La Audiencia Nacional apunta a la intervención de cargos públicos en la adjudicación del contrato y a una presunta mordida de 400.000 euros para favorecer a la empresa Erri Berri

La demolición de las antiguas baterías de cok de Avilés se ha convertido en una de las piezas clave de la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre la conocida como trama de la “fontanera”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en sus diligencias la posible existencia de injerencias y favores desde dentro de la propia mesa de contratación para beneficiar a la empresa adjudicataria, a cambio de una presunta mordida de hasta 400.000 euros.

El foco, en la mesa de contratación

La investigación apunta de forma directa al presidente de la mesa de contratación del derribo de las baterías de cok, un puesto que, según la documentación incorporada a la causa, habría tenido capacidad para orientar el procedimiento administrativo en favor de la empresa Erri Berri, finalmente adjudicataria del contrato.

Según las actas del proceso de contratación publicadas en el portal oficial del Estado, ese cargo recaía en Fernando Albert Aragón, secretario general, director de la asesoría jurídica y secretario del consejo de Sepides, la entidad pública dependiente de la SEPI encargada de la operación. Albert Aragón accedió a ese puesto en 2019, procedente del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, tras una trayectoria vinculada al ámbito jurídico-administrativo.

Una adjudicación rodeada de polémica

La contratación para el derribo de las baterías de cok no estuvo exenta de controversia desde su inicio. En el acta de la mesa del 13 de enero de 2021, el propio presidente informó de que Sepides había recibido una llamada telefónica alertando de una posible intermediación externa para influir en el proceso de adjudicación.

Aquella advertencia provocó la suspensión temporal del procedimiento, que se retomó dos meses después. Posteriormente, la adjudicación fue recurrida por la propia Erri Berri, que, tras justificar una baja considerada temeraria, acabó quedándose con el contrato. Paralelamente, la investigación inicial sobre posibles injerencias políticas fue archivada.

El grupo ‘Hirurok’ y la presunta mordida

Las diligencias de la UCO apuntan a que el grupo conocido internamente como ‘Hirurok’, integrado por Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, habría actuado como estructura intermediaria con capacidad para influir en adjudicaciones públicas. En el caso concreto de Avilés, los investigadores sostienen que este grupo pudo favorecer a Erri Berri gracias a apoyos internos en la administración, a cambio de una comisión cercana a los 400.000 euros.

La causa investiga si esta actuación fue un hecho aislado o si formaba parte de un sistema continuado de amaños con la colaboración de “diferentes cargos públicos”, tal y como se recoge en la documentación judicial puesta recientemente en conocimiento de las partes.

Reacciones políticas en Asturias

El avance de la investigación ha provocado una ola de reacciones políticas en Asturias. Desde el Partido Popular, el diputado José Agustín Cuervas-Mons reclamó explicaciones públicas y criticó la falta de iniciativas por parte del PSOE asturiano. “Ante la gravedad de los hechos, no hacen preguntas ni promueven investigaciones. Es una falta de respeto a los asturianos”, afirmó.

Por su parte, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, instó al presidente del Principado, Adrián Barbón, a impulsar una auditoría de las obras ejecutadas en Asturias por el Gobierno de España, señalando que la ciudadanía “tiene derecho a saber si proyectos pendientes, como el vial de Jove, no avanzan por la existencia de posibles mordidas”.

Una investigación abierta y bajo lupa

La causa permanece abierta y bajo el control de la Audiencia Nacional, que analiza ahora la posible responsabilidad penal de los intermediarios, de los cargos públicos implicados y de la empresa beneficiada. El contrato para el derribo de las baterías de cok de Avilés, una actuación emblemática dentro del proceso de regeneración industrial de la comarca, se ha convertido así en símbolo de una investigación mucho más amplia sobre presuntas irregularidades en la contratación pública.

El avance de las diligencias determinará si lo ocurrido en Avilés fue una anomalía puntual o una pieza más dentro de una trama organizada con ramificaciones políticas, administrativas y empresariales.