Desde 2023, el Congreso de los Diputados y el Senado permiten el uso de catalán, euskera y gallego en sus sesiones plenarias y comisiones. Esta decisión política, impulsada por acuerdos con partidos nacionalistas y regionalistas, ha tenido una consecuencia directa: un servicio permanente de traducción simultánea que cuesta a los españoles más de 4,3 millones de euros al año.

¿Qué incluye ese gasto?

Congreso de los Diputados:

• Interpretación simultánea: 2.139.885 € anuales.

• Traducción escrita de documentos: 714.854 €.

• Subtitulado en directo: 672.741 €.

• Transcripción bilingüe de actas: 462.836 €.

• Equipos técnicos: más de 108.000 € entre 2023 y 2024.

Senado:

• Servicio de interpretación y transcripción: 402.325 € anuales.

Además, el Congreso ha invertido 3 millones de euros en pantallas táctiles integradas en los escaños, que permiten visualizar subtítulos en tiempo real y conectarse al sistema de traducción.

¿Cuánto cuesta por ciudadano?

España cuenta con unos 49 millones de habitantes. Eso significa que cada español paga aproximadamente 0,09 € al año, es decir, menos de 10 céntimos anuales por estos servicios. Incluso si solo se tiene en cuenta el gasto del Congreso, el coste por ciudadano sigue siendo inferior a 8 céntimos al año.

¿A qué se destina exactamente el dinero?

Cada sesión plenaria requiere al menos tres intérpretes simultáneos (uno por cada lengua), y las comisiones pueden llegar a necesitar hasta quince intérpretes en un mismo día. Las empresas adjudicatarias gestionan también los subtítulos, las transcripciones bilingües y la traducción escrita de todas las intervenciones que se hacen en lengua distinta del castellano. Los equipos técnicos son similares a los de organismos internacionales, y todo está gestionado ahora mediante contratos plurianuales, tras una fase inicial en la que se usaron más de 220 contratos menores.

¿Es un despilfarro?

Esa es la pregunta que divide a los españoles. Por un lado, el coste es bajo y está dentro del presupuesto ordinario del Congreso y el Senado. No ha requerido fondos adicionales ni ha supuesto recortes en otras partidas. También genera empleo altamente cualificado para intérpretes y técnicos. Y, sobre todo, responde a una demanda política de integración cultural y reconocimiento lingüístico.

Por otro lado, hay ciudadanos que consideran innecesario un servicio que traduce en una sala donde todos los presentes dominan el castellano. Argumentan que el Congreso debe ser un espacio de eficiencia legislativa, no de exhibición identitaria. Señalan que el coste, aunque bajo, es simbólicamente importante: se gasta dinero de todos para satisfacer la preferencia de unos pocos.

¿Un símbolo de pluralidad o una imposición?

Los defensores del sistema lo ven como un paso hacia un Estado más inclusivo y representativo. Aseguran que, igual que se invierte en patrimonio o cultura regional, también es legítimo invertir en pluralidad lingüística. Para ellos, escuchar euskera, catalán o gallego en la Cámara baja es un acto de respeto institucional hacia millones de ciudadanos.

Los detractores, en cambio, ven en ello una concesión política innecesaria. Denuncian que mientras en algunas comunidades autónomas el castellano está cada vez más arrinconado, en Madrid se pagan traductores para diputados que entienden perfectamente el español.

¿Y tú qué opinas?

¿Cuánto nos cuesta a cada español la traducción de las lenguas cooficiales en el Congreso nacional? Menos de 10 céntimos al año.

La pregunta es: ¿crees que merece la pena? ¿O preferirías ahorrarte ese dinero?