Un pequeño concejo, Ponga, de apenas 576 habitantes, y en particular una de sus localidades más diminutas, con menos de 30 residentes, se ha visto sacudido por una noticia que ha conmocionado a toda la región: la detención y el ingreso en prisión provisional de un vecino de 55 años, A.S.A., acusado de agresión sexual a una menor de 13 años. El caso, revelado públicamente ayer 15 de julio de 2025, tras la detención producida el 10 de julio, ha desatado una ola de indignación y preocupación en la comunidad.

La Guardia Civil, tras una exhaustiva investigación, ha podido constatar que el hombre mantuvo relaciones con la víctima, una niña de solo 13 años. Sin embargo, el acusado se defiende alegando que las relaciones fueron consentidas y que desconocía la edad de la menor. Una defensa que, bajo la legislación española, carece de validez, ya que el consentimiento de una menor de 16 años no exime de la comisión de un delito de agresión sexual. Este punto subraya la gravedad del caso y la firmeza con la que la justicia debe actuar para proteger a los más vulnerables.

El detenido, A.S.A., era una figura conocida en el concejo. Dedicado durante años al transporte de pasajeros hasta su baja permanente, su arraigo y su relación previa con la familia de la menor le permitieron, al parecer, establecer contacto con la víctima sin levantar sospechas. La denuncia, que fue canalizada a través de una institución, sorprendió a la propia familia de la menor, quienes, según se ha podido saber, desconocían los hechos.

La noticia ha generado una profunda "conmoción" en Ponga, donde la alcaldesa, Marta Alonso, no ha tardado en condenar "totalmente este asunto". La regidora ha manifestado la total disposición del Ayuntamiento para ofrecer ayuda tanto a la familia de la menor como a los investigadores, asegurando que "si se necesita algo, desde el Ayuntamiento estamos a disposición".

El caso se encuentra actualmente bajo investigación judicial, con el presunto agresor en prisión provisional en la cárcel de Asturias. La trascendencia de este suceso va más allá de la crónica local, poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia sexual, un delito que, como señala el Protocolo contra la Violencia Sexual del Principado de Asturias, tiene consecuencias devastadoras y duraderas para las víctimas. La sociedad asturiana permanece atenta al desarrollo de este proceso judicial, esperando que se haga justicia y se refuercen las medidas para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.