España celebra cada 6 de diciembre la Carta Magna como si fuera una reliquia sagrada. Pero cuando uno repasa artículo por artículo lo que prometió en 1978 y mira la realidad, la pregunta cae sola: una Constitución que no se cumple, ¿para qué sirve?

El 6 de diciembre, políticos de todos los colores se hacen la foto: himno, banderas, discurso solemne y apelaciones a “la concordia del 78”. La Constitución se convierte durante unas horas en tótem intocable.

Y sin embargo, si la Constitución pudiera hablar, probablemente diría otra cosa:
“Me sacáis a pasear una vez al año… pero el resto del tiempo me tenéis metida en un cajón”.

Porque debajo de los grandes discursos hay una verdad incómoda: España vive instalada sobre una Constitución parcialmente incumplida. No hace falta ser jurista: basta comparar lo que el texto promete con cómo vive la gente.

El “Estado social y democrático de Derecho”… con 8 millones en exclusión

El artículo 1 arranca fuerte: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho y uno de sus valores superiores es la igualdad.

Luego miras los datos: cerca de un quinto de la población en exclusión social, desigualdad de renta entre las más altas de Europa, barrios enteros donde nacer te condena a peores estudios, peores sueldos y peor salud que al otro lado de la ciudad.

Con este escenario, hablar de “Estado social” suena más a eslogan que a realidad. La Constitución marca el destino; las políticas de las últimas décadas han ido por otro carril.

Trabajo para todos… o la fábrica de trabajadores pobres

El artículo 35 reconoce el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente. El 40 ordena a los poderes públicos orientar la economía al pleno empleo.

La realidad que cualquier joven reconoce al instante es otra:

• Tasa de paro juvenil que durante años ha rondado el 40%.

• Generaciones encadenando becas mal pagadas, contratos temporales y sueldos que no dan para emanciparse.

• La figura del trabajador pobre: gente con empleo que sigue sin llegar a fin de mes.

España ha construido un modelo en el que el trabajo ya no es garantía de dignidad, sino muchas veces un salvavidas mínimo. El mandato constitucional del “pleno empleo” suena a chiste amargo.

Vivienda digna: el artículo que nadie quiere mirar de frente

Pocas frases se han convertido en pancarta como el artículo 47:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Sobre el papel, impecable. Sobre el terreno:

• Alquileres imposibles en las grandes ciudades.

• Hipotecas que se comen casi la mitad del sueldo.

• Desahucios todavía cada semana.

• Miles de jóvenes que se van de casa pasados los 30… porque antes es simplemente inviable.

Durante décadas, el Estado se desentendió de la vivienda y la dejó como campo de juego de la especulación. La burbuja inmobiliaria, los fondos buitre comprando vivienda pública, la venta masiva de pisos sociales… todo eso pasó bajo la misma Constitución que prohibía la especulación del suelo “en función del interés general”.

Si hay un artículo que retrata la distancia entre lo firmado y lo hecho, es este. Aquí la Constitución no solo no se cumple: se pisotea a diario.

Igualdad de género… salvo en la Corona y en la nómina

La Constitución dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y, sin embargo:

• Ellas siguen cobrando de media menos que ellos por trabajos similares.

• Cargan con la mayoría de los cuidados y tareas domésticas.

• Ocupan menos puestos de poder en empresas y organismos.

Y existe, para rematar, una discriminación de género escrita negro sobre blanco en la propia Constitución: el artículo que regula la sucesión a la Corona sigue dando preferencia al varón sobre la mujer.

Es decir: el mismo texto que prohíbe discriminar por sexo establece que, para ser jefe del Estado, ser hombre vale más que ser mujer. Décadas de gobiernos han mirado para otro lado. Reforma tras reforma aparcada. Mucha foto morada, pero a la hora de modificar lo más obvio, nada.

El sistema fiscal “justo y progresivo”… que castiga al de siempre

El artículo 31 es claro: todos contribuirán a los gastos públicos según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo y progresivo.

Luego miras quién paga de verdad:

• Las nóminas y el consumo sostienen la mayor parte de la recaudación.

• Las grandes corporaciones y fortunas tienen más vías para reducir su factura: ingeniería fiscal, sociedades interpuestas, desgravaciones a medida.

• El fraude y la economía sumergida siguen sangrando decenas de miles de millones.

Resultado: trabajadores y clases medias cargan con el peso del Estado; quienes más tienen siempre encuentran la puerta trasera. Sobre el papel, progresividad. En la práctica, un sistema que muchas veces redistribuye hacia arriba.

Pensiones, dependencia y salud: derechos recortados a golpe de crisis

La Constitución promete:

• Un sistema de Seguridad Social para todos (art. 41).

• Pensiones suficientes, actualizadas para mantener poder adquisitivo (art. 50).

• Protección de la salud y una sanidad pública adecuada (art. 43).

¿Y qué hemos tenido?

• Recortes en la Ley de Dependencia que dejaron a decenas de miles de personas esperando una ayuda que no llegó a tiempo.

• Reformas de pensiones que congelaron o recortaron su subida, obligando a los mayores a salir a la calle para defender un derecho ya escrito.

• Una década larga de tijera en sanidad que la pandemia se encargó de cobrarnos con intereses: plantillas extenuadas, listas de espera disparadas, centros cerrados.

Cuando el artículo 135 se reformó a toda velocidad para poner por delante la estabilidad presupuestaria, muchos lo entendieron así: los números iban a estar antes que las personas. Otra vez, la Constitución como coartada, no como escudo.

Medio ambiente: el país que se seca bajo un artículo verde

El artículo 45 reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Hoy España se calienta más rápido que la media mundial, pierde glaciares, ve cómo la desertificación avanza y sufre cada año incendios y fenómenos extremos.

Durante años, la política ambiental ha sido eso que se deja “para cuando haya dinero”. La Cumbre del Clima se celebró en Madrid, sí, pero el día a día está lleno de proyectos que arrasan costa, campo y biodiversidad con el sello oficial.

La Constitución dice una cosa; la agenda económica, otra. Y casi siempre gana la segunda.

Jóvenes: la generación a la que la Constitución les queda grande

El artículo 48 manda facilitar la participación de la juventud en la vida política, social y económica.

Pues bien: la juventud española es la que más ha perdido en cada crisis. Rentas desplomadas, paro crónico, emigración obligada, dificultad para independizarse, precariedad como norma y no como excepción.

Participar en política, sí… pero desde casa de los padres, con sueldos miserables y sin horizonte claro. La Constitución les promete futuro; el mercado laboral les devuelve una bofetada.

Democracia de baja intensidad: partidos cerrados, Senado inútil y referéndums de adorno

Sobre el papel, la Constitución diseña un sistema participativo:

• Partidos democráticos internamente (art. 6).

• Sindicatos y patronales representando intereses sociales (art. 7).

• Un Senado como cámara territorial (art. 69).

• Referéndums consultivos para cuestiones de especial trascendencia (art. 92).

En la práctica:

• Los grandes partidos siguen funcionando como máquinas de poder verticales, con listas cerradas que los ciudadanos solo pueden tragar o tragar.

• El Senado es, en palabras suaves, una cámara casi decorativa, que todo el mundo dice que hay que reformar pero nadie toca.

• Los referéndums solo se usan cuando interesa; decisiones cruciales como la reforma exprés del artículo 135 se aprobaron sin consultar a nadie.

Se nos vendió una democracia vibrante. Muchas veces parece más bien un club cerrado con entrada restringida.

Corrupción y riqueza “subordinada al interés general”… en teoría

El artículo 103 proclama que la Administración servirá con objetividad al interés general.
El 128.1 llega aún más lejos: “Toda la riqueza del país… está subordinada al interés general”.

Luego recordamos la hemeroteca: Gürtel, ERE, Púnica, Malaya, preferentes, sobres, cajas saqueadas, obras públicas infladas, puertas giratorias de ministro a consejo de administración…

La riqueza subordinada al interés general suena muy bien. Pero durante años lo que hemos visto es lo general subordinado al interés de unos pocos. Cuando un diputado citó el 128 en redes sin decir que era la Constitución, le llamaron radical. Ese es el nivel de desidia con nuestro propio texto.

Libertad de expresión y privacidad: la mordaza y el ojo que todo lo ve

La Constitución protege la libertad de expresión, reunión y manifestación (art. 20 y 21), y el secreto de las comunicaciones (art. 18).

Y, sin embargo, ahí están:

• La llamada Ley Mordaza, utilizada durante años para multar protestas pacíficas y hacer que mucha gente se lo piense dos veces antes de salir a la calle o grabar a un policía.

• Los casos de espionaje digital –Pegasus, escuchas masivas– que han demostrado que nuestras comunicaciones no están tan a salvo como prometía el papel.

Otra vez, el texto por un lado, la práctica por otro.

Entonces… ¿para qué sirve una Constitución que no se cumple?

La tentación es responder con cinismo: para hacerse fotos cada 6 de diciembre, para citarla cuando conviene, para envolverse en ella cuando interesa ganar un titular.

Pero sería injusto quedarse solo ahí. La Constitución:

• Sirve como marco jurídico: gracias a ella hay libertades básicas y límites al poder que no existían en 1975.

• Sirve como recordatorio incómodo de lo que este país se comprometió a ser y aún no es.

• Sirve como herramienta de presión: cada vez que un movimiento social levanta un artículo –el 47 por la vivienda, el 45 por el clima, el 50 por las pensiones– está diciendo: “no pedimos privilegios, pedimos que se cumpla lo firmado”.

El problema no es el texto en sí, sino una clase política que ha convertido muchas de sus promesas en decorado.

Lo que habría que decirle a nuestros representantes

Este aniversario quizá habría que celebrarlo así:

No con discursos autocomplacientes, sino con una lista de tareas pendientes en grande detrás del atril:

• Cumplir el derecho a la vivienda con parque público fuerte, alquileres regulados y fin de la especulación.

• Tomarse en serio el pleno empleo, dejando de vivir del turismo barato y la precariedad.

• Cerrar la brecha de género en sueldos, cuidados y, de paso, empezar por casa: reformar ya la sucesión de la Corona.

• Blindar pensiones, sanidad y dependencia frente a la tijera de la próxima crisis.

• Hacer un sistema fiscal de verdad progresivo, persiguiendo al gran defraudador con la misma energía con la que se persigue al autónomo que se equivoca en un modelo.

• Regenerar la democracia: abrir partidos, reformar el Senado, usar el referéndum y no tener miedo a preguntar a la gente.

• Tomarse la juventud como prioridad, no como eslogan vacío cada campaña.

• Aplicar de una vez el famoso artículo 128: la riqueza al servicio del país, no al revés.

Y, sobre todo, asumir algo muy simple:
defender la Constitución no es abrazar un ejemplar encuadernado en cuero; es cumplirla.

Mientras eso no ocurra, cada acto oficial del 6 de diciembre tendrá algo de farsa.
Porque una Constitución que no se cumple es, en el mejor de los casos, un espejo roto: refleja el país que quisimos ser, pero nos devuelve, cada año, la imagen de lo que aún no somos.