La recta final del curso escolar en Asturias se ha visto sacudida por una huelga indefinida de docentes de la enseñanza pública no universitaria. Cinco sindicatos (SUATEA, CCOO, ANPE, CSIF y UGT) mantienen desde finales de mayo un paro que amenaza con alterar el cierre del curso y las pruebas de acceso universitario. ¿El motivo? Reclaman mejoras salariales y de recursos ante lo que denuncian como un deterioro sostenido de la educación pública asturiana. En concreto, exigen la equiparación salarial con comunidades vecinas (como Cantabria o Galicia) donde un docente puede ganar hasta 300 euros más al mes que en Asturias. Esta brecha supone unos 4.000 euros anuales por profesor, cifra nada desdeñable que los sindicatos quieren ver corregida. Además, piden refuerzos de personal (especialmente especialistas de apoyo educativo), reducción de burocracia y mejoras en las condiciones laborales, entre otras reivindicaciones. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto dinero implican estas demandas y es posible financiarlas eliminando gastos superfluos del presupuesto autonómico?

Las reivindicaciones económicas de los docentes asturianos

Los sindicatos convocantes han rechazado las ofertas iniciales del Gobierno regional por considerarlas insuficientes. La Consejería de Educación ofreció 105 euros mensuales de subida general para todo el profesorado asturiano, más un complemento extra de 65 euros para los docentes con menos de seis años de antigüedad. Esto equivale a un aumento bruto anual de unos 1.470 € a 2.380 € por docente (según antigüedad). En términos presupuestarios, el Principado cifró esta propuesta salarial en 24 millones de euros adicionales al año. Sin embargo, los sindicatos la tacharon de “una falta de respeto” por quedar muy por debajo de la equiparación pretendida.

Las organizaciones sindicales insisten en cerrar la brecha de hasta 300 €/mes respecto a otras regiones, lo que supondría aproximadamente 4.000 € más al año por docente. Con una plantilla cercana a 10.000–12.000 profesores en la enseñanza pública asturiana, alcanzar esa subida representaría del orden de 40 a 50 millones de euros anuales adicionales en masa salarial. A ello se suman otras medidas con impacto económico: contratación de más orientadores, pedagogos terapéuticos y personal de apoyo (el Gobierno llegó a proponer +300 profesionales PT/AL incorporados en tres años), reducción de ratios que implica más docentes por aula, y compensaciones horarias para mayores de 55 años, entre otras. En total, las mejoras integrales que la huelga reclama podrían rondar los 50–60 millones de euros anuales, según estimaciones basadas en las peticiones de subida y refuerzos de plantilla.

Para un presupuesto autonómico que en 2025 asciende a 6.664 millones de euros, destinar ese monto adicional a Educación supone un esfuerzo significativo pero no inalcanzable. Los docentes argumentan que, de priorizarse, hay margen para reasignar recursos dentro de unas cuentas públicas tan elevadas. A continuación, analizamos partidas del Presupuesto del Principado de Asturias (2023–2025) donde podría haber gastos “prescindibles” o menos urgentes que la educación, para evaluar si recortándolos se obtendría financiación suficiente para las demandas del profesorado.

Radiografía del presupuesto asturiano: ¿dónde recortar sin mermar servicios?

El Principado de Asturias, como cualquier administración, incurre en gastos que algunos califican de superfluos o mal orientados. Revisando las cuentas de los últimos ejercicios, destacan varios capítulos susceptibles de ajuste: publicidad institucional, subvenciones nominativas, contratación externa de servicios, eventos/protocolos, personal de confianza e incluso inversiones de dudoso retorno. Veamos cada caso con cifras concretas:

• Publicidad y promoción institucional: El gobierno autonómico destina varios millones de euros anuales a campañas de comunicación, publicidad y promoción turística o institucional. Por ejemplo, solo en el ámbito turístico se presupuestaron 5,5 millones de euros en 2024 para promoción de Asturias como destino a raíz de la llegada de la alta velocidad. A ello se suman campañas de sensibilización diversas (medio ambiente, salud, etc.) y publicidad institucional en medios. Si bien informar al ciudadano es necesario, el volumen y eficacia de este gasto es debatible. Otras comunidades autónomas de tamaño similar gastan en torno a 3–4 millones en sus planes anuales de publicidad institucional, por lo que Asturias podría revisar estos importes. Un ajuste moderado en publicidad (por ejemplo, recortar 2-3 millones de euros) liberaría fondos que, dirigidos a Educación, permitirían contratar decenas de docentes de apoyo o subir salarios sin mermar servicios esenciales.

• Subvenciones nominativas y ayudas discrecionales: Este es uno de los apartados más polémicos. En 2023, las subvenciones otorgadas a dedo (nominativas, fuera de concurrencia competitiva) por el sector público asturiano sumaron 48 millones de euros. La Sindicatura de Cuentas ha afeado el “abuso” de estas ayudas directas, muchas repetidas anualmente sin suficiente justificación o control de resultados. De hecho, el 82% de estas subvenciones son recurrentes cada ejercicio y en casi la mitad ni siquiera consta un informe adecuado que acredite que el dinero se empleó correctamente. Este gasto de 48 millones€ en 2023 –y cuantías similares en 2024– incluye convenios, patrocinios y ayudas a diversas entidades, algunas loables pero otras de dudosa prioridad. La oposición lo tacha de “descontrol” y clientelismo. Si se recortaran o reorientaran buena parte de estas subvenciones (por ejemplo, eliminando las menos justificadas o convirtiéndolas en concursos abiertos con menos importe), se podrían ahorrar decenas de millones. Cabe señalar que 48 millones € equivalen prácticamente al coste de subir ~300 € mensuales el sueldo a todos los docentes asturianos. Este contraste ilustra el debate: ¿es más útil ese dinero financiando gastos discrecionales o invirtiéndolo en mejorar la educación pública?

• Contratación externa de servicios y estudios: Otra fuente potencial de ineficiencia es la externalización de trabajos que podrían realizarse con medios propios. Auditorías y fiscalizaciones han detectado casos donde se contratan consultorías, informes o servicios técnicos externos posiblemente a mayor coste del necesario. Por ejemplo, en ámbitos como tecnología, medio ambiente o promoción económica, se encargan estudios y asesorías a empresas privadas mientras se infrautiliza el personal público. Cada consejería maneja partidas para “trabajos técnicos” o “asistencias externas” dentro del capítulo de gastos en bienes y servicios. No es raro encontrar duplicidades o informes que acaban en un cajón tras costar decenas o cientos de miles de euros. Una mejor planificación podría reducir la dependencia de contratistas externos, ahorrando varios millones al año sin afectar prestaciones al ciudadano. Asimismo, la propia Sindicatura ha recomendado reforzar el control sobre contratos menores y servicios externalizados para evitar sobrecostes y garantizar eficiencia en el gasto. Un ejemplo concreto: el Servicio de Salud (Sespa) o la Consejería de Administración Pública contratan desarrollos informáticos y mantenimientos con empresas externas; optimizando esas contrataciones o formando personal interno, Asturias podría economizar una parte de los más de 100 millones anuales que gasta en bienes y servicios informáticos y consultoría (estimación agregada de varias consejerías).

• Gastos en eventos, congresos y publicidad encubierta: Bajo partidas de “protocolo y representación”, “reuniones y conferencias” o patrocinios, las administraciones costean eventos institucionales, celebraciones y campañas de imagen. El Principado de Asturias no es excepción: ferias turísticas (como FITUR, donde Asturias monta stand propio), actos conmemorativos, foros y congresos oficiales, recepciones, etc., suponen un goteo de gastos. Aunque cada evento por separado no implique cifras enormes, en conjunto pueden sumar un millón o más al año en conceptos no esenciales. Por ejemplo, se han consignado subvenciones para pruebas deportivas o festivales locales (el Rally Princesa de Asturias recibió una subvención nominativa de 41.000 € en 2024), patrocinios culturales, vinos de honor, publicidad en prensa local, etc. Limitar estas acciones al mínimo imprescindible –sin cancelar aquello que tenga verdadero retorno turístico o social– podría ahorrar fácilmente otro par de millones de euros. Como ilustración, en el presupuesto 2025 del Consejo Consultivo (un órgano institucional menor) se preveían gastos en “atenciones protocolarias” y “publicidad y publicaciones” aunque muy modestos; extrapolando a todo el Gobierno, los gastos protocolarios de Presidencia y Consejerías alcanzan cifras significativamente mayores. La racionalización de viajes oficiales, coches de representación, comidas y actos promocionales generaría economías que, sumadas, podrían destinarse a prioridades como los centros educativos.

• Altos cargos y personal de confianza: El Ejecutivo asturiano cuenta con un amplio equipo de asesores, directores generales y personal eventual de designación política. Tras las últimas elecciones, el gabinete del Presidente y consejeros incluía decenas de asesores (jefes de prensa, secretarios, etc.), cuyo costo anual conjunto ronda los 3 a 4 millones de euros en sueldos y cotizaciones, según estimaciones de ejercicios pasados. Por ejemplo, en 2019 se fijaron retribuciones para estos puestos que oscilaban entre 40.000 y 50.000 € anuales cada uno, incrementadas con las subidas del sector público posteriores. Aunque forma parte del funcionamiento del gobierno, la oposición frecuentemente señala que Asturias tiene más personal eventual que otras regiones comparables y propone reducir ese número. Incluso una reducción moderada (p.ej. eliminar 10–15 cargos duplicados entre consejerías) supondría liberar medio millón de euros o más al año. Adicionalmente, los salarios de altos cargos (consejeros, viceconsejeros, directores) también suman algunos millones; si hubiera austeridad en ese nivel (por ejemplo, renunciando a subidas o a ciertas plazas honoríficas), se transmitiría un mensaje de priorizar recursos en la base del sistema educativo. En términos cuantitativos, los ahorros aquí no son tan grandes como en otras partidas, pero simbólicamente pueden contribuir.

• Obras e inversiones de bajo retorno: Finalmente, la historia reciente de Asturias deja algunos “agujeros negros” de gasto público en infraestructuras poco productivas. Un ejemplo paradigmático es la plataforma logística de la ZALIA (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias), promovida hace más de una década. Se invirtieron más de 100 millones de euros en urbanizar terrenos industriales que durante años quedaron prácticamente vacíos, sin empresas usuarias – un desierto urbanizado fruto de la planificación deficiente. La propia Sindicatura de Cuentas cifró el “pufo” de ZALIA en 112 millones € acumulados para 2020, instando a un plan estratégico que evitase seguir enterrando dinero allí. Algo similar ocurrió con otros polígonos sobredimensionados (Bobes, Lloreda) que resultaron ser “obras faraónicas” inacabadas o sin utilidad. Si bien esos fondos ya se gastaron en su mayoría y no pueden recuperarse, sí sirven de lección: evitar inversiones futuras de dudosa rentabilidad (museos vacíos, equipamientos infrautilizados, estudios previos eternos para proyectos que no arrancan) permitiría que el presupuesto se enfoque en inversiones de alto impacto social, como las educativas. El Principado también destina cada año partidas a obras menores, reformas de edificios administrativos, equipamientos no prioritarios; una revisión crítica de esas inversiones podría redirigir una parte hacia la construcción y mejora de infraestructuras escolares o dotaciones TIC para aulas, con mayor beneficio a largo plazo.

¿Cuánto se podría ahorrar y qué impacto tendría en Educación?

A modo de resumen, se presenta a continuación una estimación de gastos recortables en el presupuesto asturiano y su magnitud, contrastándolos con la cifra reclamada por los docentes en huelga:

Partida presupuestaria cuestionable                Gasto anual estimado             Comentario / Ejemplos

Las cifras de la tabla, aunque aproximadas, indican que sí existe margen para reconducir partidas mal orientadas y destinarlas a la educación pública. Sumando publicidad, subvenciones nominativas y otros ajustes menores, el Principado podría liberar del orden de 50–60 millones de euros anuales, cantidad suficiente para atender las demandas salariales de los docentes en huelga. Incluso sin eliminar por completo esos gastos –bastaría con racionalizarlos– se obtendrían decenas de millones, lo que responde a la cuestión de fondo: ¿Sería posible incrementar los recursos educativos recortando despilfarros?

Según este análisis, la respuesta es afirmativa, en términos estrictamente presupuestarios. Por ejemplo, con los casi 50 millones € que se van cada año en subvenciones nominativas opacas, el Principado podría financiar una subida de ~4.000 € anuales por docente, colocando a Asturias al nivel salarial de las comunidades vecinas. Del mismo modo, reduciendo a la mitad el presupuesto de publicidad institucional, se obtendrían 2–3 millones € adicionales, suficientes para contratar unos 100 profesores de apoyo a la diversidad (calculando un coste medio de 25.000–30.000 € por docente). Y así sucesivamente: los gastos hormiga en eventos, informes externos o puestos de confianza, sumados, podrían sufragar mejoras en formación del profesorado, dotación de material escolar o ampliación de plantillas.

Prioridades y rigor: invertir en educación eliminando lo innecesario

Por supuesto, reasignar fondos públicos no es tan simple como trazar líneas en una hoja de cálculo. Cada euro dedicado a publicidad o convenios tiene beneficiarios e intereses detrás, y recortar esas partidas puede hallar resistencias políticas. Además, hay gastos que, si bien discutibles, cumplen fines sociales o económicos (por ejemplo, algunas subvenciones nominativas sostienen actividades culturales o deportivas locales). El reto para los gestores asturianos está en distinguir lo prescindible de lo imprescindible, aplicando el principio de eficiencia: gastar donde el impacto sea mayor.

La educación es, según amplios sectores de la sociedad asturiana, una inversión de alto retorno. Un sistema educativo reforzado redunda en mejor formación de los jóvenes, mayor igualdad de oportunidades y, a largo plazo, desarrollo económico. En cambio, diversos informes han señalado que el gasto en áreas como la sobre-infraestructuración o la promoción sin estrategia ha tenido retornos escasos en Asturias. En palabras del portavoz de un sindicato docente, “estamos hartos de ser ignorados… mientras se malgastan recursos en cosas que nada tienen que ver con el aula”, enfatizando que los docentes sienten que el dinero está pero no llega a las escuelas.

En resumen, si el Gobierno del Principado revisara con rigor partidas como la publicidad institucional, ciertas subvenciones directas, contratos duplicados y privilegios administrativos, podría liberar decenas de millones de euros. Esa cifra prácticamente coincide con lo que costaría atender las reivindicaciones clave de la huelga educativa de 2025 (subidas salariales dignas y más personal de apoyo). Con comparativas claras y ejemplos concretos de despilfarro, la respuesta a la pregunta inicial parece ser un sí matizado: es posible incrementar los recursos para los docentes asturianos eliminando gastos mal orientados, siempre que haya voluntad política de reordenar las prioridades presupuestarias. La pelota está en el tejado del Gobierno regional, que deberá decidir si recorta de otras áreas para invertir en sus maestros –y con ello en el futuro de Asturias– o si mantiene el status quo de un presupuesto donde, hasta ahora, la educación no universitaria no ha obtenido todo el apoyo que reclama su comunidad docente.