El Gobierno blinda la vivienda pública, frena su venta y apuesta por un modelo que sitúa a las personas en el centro frente a la especulación inmobiliaria

Asturias acaba de marcar un antes y un después en las políticas públicas de vivienda en España. El Consejo de Gobierno ha aprobado la Ley de Vivienda del Principado, una norma pionera que será la primera del país en reconocer la vivienda como un determinante directo de la salud, incorporando esta idea como uno de los principios rectores de la acción pública.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha subrayado este miércoles el carácter innovador de la ley, que refuerza lo que ha definido como el modelo asturiano de vivienda: un modelo que concibe el acceso a un hogar digno como un derecho, no como un producto sometido al negocio y la especulación.

“Esta ley representa simbólicamente todo el cariño que hemos puesto en su redacción. Entender la vivienda como salud es entenderla como prevención de desigualdades y como una herramienta básica para mejorar la vida de las personas”, ha señalado Zapico.

Según ha explicado, este enfoque ha despertado ya el interés de otras comunidades autónomas, al situar a Asturias en la vanguardia legislativa en una materia clave para la cohesión social.

Fin a la venta de vivienda pública: un giro radical tras décadas de pérdida

Uno de los pilares centrales de la nueva ley es la prohibición expresa de vender vivienda pública en Asturias, una medida que pone freno a décadas de descapitalización del parque autonómico.

Zapico ha recordado que, cuando el Principado asumió las competencias en vivienda en los años 80, Asturias contaba con cerca de 31.000 viviendas públicas, una cifra que se redujo drásticamente hasta 9.600 en 2023 como consecuencia de procesos de venta continuados.

“Mientras esta ley esté en vigor, esos procesos se terminan. Evitamos que vuelva a ocurrir lo que pasó durante décadas”, ha afirmado con rotundidad.

Más vivienda pública: 1.500 en esta legislatura y 15.000 en 2035

La ley no solo protege lo existente, sino que marca una hoja de ruta clara de crecimiento del parque público. El Gobierno del Principado prevé impulsar cerca de 1.500 viviendas públicas a lo largo de esta legislatura, sumando unas 1.000 nuevas promociones a las casi 600 ya en marcha.

Pero la ambición va más allá del corto plazo. El Ejecutivo trabaja con una planificación a largo plazo, con horizonte en 2035, para alcanzar las 15.000 viviendas públicas.

“Hace cuarenta años teníamos el doble y se vendió. Con esta ley evitamos que vuelva a pasar”, ha sentenciado el consejero.

Un único modelo de vivienda protegida y un derecho con garantías

La nueva normativa ordena todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, y da un paso más al definir la vivienda como un derecho subjetivo, con garantías y prestaciones asociadas.

Además, establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio, que no podrá pasar al mercado libre, cerrando así una de las puertas clásicas a la especulación.

En paralelo, Zapico ha anunciado que el nuevo precio del módulo de vivienda protegida, actualmente en negociación dentro del marco de la concertación social, entrará en vigor de forma simultánea a la ley, una vez sea aprobada por la Junta General y publicada en el Boletín Oficial del Principado.

Tramitación parlamentaria y una legislatura cargada de leyes

En relación con el proceso parlamentario, el consejero ha defendido la necesidad de una Junta General centrada en su función legislativa y de control, apelando a la planificación para evitar bloqueos en la recta final de la legislatura.

Actualmente, la consejería tramita seis proyectos de ley, entre ellos:

• La ley de bebidas energéticas, ya en fase de ponencia.

• La ley de vivienda, remitida hoy a la Junta General.

• La modificación de la ley de consumo, que se aprobará antes de finalizar el año.

• La ley de derechos LGTBI, en exposición pública.

• La futura Ley de Ordenación del Territorio (Loita).

• Y la ley de participación, prevista para enero.