allí, un piso protegido similar se vende por decenas de miles de euros menos que en Asturias. Incluso una subida moderada del módulo asturiano colocaría el precio final muy por encima del de la comunidad vecina.

Para el Ejecutivo regional, esta diferencia demuestra que no todo es coste, sino también modelo constructivo y márgenes.

Un mercado que se agota

El Gobierno alerta además de otro fenómeno que empieza a notarse: el comprador al contado. Durante años, buena parte del mercado se sostuvo gracias a personas con ahorros suficientes para comprar sin hipoteca. Ese perfil, advierte Vivienda, se está agotando.

“Si seguimos construyendo pisos protegidos a precios cercanos a los 270.000 euros, nos vamos a encontrar con promociones sin compradores”, señala Sánchez. El resultado sería un doble fracaso: ni vivienda asequible ni sector dinámico.

Lo que viene ahora

La nueva ley de vivienda permitirá al Principado condicionar futuras revisiones del módulo a objetivos reales de producción de vivienda protegida. Además, el Ejecutivo quiere apoyarse en los fondos del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para conceder ayudas selectivas, siempre ligadas a precios finales accesibles.

El mensaje final es claro y poco habitual en el sector: o la construcción se adapta al siglo XXI o la vivienda protegida dejará de cumplir su función. Porque, como reconoce el propio Gobierno, de nada sirve proteger un piso si el precio lo convierte en inaccesible para quienes deberían vivir en él.