La sanidad pública asturiana se prepara para una semana muy complicada. Unos 3.800 médicos y facultativos de centros públicos y concertados están llamados a la huelga desde el martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias.

En Asturias, la convocatoria la impulsa el Sindicato Médico del Principado (SIMPA), que augura “un seguimiento alto” a la vista del malestar acumulado en los hospitales y centros de salud y advierte de que durante esas cuatro jornadas se suspenderán “decenas de intervenciones quirúrgicas y centenares de consultas”. El conflicto estalla, además, en plena ola de gripe y virus respiratorios, con los servicios de urgencias ya tensionados en buena parte del país.

El núcleo del conflicto: un Estatuto Marco que los médicos consideran “inaceptable”

La huelga tiene un objetivo político y laboral muy concreto: forzar al Ministerio de Sanidad a replantear el borrador de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario, la norma básica que regula condiciones de trabajo, movilidad, jornadas y organización del colectivo sanitario.

Los sindicatos médicos reclaman:

• Un Estatuto propio para los médicos, separado del resto de categorías profesionales, con una negociación diferenciada.

• El reconocimiento de la profesión médica en un subgrupo específico (A1+), acorde —según CESM— con el nivel de responsabilidad, la formación y la carga de guardias.

• Garantías claras frente al uso del concepto genérico de “necesidades del servicio”, que los sindicatos consideran un “comodín” para imponer cambios de turnos, movilidades y sobrecargas sin una verdadera protección jurídica.

Tras varias rondas de conversaciones, los representantes de CESM han rechazado la última propuesta del Ministerio al entender que retrocede sobre los avances mínimos que se habían ido incorporando y “perpetúa la discriminación” del colectivo médico dentro de la función pública sanitaria. Por ello, han optado por mantener la huelga de cuatro días y acompañarla de nuevas movilizaciones a partir de enero, incluida una huelga indefinida de sanitarios los martes a partir del día 27.

Asturias: listas de espera al alza y otra huelga tras la del 3 de octubre

En el Principado, el paro de esta semana llega con un elemento de presión añadido: las listas de espera quirúrgicas han vuelto a crecer. Las últimas cifras cerradas a finales de octubre sitúan la lista de espera para operaciones en torno a 22.500 pacientes, con demoras que, en algunas especialidades, superan con holgura los tiempos recomendados.

El SIMPA sostiene que los servicios mínimos fijados por la Consejería de Salud “traslucen el miedo de la Administración” a que la huelga tenga un impacto sustancial sobre esas listas de espera. El sindicato recuerda que, tras varios meses de ligera mejoría, los tiempos han repuntado desde julio y prevé que sigan empeorando hasta final de año.

No es la primera vez que los médicos asturianos paran este otoño. El pasado 3 de octubre ya se celebró una jornada de huelga regional por el mismo motivo: el rechazo frontal al nuevo Estatuto Marco y la exigencia de condiciones laborales “dignas y sostenibles” para evitar la fuga de profesionales.

Servicios mínimos: choque frontal entre Salud y el SIMPA

La Consejería de Salud publicó el viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias las resoluciones que fijan los servicios mínimos tanto para los centros del Servicio de Salud del Principado (Sespa) como para los hospitales y clínicas concertadas.

Como es habitual en este tipo de conflictos, la interpretación es diametralmente opuesta:

• Para el SIMPA, los servicios mínimos son “excesivos” y se alejan de la referencia que, a su juicio, debería marcar cualquier huelga: la dotación de un día festivo. El sindicato recuerda a sus afiliados que “los pacientes adscritos a un huelguista no pueden ser vistos por otro médico, salvo empeoramiento o urgencia” y advierte contra el intento de algunos mandos de declarar “todo como urgente”.

• Para la Consejería, en cambio, el decreto se ha elaborado “equilibrando el derecho a la huelga con el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía” y asegura que solo se mantiene “el número imprescindible de profesionales” para garantizar la atención mínima.

En los puntos críticos —urgencias hospitalarias, emergencias del SAMU y puntos de atención continuada— los servicios mínimos serán especialmente altos. En Atención Primaria, la Administración ha fijado un 100 % de cobertura en la atención continuada, argumentando que, de otro modo, muchos consultorios tendrían que cerrar y la población quedaría sin acceso a un servicio esencial.

Los servicios mínimos también se extienden a los médicos internos residentes (MIR), incluidos expresamente en el ámbito de la convocatoria. El SIMPA critica esta decisión y denuncia que se pretende utilizar a los residentes para amortiguar el impacto de la huelga.

Lo que ocurrirá en la práctica: operaciones aplazadas y agenda casi en blanco

Con este escenario, el propio sindicato médico anticipa que, durante los cuatro días de paro:

• Se suspenderán numerosas intervenciones programadas que no se consideren urgentes ni oncológicas.

• Se aplazará un volumen importante de consultas externas y revisiones, especialmente en aquellas agendas en las que la mayor parte de los facultativos secunden la huelga.

• Se resentirá la actividad ordinaria en los centros de salud, con la atención concentrada en la urgencia y la patología no demorable.

Los médicos subrayan que el objetivo no es “castigar al paciente”, sino visibilizar que el sistema ya funciona al límite y que, sin cambios estructurales en plantillas, retribuciones y organización, la calidad asistencial seguirá deteriorándose. La Consejería de Salud, por su parte, insiste en que la ciudadanía recibirá “la atención básica necesaria” y pide que, ante cualquier síntoma grave, se utilicen los canales habituales de urgencias y emergencias.

Una huelga que desborda Asturias

Aunque el foco en el Principado se centra en esos 3.800 facultativos llamados al paro, la protesta tiene una dimensión estatal. Comunidades como Murcia, la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía o Extremadura aplicarán también sus propios servicios mínimos ante una movilización que afectará a todo el Sistema Nacional de Salud.

La CESM advierte de que esta huelga de cuatro días es solo un primer paso si el Ministerio mantiene su actual posición. El mensaje a la Administración central y a los gobiernos autonómicos es inequívoco:

o se aborda una reforma profunda que reconozca la singularidad de la profesión médica,
o el conflicto laboral en la sanidad pública se prolongará en 2026.

En Asturias, la semana del 9 al 12 de diciembre será, en la práctica, un test de estrés para el sistema sanitario: medirá el músculo de la movilización médica, pondrá en evidencia la capacidad de gestión de los servicios mínimos y, sobre todo, recordará a los ciudadanos que, detrás de cada lista de espera y cada consulta aplazada, hay un pulso abierto sobre cómo y con quién se cuida su salud en los próximos años.