El Principado de Asturias ha dado un paso más en su apuesta por una política fiscal “progresiva y de justicia social”. El Gobierno de Adrián Barbón y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sellaron este lunes un acuerdo que endurece la tributación a los grandes propietarios de vivienda y a quienes invierten en edificios para fines turísticos. La medida, además de tener un marcado carácter simbólico, abre oficialmente la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026 y sitúa el debate económico en el centro del tablero político.

El pacto, alcanzado tras varias semanas de contactos discretos, eleva el gravamen a los grandes tenedores del 15 % al 20 %, cinco puntos por encima de lo que había planteado inicialmente el Ejecutivo. El recargo afectará a quienes acumulen un volumen significativo de viviendas y también a aquellos que adquieran edificios completos con intención de destinarlos al alquiler turístico. La norma incluye una cláusula que obligará a tributar con el nuevo tipo impositivo a cualquier comprador que, dentro de los cuatro años posteriores a la adquisición, destine al menos un 25 % de los pisos a usos turísticos.

Covadonga Tomé, una de las voces más insistentes en endurecer la regulación para frenar la especulación inmobiliaria, ha calificado el acuerdo como “un paso importante para proteger el derecho a la vivienda y reforzar la seguridad jurídica”. Según explicó, las enmiendas aceptadas por el Gobierno del Principado “aclaran los supuestos para evitar maniobras o subterfugios que conviertan la vivienda en mercancía especulativa bajo la etiqueta de uso turístico”.

Una señal política en el tablero de la izquierda asturiana

El pacto tiene una lectura política inmediata. El Gobierno socialista necesitaba el apoyo de Tomé para sacar adelante la reforma fiscal y comenzar con cierta estabilidad la negociación presupuestaria de 2026. Por su parte, la diputada del Grupo Mixto —crítica con el PSOE en diversas ocasiones— buscaba un gesto que demostrase que su respaldo a las cuentas autonómicas se traduciría en medidas reales de carácter social.

El acuerdo deja clara la sintonía en materia de vivienda entre el Ejecutivo y las fuerzas situadas a su izquierda. “La vivienda es un derecho antes que un negocio”, repitió en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, al anunciar el pacto. El Ejecutivo defiende que este tipo de medidas busca frenar la concentración de inmuebles en manos de grandes propietarios y garantizar que el parque de vivienda disponible para alquiler no se siga reduciendo por el auge del turismo.

Convocatoria por Asturies también ha celebrado el acuerdo. Su portavoz, Xabel Vegas, lo calificó como “una magnífica noticia” que, a su juicio, refuerza el papel de las fuerzas progresistas en la política asturiana. “Demuestra que podemos ser útiles, que se pueden impulsar políticas reformistas que protejan a las personas y que sitúen el bienestar social en el centro de la acción política”, señaló.

El IRPF: un equilibrio entre clases medias y rentas altas

En materia de renta, el acuerdo no incluye nuevas subidas para los tramos más altos del IRPF, como pedía inicialmente Covadonga Tomé. El Principado mantiene la estructura anunciada el pasado verano, que ya suponía un incremento del tipo marginal para las rentas superiores a 175.000 euros —del 25,5 % al 26 %— y una leve rebaja para las clases medias y trabajadoras.

El primer tramo del impuesto se reduce un punto, pasando del 10 % al 9 %, y el mínimo personal y familiar exento se actualiza por primera vez desde 2015. Las rentas de hasta 55.000 euros —la gran mayoría de los contribuyentes asturianos— se beneficiarán de forma directa, mientras que los ingresos superiores a esa cifra no notarán variación alguna.

“Es una reforma equilibrada: alivia a las clases medias, grava más a quienes más tienen y evita que los que concentran riqueza eludan su responsabilidad fiscal”, apuntan fuentes del Ejecutivo. Según sus cálculos, el 80 % de los contribuyentes asturianos se sitúan en el tramo de menores ingresos, por lo que la rebaja se concentrará precisamente en esa mayoría.

Reacción de la oposición: el PP carga contra “una Asturias más cara”

El acuerdo ha provocado una airada reacción del Partido Popular, que ha acusado al Gobierno de “elegir el camino equivocado”. El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, criticó duramente el pacto con Covadonga Tomé y acusó a Barbón de “entregarse a sus socios radicales al más puro estilo sanchista”. Según Queipo, “los asturianos pagarán el precio de este acuerdo con más impuestos y menos crecimiento”.

El líder popular defendió la necesidad de una rebaja generalizada de impuestos para “dar oxígeno a las familias, a los jóvenes y a los autónomos” y prometió que, si llega al Gobierno, aplicará “la mayor reducción fiscal de la historia de la autonomía”, con el objetivo de convertir a Asturias “en la comunidad con la mejor fiscalidad del noroeste español”.

Foro Asturias, por su parte, ha adoptado un tono más moderado. Aunque no comparte el endurecimiento fiscal, su portavoz, Adrián Pumares, ha mantenido abiertas las conversaciones con el Ejecutivo para analizar posibles acuerdos presupuestarios.

Un acuerdo con trasfondo presupuestario

El entendimiento con Covadonga Tomé se considera dentro del Gobierno como un ensayo general para la negociación de las cuentas autonómicas de 2026. La diputada, que ha confirmado que enviará esta semana sus propuestas económicas, se perfila como una pieza clave para que el Principado logre una mayoría estable.

El Ejecutivo ve en este pacto un punto de partida que refuerza la coherencia de su discurso social. “Queremos un modelo fiscal que sea justo, que premie el trabajo y no la especulación, y que garantice recursos suficientes para la sanidad, la educación y la vivienda”, explican desde la Consejería de Hacienda.

La previsión es que el nuevo gravamen a los grandes tenedores y las medidas del IRPF entren en vigor con el próximo ejercicio fiscal, aunque el calendario definitivo dependerá de la aprobación del presupuesto.

Impacto esperado y debate económico

Los economistas consultados coinciden en que el nuevo gravamen del 20 % tendrá un efecto limitado en la recaudación, pero significativo en el mensaje político. El Gobierno autonómico busca enviar una señal clara de que la especulación con la vivienda “tendrá un coste” en Asturias. No obstante, algunos analistas advierten de que, si no se acompaña de una política activa de construcción y rehabilitación de vivienda pública, el impacto sobre los precios será más simbólico que real.

Otros expertos subrayan que Asturias está siguiendo una tendencia similar a la de comunidades como Valencia, Baleares o Cataluña, donde se han implantado recargos a los grandes tenedores para tratar de equilibrar el mercado inmobiliario. Sin embargo, advierten de que la efectividad dependerá de la capacidad de la administración para controlar los usos turísticos y evitar la evasión mediante sociedades instrumentales.

Conclusión: un punto de inflexión político y social

Con este pacto, el Gobierno del Principado refuerza su perfil socialdemócrata y lanza un mensaje claro: los que más tienen deben aportar más. El acuerdo con Covadonga Tomé no solo introduce un cambio técnico en la fiscalidad, sino que consolida una alianza de izquierdas que será determinante para aprobar los presupuestos del próximo año.

Asturias, tradicionalmente prudente en materia tributaria, se suma así a la corriente de comunidades que buscan utilizar la fiscalidad como herramienta de redistribución y control del mercado inmobiliario. El Ejecutivo de Barbón confía en que el mensaje cale entre la ciudadanía: menos presión para las clases medias, más para los grandes patrimonios.

El debate está abierto. Para unos, es una apuesta valiente por la justicia fiscal; para otros, una maniobra política que penaliza el ahorro y la inversión. Pero, a partir de ahora, los grandes propietarios y las rentas más altas en Asturias saben que el Principado les vigila más de cerca.