La tasa turística, ese canon que Asturias lleva años debatiendo sin concretar, ha pasado de ser una propuesta recurrente a convertirse en el eje de un pulso político y territorial. La medida, impulsada ahora como parte del acuerdo entre Adrián Barbón y la diputada no adscrita Covadonga Tomé para aprobar los Presupuestos de 2026, ha desatado un rechazo poco habitual: alcaldes de todos los partidos, desde el oriente hasta el occidente, se muestran escépticos, críticos o directamente contrarios a implantarla.
Y no es un rechazo ideológico. Es un rechazo por indefinición:
no hay decreto, no hay modelo de cobro, no hay simulaciones, no hay cifras sobre su impacto y ni siquiera está claro a quién corresponderá la recaudación. En otras palabras: se ha anunciado una tasa sin instrucciones de uso.
Mientras el Gobierno autonómico insiste en que su implantación será voluntaria y flexible, los ayuntamientos advierten:
voluntaria sí, pero imposible de aplicar si no se detalla cómo.
El compromiso que desbloqueó los Presupuestos, pero abrió un conflicto
La clave del debate está en el intercambio político que sostiene las cuentas regionales para 2026. Tomé ha condicionado su voto a la creación de la tasa turística, y el Ejecutivo de Barbón se ha comprometido a que entre en vigor este mismo verano.
El problema es que el tiempo juega en contra y la base jurídica aún no existe.
La idea, dicen desde Oviedo, es habilitar un marco autonómico y que luego cada concejo decida qué hace. Pero eso introduce otro riesgo: generar un mapa fragmentado, con tasas de un euro en unos municipios, de dos en otros y nulas en la mayoría.
Para muchos alcaldes, el resultado sería un caos recaudatorio con un impacto difícil de gestionar en plena temporada alta.
Llanes: la voz más dura contra la indefinición
Si hay un concejo que vive la presión turística en primera línea es Llanes. Su alcalde, Enrique Riestra, habla con contundencia:
lleva dos años y medio escuchando al Principado anunciar una tasa sin avances reales.
Sus temores se articulan en tres frentes:
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Falta de tiempo real para aplicarla en verano.
Si no hay modelo, no hay forma de implementarla. -
Destino de la recaudación.
Si el dinero no queda en el municipio, rechazarán el canon: los llaniscos insisten en que son uno de los concejos más tensionados en verano y uno de los últimos en los presupuestos autonómicos. -
El formato del cobro.
¿Será por noche? ¿Por persona? ¿Por estancia?
¿Incluye campings, hoteles, viviendas de uso turístico o solo determinadas categorías?
Nadie lo ha aclarado.
Llanes es un ejemplo de libro: soporta presiones de tráfico, limpieza, seguridad, residuos y abastecimiento, pero si la tasa no está pensada para compensar esos costes, no ven el sentido de cargar al turista.
Tapia: “No hay directrices, no pueden pedirnos opinión sobre humo”
En Tapia de Casariego, otro de los destinos que multiplican su población en verano, la frustración es similar. Su alcalde, Pedro Fernández, del PP, subraya que este debate arrastra toda la legislatura sin que el Principado haya enviado ni una sola propuesta concreta a los ayuntamientos.
Lo resume sin rodeos:
“Hasta que no se aclaren ellos, no podemos opinar nosotros”.
Los concejos costeros llevan tiempo pidiendo un documento técnico, un borrador, algo que permita calcular impacto económico. Porque, sin números, cualquier discurso es político, no administrativo.
Ribadesella: el debate de fondo, ¿a quién afecta realmente la tasa?
El alcalde de Ribadesella, Paulo García, introduce un matiz muy relevante: Asturias no es un destino turístico basado únicamente en pernoctaciones. En Ribadesella, una parte inmensa del flujo veraniego procede de segundas residencias. Esa gente no paga alojamiento, pero usa playas, carreteras, policía, limpieza y servicios municipales.
Por tanto, una tasa ligada exclusivamente a hoteles penalizaría a los visitantes formales, mientras que el grueso del gasto municipal seguiría sin financiarse.
García no descarta la tasa, pero sí exige un debate más profundo:
¿Qué entendemos por “presión turística”? ¿Quién la provoca? ¿Cómo se calcula?
Somiedo y Castropol: sí a la tasa, pero con reglas claras
Frente a las reservas mayoritarias, hay municipios que ven la tasa con buenos ojos, aunque no sin condiciones.
Somiedo: financiación justa para los concejos de naturaleza
Su alcalde, Belarmino Fernández, sostiene que un territorio que recibe miles de visitantes al año y que soporta un coste medioambiental real merece que exista un retorno económico directo.
Pero advierte: la regulación debe ser homogénea, a ser posible a nivel nacional, para evitar el efecto frontera y las desigualdades entre concejos.
Y exige claridad:
la tasa debe invertirse en sendas, señalización, limpieza, vigilancia y conservación.
No se puede convertir en un impuesto sin rostro.
Castropol: costes disparados cada verano
Francisco Javier Vinjoy reconoce que los veranos son cada vez más caros para los ayuntamientos: más basura, más horas extra, más mantenimiento. Pero, aun así, define la tasa como “difícil de implantar” sin un marco técnico claro.
El PP asturiano: rechazo frontal y aviso al Gobierno
A nivel autonómico, el PP no solo rechaza la tasa; critica el modo en que se ha incorporado a los Presupuestos. Señalan que se ha vendido como una victoria política cuando Barbón ya la defendía antes del pacto con Tomé.
Su argumento es conocido:
más tasas implican menos competitividad frente a comunidades vecinas donde el turista no paga recargos. Y añaden otra preocupación: Asturias tiene un tejido empresarial muy sensible a la estacionalidad, y añadir presión fiscal en pleno verano podría resultar contraproducente.
El sector turístico: entre la preocupación y la incredulidad
La patronal OTEA y buena parte del turismo rural ya han mostrado su rechazo. Señalan varios riesgos:
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Asturias compite con Cantabria y buena parte de Galicia, donde no hay tasas en la mayoría de los destinos.
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El turismo de naturaleza no es equivalente al turismo de ciudad; funciona con márgenes menores.
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El mensaje puede ser negativo si no se explica bien: “Ven a Asturias, pero paga más”.
Además, reclaman que primero se resuelva un problema previo:
la proliferación de viviendas turísticas irregulares y la necesidad de ordenación del sector.
El contexto europeo y español: tasas que funcionan… si están bien diseñadas
En el resto de España, Cataluña y Baleares llevan años aplicando tasas turísticas sin pérdida significativa de visitantes.
En Europa, ciudades como Lisboa, Roma, Florencia, Berlín o Ámsterdam recaudan millones anuales para sostener servicios municipales.
La clave siempre ha sido la misma:
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Tasas claras, homogéneas y bien explicadas.
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Recaudación finalista: el visitante sabe que su euro financia limpieza, transporte o sostenibilidad.
Asturias, por ahora, no ha definido ni una cosa ni la otra.
El debate silencioso: financiación local y presión estival
Más allá del ruido político, hay una conversación que muchos alcaldes repiten en privado:
el problema no es la tasa, sino la infrafinanciación crónica de los municipios.
Muchos concejos duplican o triplican su población en agosto con el mismo presupuesto anual que en febrero.
Sin refuerzos, sin fondos finalistas y sin mecanismos ágiles para aumentar plantilla temporal.
La tasa turística aparece entonces como una herramienta posible, pero no como una solución milagro.
A seis meses del verano: un canon que puede nacer torcido… o convertirse en una oportunidad
Asturias encara ahora una carrera contrarreloj.
El Gobierno necesita cerrar el decreto; los alcaldes necesitan certezas; el sector turístico necesita un relato claro que no asuste al visitante.
La pregunta es si habrá tiempo para hacerlo bien.
Porque, a día de hoy, el clima es de incertidumbre:
unos ayuntamientos rechazan la tasa por difusa, otros la aceptarían si el dinero quedase en casa, y otros ven en ella una vía de financiación imprescindible, pero mal planteada.
Entre tanto, los turistas siguen llegando, los concejos siguen soportando gastos extra y el verano se acerca.
Lo que ocurra en los próximos meses marcará si la tasa turística asturiana será una herramienta de sostenibilidad bien diseñada
o un nuevo punto de fricción entre Gobierno, municipios y sector privado.
