La renuncia del dirigente, natural de Mieres y miembro de la Ejecutiva federal, agrava la crisis interna del partido tras una cadena de denuncias que ya ha provocado varias caídas políticas
El PSOE vuelve a verse sacudido por un nuevo caso de presunto acoso que ha terminado con la dimisión de uno de sus dirigentes de mayor peso orgánico. Javier Izquierdo, senador por Valladolid, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y secretario de Estudios y Programas del partido, ha anunciado su renuncia a todos sus cargos públicos y orgánicos tras aparecer mencionado en una denuncia registrada en el canal interno antiacoso de Ferraz.
Izquierdo, natural de Mieres (Asturias) y arquitecto de formación, comunicó su decisión a la dirección federal y la hizo pública a través de un mensaje escueto en redes sociales, en el que alude a “otras tareas profesionales y personales” y agradece la confianza depositada en él durante su trayectoria política. Sin embargo, su salida se produce apenas horas después de que trascendiera la existencia de un nuevo escrito en el canal antiacoso del partido que lo señala, lo que ha llevado a su entorno parlamentario y orgánico a vincular directamente ambas circunstancias.
La dimisión ha causado sorpresa en el grupo socialista del Senado, donde Izquierdo ejercía como portavoz en dos comisiones de relevancia: la de Vivienda y Agenda Urbana y la comisión que investiga la gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, su peso interno era notable dentro del PSOE, especialmente en los ámbitos de análisis político, estudios demoscópicos y diseño estratégico.
Una carrera política de largo recorrido
La trayectoria de Javier Izquierdo dentro del socialismo se remonta a Asturias, donde inició su carrera institucional como director general de Urbanismo durante el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, entre los años 2003 y 2007. Posteriormente, su carrera dio un giro hacia Valladolid, donde ocupó distintos cargos municipales y autonómicos, trabajando estrechamente con quien hoy es ministro de Transportes, Óscar Puente.
Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, Izquierdo fue nombrado secretario general de Infraestructuras en el entonces Ministerio de Fomento, bajo la dirección de José Luis Ábalos, cargo que ocupó hasta 2019. Más tarde fue diputado por Valladolid en las legislaturas XIII y XIV, y entre 2020 y 2021 ejerció como delegado del Gobierno en Castilla y León.
En los últimos años, su perfil había estado especialmente vinculado a los trabajos internos de la Ejecutiva socialista, con participación destacada en áreas de análisis electoral y estudios políticos. De hecho, pese a que en determinados momentos se valoró su salida de la dirección federal, Pedro Sánchez optó finalmente por mantenerlo en la Ejecutiva tras el último Congreso Federal.
Un caso más en un goteo que no cesa
La dimisión de Izquierdo no es un episodio aislado. Se enmarca en una cadena de denuncias por acoso y comportamientos inapropiados que en las últimas semanas ha golpeado con fuerza al PSOE y que muchos dirigentes ya describen internamente como un auténtico ‘MeToo’ dentro del partido.
Antes que Izquierdo, Francisco Salazar, exdirigente socialista con responsabilidades orgánicas, fue apartado tras salir a la luz denuncias internas cuya gestión resultó fallida y provocó una grave crisis en Ferraz. A este caso se sumaron después la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y la caída de Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, concejal y diputado provincial, suspendido de militancia tras una denuncia formal.
Con el caso de Javier Izquierdo, ya son varios los cargos de alto nivel que han abandonado sus responsabilidades en un corto espacio de tiempo, alimentando la percepción de que no se trata de episodios puntuales, sino de un problema estructural que estaba latente y que ahora está aflorando.
Ferraz, bajo presión
La sucesión de casos ha generado un profundo desconcierto interno. Dirigentes del partido reconocen en privado su sorpresa por la identidad de algunas de las personas implicadas, muchas de ellas con perfiles públicos “educados, correctos y de larga trayectoria”, y admiten que el momento político en el que estalla esta crisis es especialmente delicado.
La dirección socialista defiende que el aumento de denuncias es consecuencia de una política de “tolerancia cero” y de la existencia de canales que permiten aflorar situaciones antes silenciadas. Sin embargo, también se ha visto obligada a reconocer errores en la gestión inicial de algunos casos, especialmente en lo relativo a la atención a las víctimas y a la rapidez de las respuestas.
Este viernes está prevista la comparecencia de la secretaria de Organización, Teresa Torró, quien ofrecerá explicaciones públicas sobre el estado de los protocolos internos y sobre el informe elaborado tras el caso Salazar, en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo. La comparecencia llega en un momento de máxima tensión interna y con el foco mediático completamente centrado en Ferraz.
Impacto político e ideológico
Más allá de las consecuencias orgánicas, el impacto de esta crisis es profundamente político e ideológico. El PSOE, que ha hecho de la igualdad, el feminismo y la lucha contra el machismo uno de los ejes centrales de su discurso público, ve ahora seriamente dañada su credibilidad por una sucesión de casos que afectan directamente a su estructura de poder.
Algunos sectores socialistas consideran positivo que salgan a la luz comportamientos que eran “un secreto a voces” en determinados entornos, mientras otros alertan del riesgo de erosión moral y electoral si no se adoptan medidas contundentes, transparentes y estructurales.
La dimisión de Javier Izquierdo supone, así, un nuevo golpe a la estabilidad interna del partido y confirma que el llamado ‘MeToo’ socialista no es un episodio cerrado, sino una crisis abierta cuyos efectos políticos, orgánicos y sociales aún están por medir.
