La Fiscalía Superior de Asturias ha presentado denuncia ante el Tribunal de Instancia n.º 1 de Cangas de Onís por la aparición de dos lobos muertos colgados en un panel informativo de la ruta de Arcenorio, en el concejo de Ponga, el pasado 18 de enero de 2025. La decisión judicializa oficialmente un caso que generó una fuerte conmoción en Asturias y que ahora se investiga como un presunto delito contra la fauna y los animales, recogido en los artículos 334 y 340 bis del Código Penal.

Un hecho ocurrido en enero que llega hoy a los tribunales

El hallazgo, que en su momento fue denunciado por la Coordinadora Ecoloxista de Asturias, tuvo lugar a mediados de enero, cuando senderistas alertaron al 112 Asturias de que dos lobos habían sido colgados en pleno corazón del Parque Natural de Ponga y Reserva de la Biosfera.

Agentes de la guardería ambiental y efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar, retiraron los cadáveres y los trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio para practicarles la necropsia. El SEPRONA abrió diligencias y desde entonces trabaja para esclarecer los hechos.

Con la denuncia presentada ahora por la Fiscalía, el caso pasa oficialmente a sede judicial.

Símbolo de una violencia creciente contra la fauna

El carácter deliberado del acto —colocar los cuerpos de los lobos en un panel informativo de uso público— lo convirtió en un símbolo de la tensión existente entre sectores enfrentados por la gestión de esta especie. No es un hecho aislado: en los últimos años, Asturias ha registrado decenas de casos de furtivismo, venenos, mutilaciones y amenazas a agentes ambientales, casi siempre sin autores identificados.

Las organizaciones conservacionistas consideran este episodio una prueba del clima de hostilidad que rodea al debate sobre el lobo, y reclaman medidas contundentes para frenar la violencia.

El debate de fondo: convivencia y gestión

La presencia del lobo en Asturias es uno de los temas más divisivos de la región. Ganaderos denuncian el aumento de ataques al ganado y piden medidas de control, mientras que organizaciones ecologistas exigen más prevención, compensaciones rápidas y transparencia.

El Gobierno asturiano mantiene planes de control poblacional en determinadas zonas, lo que genera controversia y críticas de los colectivos conservacionistas, que reclaman una estrategia de coexistencia con base científica.

Una llamada de atención

El caso de los lobos colgados en Ponga vuelve a situar a Asturias en el centro del debate nacional sobre delitos contra la fauna. Las imágenes de enero, que recorrieron medios y redes sociales, son hoy recordadas por la Coordinadora Ecoloxista como ejemplo de una escalada de violencia contra la biodiversidad.

Con la denuncia presentada ante el juzgado, la Fiscalía subraya que estos delitos no quedarán impunes y que el respeto a la fauna silvestre es un bien jurídico protegido que requiere atención social y política.

El reto ahora es judicializar un caso que refleja mucho más que un acto aislado: muestra la necesidad urgente de restablecer el diálogo entre el mundo rural, la administración y los defensores del medio ambiente, en una comunidad que presume de su patrimonio natural pero aún no ha logrado una convivencia pacífica con uno de sus símbolos más emblemáticos.