El servicio, activo desde comienzos de noviembre, amplía el personal de vigilancia y renueva los sistemas tecnológicos para mejorar el control y la reinserción de los internos.
El Principado de Asturias ha reforzado la seguridad del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio con la entrada en vigor de un nuevo contrato de vigilancia valorado en 2,5 millones de euros, lo que supone un incremento sustancial respecto al anterior (1,7 millones).
El servicio, operativo desde el 1 de noviembre, forma parte de una estrategia integral de mejora impulsada por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, destinada a modernizar las infraestructuras, los medios tecnológicos y la organización interna del centro.
Entre las principales novedades figura el aumento del personal de seguridad, que pasa de 35 a 49 profesionales, un refuerzo de catorce efectivos que permitirá cubrir turnos con mayor eficiencia y garantizar una atención más segura durante las 24 horas.
Asimismo, se ha previsto la ampliación del sistema de videovigilancia con nuevas cámaras en puntos estratégicos del recinto y la mejora del sistema de antenas de repetición, lo que aumentará la cobertura de las emisoras y walkies utilizados por el personal de seguridad.
El contrato también incluye la incorporación de un vehículo dotado con mampara de protección, destinado al traslado de menores en los desplazamientos autorizados, siempre bajo supervisión de los equipos del centro.
Esta renovación se suma a las acciones emprendidas en los últimos meses por la Viceconsejería de Justicia, entre ellas la renovación de la dirección del centro en abril, la actualización de los protocolos internos, el refuerzo de las instalaciones y la redefinición del proyecto socioeducativo del complejo.
Con todas estas medidas, el Gobierno del Principado busca consolidar la misión de Sograndio como espacio de reinserción social para jóvenes infractores, ofreciendo un entorno más seguro, profesional y orientado a la rehabilitación y reintegración en la sociedad.
El objetivo, explican desde el Principado, es garantizar que los menores cumplan las medidas judiciales en un entorno seguro y educativo, que les permita construir oportunidades reales de futuro.
