La Policía Nacional ha detenido en Langreo a dos personas implicadas en un sofisticado caso de mobbing inmobiliario que incluye acusaciones de falsedad documental, estafa, coacciones y robo con fuerza en domicilio. Los arrestados utilizaban pisos heredados —a los que habían renunciado legalmente— para alquilarlos sin derecho alguno, llegando incluso a hostigar a inquilinos con denuncias falsas.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando un matrimonio denunció que uno de los implicados había irrumpido en su vivienda sin consentimiento y les había dado un plazo de 45 días para abandonarla. Tras poder regresar al domicilio, descubrieron que les faltaban 5.000 euros.

Al día siguiente, otro hombre —que afirmaba ser propietario del piso— denunció a la pareja por “okupación”. Sin embargo, los agentes comprobaron que el auténtico dueño había fallecido dos años antes y que había autorizado a la pareja a residir en la vivienda.

Una trama bien planificada

Las pesquisas revelaron que el fallecido era propietario de cinco inmuebles en Sama de Langreo y que había nombrado heredero a un conocido, quien renunció a la herencia por falta de recursos económicos. A pesar de ello, este heredero designó a un tercero para “gestionar” los pisos y obtener ingresos, aunque no tenía ningún derecho legal sobre ellos.

Para dar apariencia de legalidad, los implicados falsificaron un documento supuestamente firmado por el fallecido. La falsificación quedó al descubierto cuando la Policía comprobó que la fecha del documento era anterior a la expedición del DNI del difunto. Con este papel iniciaron contratos de alquiler fraudulentos.

El matrimonio afectado, al negarse a pagarles, sufrió una escalada de acoso: fueron denunciados por okupación e incluso llegaron a darles de baja en el padrón municipal para aumentar la presión.

Detenciones y proceso judicial

Tras un exhaustivo análisis documental y la toma de declaraciones a inquilinos y afectados, la Policía Nacional detuvo a los dos sospechosos. Ambos quedaron en libertad tras declarar, mientras que el Juzgado de Instrucción de Langreo continúa con las investigaciones para depurar responsabilidades penales.

Este caso pone el foco en un tipo de fraude que combina estafas inmobiliarias, falsificación de documentos y acoso a inquilinos vulnerables, una práctica cada vez más vigilada por las autoridades.